VALÈNCIA. Si han despertado de un coma hoy, como Toni Cantó en 7 Vidas, o de una larga siesta de Pascua deben saber que las elecciones autonómicas y nacionales ya han pasado dejando una victoria del bloque de izquierdas. Con lo básico aprendido y el camino hecho para que se reedite un nuevo Pacto del Botànic, todo apunta a que PSPV-PSOE y Compromís continuarán al frente de la gestión cultural de la Comunitat Valenciana, un camino que presenta nuevos retos pero, también, la continuación de cuestiones abiertas durante la anterior legislatura. Si tanto naranjas como rojos incluían en sus programas nuevos proyectos a acometer en los próximos años, como la creación de un centro escénico en La Nau de Sagunt o de dos subsedes del Centre del Carme, también está en la lista de deberes problemáticas o proyectos sin cerrar que deberán resolver en los próximos años. De leyes de la música, creación de nuevos espacios expositivos o transferencia de competencias va la cosa en una nueva etapa con más de una cuenta pendiente.
El reto que el nuevo gobierno deberá atacar de manera más inmediata es dar respuesta a una de las demandas históricas del sector cultural: la creación de una conselleria específica para estos asuntos. Esta cuestión no solo salió a relucir en campaña, sino que durante estos cuatro años ha sido una constante en la conversación sobre gestión pública cultural. La propia directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, apuntaba en una entrevista con este diario que “parte del problema” era que Cultura estuviera encajada en una “macroconselleria”. Esto es: junto a Educación, Investigación y Deportes. Con todo, tanto unos como otros se han mostrado favorables a cambiar esta estructura, aunque esto no quiere decir que no vaya acompañada de otra área, pero con un apellido –quizá Turismo o Deportes- en lugar de tres. Especialmente por lo que respecta a Educación, que por tamaño y presupuesto acaba por opacar al resto de áreas.
Primero, sí. Después, no. Luego, quizá. La cuestión en torno a la posible ampliación del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) lleva en el aire desde hace años, llegando a presentarse un proyecto que quedó en nada durante el gobierno popular. La cuestión volvió a la primera plana cultural con al anuncio en 2018 del director del centro, José Miguel G. Cortés de que se estaba trabajando en un proyecto de ampliación de cara al 30 aniversario del museo. Sin embargo, llegó febrero de 2019 y el acto oficial de celebración del aniversario y no hubo anuncio. “Las cosas de palacio van despacio. Los grandes proyectos, como el IVAM en 1985, necesitan muchos años para construirse. Creo que es una cosa que sí conseguiremos, no sé si en 2019 o 2022, pero estoy absolutamente convencido”, explicaba Cortés durante una entrevista con Culturplaza.
Tras varias idas y venidas, se acabó por descartar la presentación de un proyecto de ampliación durante la anterior legislatura, una ambición que quedó entonces supeditada a las elecciones autonómicas y prioridades de cada formación política. Hasta ahora. Fue durante uno de los almuerzos con los candidatos organizados por Valencia Plaza que el socialista Ximo Puig avanzó su intención a impulsar el proyecto de ampliación del museo. “Hay que ser prudentes, pero es irrenunciable la ampliación del IVAM […] Está ahí [el proyecto] y hay un periodo de reflexión. Espero que en este año, en este 30 aniversario, aún se pueda anunciar la ampliación”, indicó entonces, un proyecto al que, además, acompañará la creación de una subsede en Castellón, al modo del Centre d’Art d’Alcoi, que comparte el IVAM con la Fundación CAM y el ayuntamiento de la localidad.
El Museu de Belles Arts deja varias cuentas pendientes de la pasada legislatura. Y la anterior. Y la anterior. La eterna transición del museo valenciano no ha llegado a resolver todas sus incógnitas, dejando para la presente legislatura tanto la reconfiguración de su relación con Madrid tras la renuncia a generar un modelo consorciado para su gestión como la puesta en marcha del anunciado concurso para cubrir la plaza de director del centro.
El certamen musical Sona la Dipu ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de la administración pública en la pasada legislatura. A pesar de contar por primera vez con la figura de director, Quique Borrás, y con una estructura aparentemente renovada, los problemas han seguido al programa de la Diputación de València, hasta el punto de que su futuro es hoy incierto. Hace apenas un mes que el Institut Valencià de Cultura (IVC) anunció que asumiría el certamen de cara a la edición de 2020, dejando 2019 –por primera vez en su historia- ‘de vacío’. De esta forma, será la Generalitat la encargada de transformar Sona la Dipu en un certamen autonómico, una evolución de la que todavía se sabe poco, pues será a partir de verano que se inicie el proceso de transición, con varias incógnitas por resolver, incluida la dirección del propio evento.
Pero no solo la estructura del evento es una cuestión por resolver de cara a esta legislatura, también la denuncia por impagos de varias de las bandas participantes del certamen. Si bien el propio director del IVC, Abel Guarinos, explicó que tenían como condición recibir un Sona la Dipu “sin lastre”, lo cierto es que todavía se sabe poco sobre cuándo se solventará la situación. Hace apenas unos días las bandas, agrupadas bajo la plataforma ‘Debe la Dipu’, lanzaban un comunicado en el que apuntaban que su situación sigue “parcialmente” sin resolver. “Todos los grupos que tenemos facturas por importes superiores a 5.000 euros continuamos sin cobrar y sin tener ninguna información firme al respecto, siendo la cantidad total que se nos adeuda, de unos 30.000 euros”, apuntaban en un texto en el que alertaban de la “nefasta” comunicación con la administración.
Sona la Dipu es una de las grandes transferencias de la Diputación a la Generalitat en materia cultural, en un proceso de vaciado de la administración provincial iniciado hace años, pero no la única. Queda por resolver el traspaso de los museos provinciales, el Museu d’Història, de Etnología y el Museu de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), siendo el de este último el que más interés ha suscitado, al quedar en el aire la posibilidad de convertirse en subsede del IVAM o cambiar su perfil. También queda pendiente dar solución a un Teatre Escalante que desde que tuviera que abandonar su sede se ha mantenido como marca pero sin un espacio físico fijo en el que desarrollar su proyecto.
En el terreno legislativo, es la gestión de eventos musicales –que cuenta con distintas problemáticas dependiendo de si se trata de festivales multitudinarios, de salas o bares culturales o de música en la calle- uno de los retos a atacar, algo de lo que son conscientes tanto Compromís como el PSPV-PSOE, que en sus programas han incluido el desarrollo de leyes o normas que adapten la realidad actual a la legislación vigente. También en el terreno administrativo, distintos representantes culturales han apuntado a la necesidad de una reconfiguración del sistema de ayudas y de los procesos burocráticos, así como del calendario de pagos que ahoga en muchas ocasiones a las compañías y demás profesionales.
Es sabido que la canícula veraniega recalienta las meninges a más de uno. Lo tórrido de la estación no disculpa a los políticos. Más de un ciudadano se pregunta para qué va a las urnas si luego sus representantes no se ponen de acuerdo para gobernar. Y ya no vale que estemos en tiempo de tanteo y de juegos más o menos florentinos. Aún no lo hemos visto todo