Los agricultores de la Comunitat, en pie de guerra

VALÈNCIA. Tractorada masiva por las calles de València. El campo valenciano salía este viernes a la calle para denunciar la situación límite de sus explotaciones agrarias. Y lo hacía llevando los tractores al centro de la ciudad y cortando el tráfico en las principales arterias del cap i casal, en una multitudinaria protesta en la que los agricultores y ganaderos valencianos alzaban la voz para exigir medidas al Gobierno que garanticen un futuro para sus producciones.

Bajo el lema 'Prou d'enganyar als agricultors' (Basta ya de engañar a los agricultores), la marcha ha sido secundada por las organizaciones más representativas del sector en la Comunitat Valenciana: Unió de Llauradors, ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac-Asaja) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV). 

Una protesta enmarcada en la ola de movilizaciones que agricultores y ganaderos de toda España están llevando a cabo desde hace semanas ante la baja rentabilidad de sus cultivos y los bajos precios. Aunque el detonante de su hartazgo llegó con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el aumento de costes, no es el único problema. La competencia desleal, las guerras comerciales y los vetos en algunos mercados son otras de las dificultades que han hecho estallar al campo.

Y es que en los últimos años la agricultura valenciana ha tenido que hacer frente a las turbulencias de un mercado en el que cada vez hay más competidores. A la prórroga del veto ruso se suma nuevos competidores en el mercado Europeo como son Sudáfrica o el tratado con Mercosur, un nuevo contexto que ha puesto en jaque a todo un sector que busca en las instituciones españolas y europeas una solución.

Entre las causas que han motivado la marcha de este viernes se encuentran el aumento de los costes de producción que el sector no tiene la capacidad de trasladar al precio de sus productos, la "discriminación perpetua" de la Política Agrícola Común (PAC) hacia los cultivos mediterráneos o "la injusta criminalización que recibe la agricultura y la ganadería como sector contaminante pese a su esencial contribución medioambiental, su papel en la mitigación del cambio climático y el cumplimiento de la legislación más rigurosa del planeta en materia fitosanitaria, ambiental y de bienestar animal".

Un panorama que, según denuncian, ha provocado que en la Comunitat la superficie agraria abandonada supere las 161.000 hectáreas sin cultivar, una falta de relevo generacional y envejecimiento de la población agraria ante el incierto futuro, una pérdida de superficie agraria de regadío y un déficit de balance continuado entre primas e indemnizaciones de los seguros agrarios.

A lo largo de todo el recorrido, los participantes, la mayoría de ellos pequeños propietarios, han portado cruces adornadas con naranjas y crespones negros junto a pancartas con lemas como 'La agricultura se va a la sepultura', 'Hemos perdido todo, hasta el miedo', 'Ramader perdut, poble i territori venut (ganadero perdido, pueblo y territorio vendido)', 'Precio de la clementina 3€/KG, labradores 0€/KG. No queremos favores' o We demand what is ours (Queremos lo que es nuestro).

"Salarios de esclavos"

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, exigía que que se dejara de utilizar a los agricultores valencianos como "moneda de cambio" en la UE para conseguir acuerdos beneficiosos que para el sector suponen "la ruina". Y es que el dirigente agrario denunciaba que se favorezca a grandes fondos de inversión extranjeros que ofrecen "salarios de esclavos para destruir la agricultura europea, española y valenciana por el dumping social". "Esta manifestación va a significar un antes y un después y los políticos de todos los partidos, que tienen que comenzar a atender las necesidades del campo", subrayaba. 

Del mismo modo, Carles Peris, de la Unió de Llauradors, denunciaba que la legislación actual "solo beneficia a las grandes multinacionales" y urgía a una nueva normativa porque "no puede seguir legislando en contra de los productores", recalcaba. "Si no lo conseguimos en los despachos, conseguiremos justicia para el campo en la calle", incidía, mientras que Ricardo Bayo, secretario de organización de la UPA, exigía a los políticos "precios justos" para "vivir con dignidad". "Ya está bien de palabras vacías y de palmaditas, hace falta leyes que aseguren la supervivencia del sector prohibiendo la venta a pérdidas", reivindicaba.

Para revertir esta situación, las organizaciones agrarias reclaman al Gobierno revisar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, crear un Observatorio de Precios, puesta en marcha de un Plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis, revisión del Código Penal para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario o la implantación de un seguro de costes/ingresos agrarios.

Pero, además, y con el objetivo de medir el impacto que tendrán los grandes acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros reclaman un evaluación de los mismos, así como la obligatoriedad de informar en las etiquetas las diferentes normativas de los productos procedentes de otros países y los de la UE y el control, mejora de la gestión de la sanidad animal y vegetal, entre otras cuestiones.

El Gobierno se cita con la gran distribución

Toda esta situación de malestar de un sector importante para la economía española ha llevado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a iniciar una ronda de reuniones con las empresas de la gran distribución para analizar la situación del sector y compartir ideas sobre las posibles medidas a adoptar a lo largo de la cadena. Unos encuentros que comenzaban hace unas semanas con representantes del grupo Carrefour y que han seguido con Lidl o Mercadona, este pasado viernes.

Además, el titular de Agricultura anunciaba el jueves su intención de modificar parcialmente parte de la Ley de la Cadena Alimentaria de "forma inminente" para dar respuesta a los problemas del sector agrario entre las que figura la venta a pérdidas o la referencia de los precios de producción y así lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de los eslabones que la integran.

"Estoy planteando que se pueda hacer un proceso en el cual se produzca una modificación parcial de la Ley de la Cadena de forma inmediata, sin perjuicio de que de forma más escalonada se pueda trasponer la Directiva europea, que implicaría modificar casi 32 artículos, una pieza legislativa que requiere de más debate", señalaba.