Los ayuntamientos tendrán que hacer frente a los sobrecostes de los colegios con el plan Edificant

VALÈNCIA.  Los ayuntamientos tendrán que hacer frente a los sobrecostes de los colegios en sus municipios si se acogen al plan Edificant, impulsado desde la Conselleria de Educación. Así consta en el Decreto Ley 5/2017 por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamientos de centros públicos docentes de la Generalitat. 

Hasta el actual Gobierno, las construcciones se canalizaban a través de Ciegsa, empresa pública desde la que se han pagado numerosos sobrecostes por construcciones escolares. Ahora, el departamento de Vicent Marzà ha encontrado una doble fórmula que no solo sirve para agilizar, sino también para asegurarse que de sus arcas no saldrá un euro más del previsto. "Las entidades locales serán responsables de la cobertura de todo incremento de gasto sobre el precio contemplado en la resolución o convenio inicial que se produzca en el desarrollo o ejecución de la actuación objeto de delegación", recoge. 

Cabe recordar que el plan de la Generalitat consiste en que los consistorios sean los encargados del diseño y de los trámites con las constructoras para así agilizar la burocracia que centraliza Educación. Una fórmula de descentralización administrativa que algunos ayuntamientos ven imposible abarcar con su personal y otros creen que beneficia al poder enfocar las necesidades de la escuela desde un prisma de proximidad. En el caso de no gastar todo el presupuesto asignado, los ayuntamientos podrán optar por gastar el resto en otras reformas o instalaciones vinculadas a la escuela. 

De hecho, en el decreto se reconoce la imposibilidad de la Generalitat de abarcar el plan marcado por Educación. Entre las justificaciones, "la insuficiencia de los medios técnicos y humanos disponibles, a corto y medio plazo, por la Administración de la Generalitat, situación que impide asegurar el desarrollo y actualización de las mencionadas infraestructuras en las condiciones que exige la prestación de un servicio fundamental como es el del derecho a la educación".

Además, Generalitat y ayuntamiento podrán acordar que sea este último quien anticipe la financiación. Es decir, que sea el ayuntamiento quien pague la obra inicialmente. No obstante, el importe máximo de delegaciones que incluyan el anticipo no podrá superar el 20% de los créditos presupuestarios afectados por el plan. La otra opción -y la que probablemente sea la más utilizada- será que las entidades locales cedan, en favor de terceros contratistas, los créditos o derechos de cobro que ostenten contra la Generalitat para que sea esta quien les pague directamente, pero que previamente debe ser aceptado por las empresas. El importe estimado de las actuaciones a realizar en el marco del decreto ley es de 700 millones de euros durante el periodo 2018-2022.