Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. A un día de que se cierre el periodo de enmiendas, los grupos parlamentarios que integran el Botànic II todavía no tienen cerrado el modelo que desean para el Consell de Transparencia. La nueva Ley de Transparencia introduce importantes cambios respecto a la actual en lo que respecta a la composición, dedicación y salario de los miembros de este órgano y PSPV, Compromís y Unides Podem siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo debería regirse.
Si hace unos días los socialistas trataban de buscar un entente con los morados para que los consejeros no tuvieran rango de director general -tal y como está recogido ahora mismo en el borrador-, ahora son los segundos los que quieren que, tengan la categoría que tengan, sí gocen de dedicación exclusiva al cargo. Una condición que aleja las posturas de los socios del tripartito por diferentes razones.
El texto original que presentaron los tres partidos en Les Corts junto a la consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo, plantea que los consejeros pasen a ejercer su cargo con "dedicación exclusiva" y "tengan consideración de altos cargos con rango de director general". La Conselleria buscaba profesionalizar este órgano y que sus componentes, que ahora compatibilizan el puesto con sus respectivas profesiones y reciben dietas por cada reunión a la que acuden -normalmente con periodicidad mensual-, percibieran un salario de 60.000 euros brutos anuales aproximadamente.
También propone reducir el número de consejeros para que pasen de los cinco que son actualmente, a tres. Integrantes que a priori deberían ser elegidos por Les Corts Valencianes cada cinco años para evitar que su renovación coincida con citas electorales y, por tanto, su independencia política no quede en entredicho. Con ello también desligarían el número de consejeros de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara. Una cuestión que incomodaba a los miembros del Consejo, dado que en la legislatura pasada había cinco partidos en el Parlamento y la misma cantidad de representantes en el citado órgano porque cada formación designó a uno de ellos y los consejeros entendían que este hecho podía poner en cuestionamiento su independencia.
Con este esquema sobre la mesa, los socialistas no quieren que los consejeros tengan rango de director general ni tampoco reducir el número de integrantes. Entienden que esto podría conllevar una mayor dificultad para encontrar candidatos que quieran ocupar estos puestos dado que actualmente los miembros del Consejo de Transparencia perciben dietas por cada reunión que mantienen y pueden compatibilizar el cargo de consejeros con su profesión -la mayoría ejercen de profesores universitarios-, en la mayoría de casos mejor retribuida que los 60.000 euros que percibe un director general. Y, además, no están sometidos al régimen de incompatibilidades.
Por lo que el diseño que quiere el PSPV pasa por designar a cinco consejeros nuevos con las mismas condiciones que tienen los actuales, que tan solo se reúnen una vez al mes y cobran dietas que oscilan entre 500 y 600 euros por resolver los expedientes. Además, abogan por introducir la figura del secretario, que sí tendría dedicación exclusiva para que se encargue de los asuntos de mayor trámite burocrático, de manera que aliviase la carga de trabajo de los consejeros.
Unides Podem, por su parte, sí quiere que tengan dedicación exclusiva, lo que implicaría por tanto que los integrantes del organismo dependiente de Transparencia tuviesen asignado un sueldo fijo al mes y, por tanto, mantuvieran también las incompatibilidades que introduce el nuevo texto legal que les impediría trabajar en otros sectores. Respecto al salario que percibirían, sin embargo, sí estarían dispuestos a negociarlo porque el planteamiento que hacen no está cerrado.
La disparidad de posturas no es baladí, puesto que mientras unos prefieren mantener el órgano conforme está y apoyar a los consejeros con personal técnico que sí trabaje exclusivamente en el citado Consejo, otros mantienen firme su postura de profesionalizarlo para asemejarlo a otros que ya funcionan de esta manera como es el caso del andaluz o el catalán. Al Botànic le quedan 24 horas para decidirse, a pesar de que ya tuvo que ampliar el periodo de enmiendas para resolver estas discrepancias.
