ALICANTE. El Partido Popular de Alicante ha salido en tromba en su particular lucha para que los remanentes de tesorería de los ayuntamientos sea usados por los propios consistorios, y no se tengan que ceder al Gobierno -como ha aprobado la FEMP- a cambio de poder destinarlos a inversión, aunque limitados a conceptos muy determinados. Este viernes, lo han hecho los alcaldes de Benidorm y Orihuela, y el PP de Torrevieja, que llevarán una moción al pleno en la que también anuncian que su ayuntamiento no cederá sus ahorros al Gobierno central, que tiene el objetivo de devolverlos en 15 años.
Así, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de la ciudad "no va a ceder su remanente de tesorería" al Ministerio de Hacienda "porque son los ahorros generados por el esfuerzo de los benidormenses y la gestión del Consistorio", según ha argumentado.
Pérez ha expresado su desacuerdo "con el fondo y la forma" de la propuesta aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de entregar los superávit municipales a Hacienda y ha acusado al Gabinete de Pedro Sánchez de "romper la unidad de la FEMP y el municipalismo con una pretensión que supone un recorte inadmisible a las políticas de los gobiernos locales".
De igual modo, el regidor ha calificado de "tomadura de pelo" el intento de que los ayuntamientos entreguen sus ahorros "contra nuestra liquidez" para que luego "nos los devuelvan en quince años". Pérez ha incidido en la necesidad de que los ayuntamientos sean financiados "adicional e incondicionalmente" tras haber atendido en primera línea durante los peores momentos de la crisis sanitaria y económica por la covid-19, "muy por encima de nuestras competencias y responsabilidades". Por ello, ha considerado que la infrafinanciación de los ayuntamientos se debe solventar en una mesa "en la que solo hay que exigirle al Gobierno que cumpla lo prometido y aborde una financiación local justa".
También se ha referido a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para recordar que es la misma que permite revertir los superávit e inversiones financieramente sostenibles. En el caso de Benidorm, ese superávit, después de la liquidación del Plan de Ajuste, asciende a 5,7 millones de euros que "no se van a ceder al Gobierno", ha insistido el regidor popular.
Pérez ha opinado que, lejos de una voluntad política, lo que el Ejecutivo central persigue es "interferir en la autonomía local, incautando unos ahorros que, en este caso, son del pueblo de Benidorm".
El acuerdo sobre los remanentes fue aprobado por la FEMP solo por los alcaldes socialistas y por el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, y validado posteriormente por el Consejo de Ministros, mientras que un gran número de munícipes del resto de formaciones políticas está en contra y pide su revisión.
En parecidos términos se ha manifestado el alcalde de Orihuela. Emilio Bascuñana (PP) también ha anunciado este viernes que el consistorio "no entregará sus ahorros al Gobierno estatal porque no aceptamos chantajes de ningún tipo" y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que recapacite y dé marcha atrás sobre esta medida.
El primer edil oriolano ha comparecido este viernes junto al concejal de emergencias del municipio, Víctor Valverde, para dar su opinión sobre la intención del Gobierno central de que los ayuntamientos con superávit den ese dinero de forma voluntaria a la administración estatal a modo de préstamos. Según Bascuñana, "se trata de una agresión de principios y dignidad" al tiempo que ha subrayado que Orihuela "necesita que lleguen las ayudas prometidas y que el Gobierno central permita al Ayuntamiento hacer uso del 100% de los remanentes para cubrir necesidades provocadas por la DANA y por la crisis de la Covid-19" .
El primer edil ha acusado al Ejecutivo de intentar "coaccionar a las administraciones locales para que de forma 'voluntaria' cedamos nuestros ahorros para sus políticas". Y ha criticado el formato: "Un préstamo que nos devolverán en 17 años", algo que ha calificado como "inadmisible e intolerable".
Asimismo, han reivindicado que lleguen las ayudas por la gota fría del mes de septiembre ya que las ayudas del Gobierno y de la Generalitat Valenciana "siguen sin llegar, y es necesario paliar los graves daños que sufrió nuestro municipio y que ascienden a 530 millones de euros".
Torrevieja, por su parte, ha optado por una moción al pleno, que en un principio cuenta con el respaldo de Ciudadanos. El texto de la moción pide al Gobierno que dote a las entidades locales de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por la covid.
Eduardo Dolón ha expuesto en su argumentario que las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y, ante la crisis derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus, apoyar a la población más vulnerable, canalizar la ola de solidaridad de los españoles y sentar las bases para que la recuperación de la sociedad y economía españolas se produzca lo más pronto posible tras finalizar el periodo de confinamiento.
Otros grupos municipales populares, en la oposición, van a exigir a sus alcaldes que se posicionen sobre cuál va a ser el destino de los remanentes de su ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Dénia, gobernado por el PSOE, anuncia que no cederá los remanentes al Gobierno
