María Jesús Montero, este martes en rueda de prensa. Foto: MONCLOAVALÈNCIA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes dos modificaciones en los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros del Fondo no Reembolsable que el Gobierno va a crear para repartir a las Comunidades autónomas. La modificación, que aún debe aprobarse, afecta a los criterios de reparto de los primeros 10.000 millones, destinados a ayudar a las CCAA a sufragar el gasto sanitario que han tenido con motivo de la pandemia de Covid-19. Con ambos cambios la Comunitat Valenciana sale beneficiada respecto a las reglas iniciales.
Los criterios anunciados por la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 4 de mayo distinguían entre los primeros 6.000 millones, que se transferirán en el mes de julio, y los otros 4.000, que llegarán después del verano. En ambos casos son fondos no reembolsables para cubrir los gastos sanitarios, que por tanto no aumentarán la deuda de las CCAA ni tendrán coste en intereses.
Para el reparto de los primeros 6.000 millones de euros, Montero propuso que los ingresos en UCI que ha registrado cada autonomía pesaran el 35% y los hospitalizados otro 25%, es decir, el 60% en total. El 40% restante se calcularía un 20% por el número de casos de Covid-19 confirmados por PCR y el otro 20% por "población ajustada" o bien "población protegida equivalente", que no es exactamente lo mismo.
Tras escuchar a los gobiernos autonómicos tanto en el CPFF como en la conferencia de presidentes con Pedro Sánchez el pasado domingo, Montero explicó este martes en rueda de prensa que se estudian propuestas para modificar algunos criterios, como el de las pruebas PCR. La idea inicial de Hacienda era atender al número de PCR positivas, pero se contempla que el criterio sea el de PCR realizadas, para "tener en cuenta el esfuerzo" e incluir los test en hospitales, también en residencias de ancianos y en atención primaria. "Lo vimos bien", admitió la ministra.
Este primer cambio de criterio, si tenemos en cuenta las pruebas realizadas hasta el momento, beneficia a la Comunitat Valenciana puesto que el número de positivos detectados por pruebas PCR supone el 4,7% del total nacional mientras que el número de pruebas PCR realizadas representa el 8,2% del total. Este porcentaje aún podría aumentar porque hasta este lunes la Conselleria de Sanidad no realizaba test PCR a la mayoría de pacientes sospechosos con síntomas leves, tal como marcaba el protocolo del ministerio, que ahora ha cambiado. Esta escasez de test ha sido uno de los motivos por los que 14 departamentos de salud valencianos no pasaron a la Fase 1 el lunes. Al parecer, en otras CCAA sí realizaban test PCR a los sospechosos con síntomas leves.
Otro de los criterios que estudia cambiar el Gobierno es el de población, aunque en este punto Montero no dijo nada de aumentar el peso de esta variable como habían pedido la Comunitat Valenciana y Murcia. Lo que se contempla es que finalmente no se tenga en cuenta la "población ajustada" sino la "población protegida equivalente". Esta era una posibilidad que ya planteó el Ministerio en el CPFF y que el conseller Vicent Soler apoyó.
"Población ajustada" es el criterio de reparto que se utiliza en el actual modelo de financiación autonómica en vigor desde 2009. A partir de la población de hecho de cada comunidad, tras ponderar seis variables, se eleva el peso de unas CCAA y se rebaja el de otras. La que más pierde en términos porcentuales es la Comunitat Valenciana, que tiene el 11,34% de la población de hecho de las 15 comunidades de régimen común pero cuenta como si tuviera el 11,04%, 133.000 habitantes menos, según las cifras de 2017, últimas publicadas.
Los seis criterios son superficie, dispersión, insularidad, población mayor de 65 años, población de 0 a 16 años y, la más importante, población protegida equivalente. Esta última variable, que a su vez divide y pondera en siete grupos de edad la población con cobertura sanitaria, es la que finalmente se tendrá en cuenta para el reparto. Y aquí la Comunitat Valenciana también pierde peso respecto a su población real pero menos que con la población ajustada, es el 11,10%.
De esta forma, de aprobarse ambos cambios la Comunitat Valenciana ganaría peso en el reparto, tanto en la primera fase como en la segunda de 4.000 millones, donde cambia el peso de las cuatro variables. No obstante, como reconoció el conseller Soler el pasado 4 de mayo en declaraciones a Alicante Plaza, no se llegaría en ningún caso al 10% del total porque la incidencia de la pandemia que ha sufrido esta comunidad ha sido mucho menor que en otras CCAA y en las variables de ingresos UCI y hospitalizaciones su peso queda muy por debajo. Con los datos de este martes, el 6,3 y el 4,34%, respectivamente. Como dijo Soler, "afortunadamente".
Los otros 6.000 millones de euros que el Estado destinará a las CCAA se dividen en 1.000 millones para gasto social y 5.000 millones para cubrir la caída de ingresos propios de las autonomías. Los 1.000 millones se repartirán como los 300 millones del fondo social extraordinario que se aprobó en marzo. En este caso, la población es la variable que más cuenta, aunque también se incluyen otros criterios como mayores de 65 años, jóvenes o población dependiente. A la Comunitat Valenciana le correspondió el 10%, por lo que ahora percibirá en torno a 100 millones.
Respecto a los otros 5.000 millones, el reparto saldrá de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria, donde están las agencias tributarias estatal y autonómicas. Lo previsible es que reciban más proporcionalmente las CCAA que más han acusado el parón provocado por el estado de alarma y, en este sentido, hay dos factores que pueden elevar el peso de la Comunitat Valenciana. Por un lado, la importancia del sector turístico, que va a tardar más en poder recuperar la actividad. Por otro, el hecho de que la mayor parte del territorio no haya pasado a la Fase 1 el pasado lunes.
La decisión del ministerio parece encarrilada, pero la presión de algunas comunidades autónomas no cesa. En algunos casos, como los de la población, porque es fácilmente comprobable a cuáles beneficia el criterio de población ajustada (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares) y cuales ganan con el de población protegida equivalente.
Entre las demandas recibidas por el Ministerio destaca Murcia, que reclama que la población pese más y entiende que se penaliza "la buena gestión de la pandemia". Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han hecho hincapié en que los fondos de compensación tengan en cuenta cuestiones como el envejecimiento o la dispersión de población, y la inversión realizada en Sanidad en los ejercicios anteriores. Por su parte, Baleares ha pedido tener más en cuenta "la caída de los ingresos en cada uno de los territorios" y ha lamentado que "se obvien parámetros como que Baleares ha invertido mucho más" en sanidad pública, atención primaria o residencias que otras CCAA.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
