VALÈNCIA. (EP). El Colegio de Economistas de la Comunitat Valenciana ha advertido este martes que si las entidades financieras Sabadell y CaixaBank se limitan a realizar un cambio "formal" de su sede social desde Cataluña a territorio valenciano, y no trasladan sus centros de decisión, podrían incurrir en fraude de ley, puesto que la ley de Sociedades de Capital determina que la sede social de una mercantil debe establecerse "donde esté el principal establecimiento o donde esté centralizada la gestión y la dirección de la empresa".
Además, los economistas han sostenido que, "si la inestabilidad continúa en Cataluña, al final este mero cambio de sede social se convertirá en algo más serio".
Así lo han manifestado este martes durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de la encuesta de coyuntura económica elaborada por el Colegio de Economistas valenciano Juan José Enríquez, decano de la institución y tesorero del Consejo Valenciano de Economistas; Jaime Querol, decano del Colegio de Economistas de Castellón y presidente del Consejo, y Francisco Menargues, vicepresidente de la institución y decano del Colegio de Economistas de Alicante.
Jaime Querol ha señalado que el "éxodo de empresas" desde Cataluña, a causa de la inestabilidad política de los últimos meses, puede ser una "causa de mejora" de la economía valenciana si la Comunitat aporta "estructuras y medios" para dar acogida a estas firmas. "La pérdida de confianza en Cataluña puede beneficiar a la Comunitat Valenciana", ha apuntado.
El presidente del Consejo Valenciano de Economistas ha explicado que "el cambio de sede social en sí mismo no es más que un cambio formal en el registro", pero ha advertido de que "la sede social no puede estar donde uno quiera sin más", sino que "tiene que estar, según la ley de Sociedades de Capital, donde esté el principal establecimiento o donde está centralizada la gestión y dirección de la empresa".
Así, ha vaticinado que si el cambio de sede social de estas mercantiles es "puramente formal" tendrá "poco impacto en la Comunitat Valenciana". Sin embargo, si esa modificación "inicialmente social" viene acompañada de "medidas de traslado de verdad de la dirección efectiva de los negocios", los economistas valencianos consideran que sí puede producirse "un impacto importante en la Comunitat".
Por otra parte, Juan José Enríquez ha indicado que, por el momento, el "impacto tributario" de estos traslados en la autonomía valenciana es "muy muy reducido", ya que el impuesto de Sociedades es de carácter estatal y el IVA "no se declara donde está la sede social".
El decano de esta institución ha asegurado también, preguntado por el caso concreto de Sabadell y CaixaBank, que "si no trasladan su centro directivo es fraude de ley". "La ley de Sociedades y Capital establece que si su domicilio social no está donde debiera estar, si el centro de decisiones siguiera estando en Barcelona y formalmente se estableciera en Valencia, pero solo formalmente, cualquier tercero podría presentar un recurso o cualquier actuación frente a esa entidad en Barcelona, entendiendo que su domicilio sigue estando en Barcelona", ha indicado.
"Por tanto, las empresas que se han trasladado aquí tienen la obligación de que el traslado no sea solo formal", ha afirmado.
Francisco Menargues, por su parte, ha argumentado que "si la inestabilidad continúa en Cataluña, al final este mero cambio de sede social se convertirá en algo más serio" y ha agregado que "el hecho de que el cambio social se haya producido a la Comunitat Valenciana ya va creando cierta afinidad con esta región".
Enríquez ha dicho no tener "ninguna duda" de que CaixaBank y Sabadell van a efectuar estos traslados de sus centros de decisión porque "estas entidades saben perfectamente cuáles son sus obligaciones y seguro que lo van a cumplir".
Inquiridos sobre qué medidas tendría que poner en marcha el Gobierno valenciano para "aprovechar" esta coyuntura y fomentar la llegada de empresas desde Cataluña, Enríquez ha lamentado que la Comunitat presenta "deficiencias importantes" y ha destacado que la mayoría de firmas "se han ido a Madrid".
Principalmente, ha resaltado la importancia en este aspecto de la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo y también ha puesto de relieve las diferencias en cuanto a política fiscal entre la autonomía valenciana y la madrileña. "Las cúpulas directivas toman en cuenta la tributación".
De este modo, han abogado por "incrementar nuestras infraestructuras" y han asegurado que la infrafinanciación e infrainversión de la Comunitat Valenciana "genera carencias en infraestructuras básicas y que no podamos competir en igualdad de condiciones en el aspecto fiscal". Sin embargo, han augurado que València "puede convertirse en un centro financiero importante".
Por otro lado, Jaime Querol ha explicado que del informe presentado este martes se desprende que la mayoría de los economistas valencianos no ven "viable" una Cataluña independiente y creen que tendría "muchas dificultades" fuera de la Unión Europea.
Concretamente, un 47,05% de los 920 economistas valencianos encuestados opina que una Cataluña independiente y fuera de la UE "sería prácticamente inviable, ya que soportaría una gran y prolongada recesión"; un 23,85%, que tendría "enormes dificultades; un 16,63%, que sufriría "severas dificultades y necesitaría apoyo exterior para superarlas en el corto y medio plazo"; un 10,39%, que tendría "dificultades a corto plazo, pero lo sería a medio y largo plazo"; mientras que únicamente un 2,08% cree "totalmente" en la viabilidad económica de un hipotético estado catalán.
En cuanto a las consecuencias económicas del conflicto catalán, un 6,43% de los economistas de la Comunitat creen que puede incluso "volver una situación de crisis"; un 32,50%, que "detendrá el crecimiento iniciado"; un 47,22%, que "frenará decisiones de inversión"; un 11,67%, que "ralentizará el crecimiento", y un 2,18% aseguran que no afectará.
En cuanto al alcance de estas consecuencias, un 53,07% afirma que afectará a la mayoría de las comunidades autónomas; un 31,58% considera que influirá en todas las autonomías, y un 15,35%, que será irrelevante para la mayoría de ellas.
Finalmente, ante la cuestión de qué impacto puede producir la fuga de empresas catalanas a la Comunitat Valenciana, el 5,13% de los encuestados entienden que puede haber "mucho" impacto; el 45,91%, que "puede que mucho si se acompaña de medidas políticas y económicas adecuadas"; el 13,20%, que "será más apreciable en las zonas limítrofes; el 34,13%, que el impacto será "poco", puesto que solo es una "cuestión formal", y el 1,64% consideran que el impacto será nulo.
