Lluvia de alegaciones a los depósitos del Puerto: el Gobierno y toda la oposición también ven fraude

ALICANTE. Tanto el Ayuntamiento de Alicante como los cuatro grupos políticos que ejercen labores de oposición (PSOE, Guanyar, Cs y Compromís) han hecho efectivo ya el registro de alegaciones al proyecto para la instalación de una suerte de planta de almacenaje de combustible en el Puerto de Alicante. Las objeciones se han ido presentando de manera escalonada, entre el viernes y este lunes (último día para hacerlo) con argumentos similares. Prácticamente, los mismos que también se reflejan en el escrito tipo de alegaciones presentado por colectivos sociales y asociaciones ecologistas. 

En primer término, las alegaciones registradas por el Ayuntamiento hacen constar, en primer lugar, que la actuación prevista "choca frontalmente con el histórico espíritu de lealtad institucional y de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria para favorecer la integración puerto-ciudad", ya que los usos y aprovechamientos previstos para los depósitos de carburantes son "manifiestamente incompatibles con el modelo de ciudad y el marco de progreso que queremos para Alicante", según han precisado fuentes municipales a través de un comunicado. 

A este respecto, el alcalde, el popular Luis Barcala, ha incidido en que "el Puerto no puede dar la espalda al sentir de toda una ciudad que, de forma unánime, ha manifestado su más absoluto rechazo a una actuación que obedece meramente a un interés comercial de la mercantil concesionaria del Puerto y que vulnera directamente el interés general de los ciudadanos y su derecho a que su ciudad les brinde unas condiciones óptimas de salubridad, seguridad, calidad paisajística y vida saludable. No queremos los depósitos de combustibles y esa es una postura totalmente inamovible", ha sostenido, a través de ese comunicado. 

Las alegaciones municipales hacen alusión asimismo a la vulneración del convenio de 1995 suscrito por el propio Puerto de Alicante, además de por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento. "Esta actuación hace saltar por los aires el consenso histórico para la erradicación de este tipo de instalaciones en el Puerto de Alicante y que fue un hito histórico para la ciudad", detalla el comunicado. Como viene informando Alicante Plaza, dicho convenio establece literalmente que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante". A este respecto, Barcala ha destacado que "el propio Puerto suscribió este convenio, por lo que esta actuación contraviene sus propios actos, lo que no tiene ningún sentido. Lo que pedimos, por tanto, es coherencia". 

Otros argumentos esgrimidos en el documento de las alegaciones son que "la actuación no reúne los requisitos legales para que pueda realizarse la evaluación ambiental en su conjunto", ya que no se considera la repercusión global de los distintos aspectos ambiental de la actividad. A este respecto, el alcalde ha hecho hincapié en que "la tramitación ambiental debe realizarse teniendo en cuenta todas y cada una de las instalaciones pretendidas por la mercantil y la afección que la actividad pueda producir en su conjunto. Lo que no es de recibo es presentar un proyecto intencionalmente incompleto para que las licencias ambientales se tramiten por separado, eludiendo de esta forma que se pueda contemplar el impacto de la actuación global", ha añadido.

Del mismo modo, el Ayuntamiento hace constar en sus alegaciones que en el trámite ambiental no se han trasladado las medidas de protección que se establecen para los supuestos de accidentes, por lo que "la inexistencia de esa documentación supone la nulidad del trámite de consultas,dado que son un requisito previo para el inicio de la tramitación como claramente se desprende de la normativa aplicable".

El grupo municipal del PSOE, por su parte, también ha presentado su propio escrito de alegaciones en las que se incide en la inconveniencia de que se promueva una división de la tramitación del proyecto en dos fases. A juicio del PSOE, con esta división del proyecto en fases, se trataría de "evitar controles mas estrictos en la instalación de estos depósitos, y disfrazar un macroproyecto que puede llegar a mover más de 1 millón de toneladas de de combustible al año, en dos pequeños proyectos que no produzcan tanta indignación pública y que no levanten las alarmas en población, cumpliendo de puntillas las normativa sobre seguridad".

En segundo lugar, las objeciones del PSOE, registradas por su portavoz municipal, Eva Montesinos, subrayan que la mercantil promotora "ha evitado presentar estudios sobre impacto ambiental así como un informe de seguridad en caso de un accidente grave". "Teniendo en cuenta la cercanía de la pretendida instalación, no solo a la población, sino también a espacios marítimos protegidos, carece totalmente de sentido que no se hayan efectuado estos informes y no consten en la memoria del proyecto", se añade.

Igualmente, el PSOE subraya que "la concesión de permiso para el desarrollo de esa actividad supone contravenir el ya citado acuerdo de colaboración firmado en 1995 por la Generalitat, el Ministerio de Industria y Energía, el Ayuntamiento de Alicante y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) para trasladar los depósitos hasta El Bacarot". Por todo ello, se considera que la Autoridad Portuaria no puede tramitar la modificación de la concesión solicitada por Terminales Marítimas del Sureste (TMS) para dar encaje a la propuesta de XC Business 90, en la medida en que esa modificación "está viciada de nulidad radical, siendo aún más sangrante que en el presente caso, en el que incluso actúa como juez y parte, con su decisión es capaz de enfrentarse a resoluciones en las que participan instituciones locales, de la comunidad autónoma e incluso de la nación".

El grupo municipal de Guanyar también ha registrado su propio escrito de alegaciones este lunes, según ha confirmado su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón. Su alcance y contenido comparte varias de las posiciones ya manifestadas entre las alegaciones de otros grupos políticos: la referencia al incumplimiento del convenio suscrito en 1995; la inexistencia de informes de impacto ambiental, informe de seguridad o informe de integración paisajística; el fraude de ley que supone el fraccionamiento de la tramitación administrativa del proyecto en dos fases; el supuesto incumplimiento legal en el que podría incurrirse si no se vuelve a licitar la concesión al introducirse un cambio del calado que se pretende; y las dudas sobre la solvencia técnica y económica de la empresa promotora para desarrollar un proyecto que podría resultar potencialmente peligroso. 

Como el propio Pavón ha detallado, se trata de seis alegaciones: "en la primera destacamos el compromiso que adquirió la Autoridad Portuaria en 1995 mediante la firma de un convenio en el que figura expresamente que en el futuro no debe haber en el Puerto de Alicante instalaciones como la que ahora se plantea, por lo que entendemos que nunca debió darse trámite a la solicitud y solicitamos que el expediente se retrotraiga al momento en el que debió inadmitirse una solicitud que, de prosperar, podría dar lugar a consecuencias de responsabilidad patrimonial al haberse destinado fondos públicos europeos al traslado de los antiguos depósitos de CLH". 

En una segunda alegación, según ha precisado, "consideramos que es absolutamente incompatible el proyecto pretendido con el objetivo estratégico de integrar el ámbito portuario con el tejido urbano circundante y en la tercera alegación criticamos la ausencia absoluta de documento alguno que analice, aunque sea someramente, el impacto ambiental sobre el entorno urbano y natural, el riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes situados en el entorno portuario en caso de accidente grave, o el impacto paisajístico de unas instalaciones que cuentan con una altura de 30 metros, equivalente a un edificio de 10 plantas". 

En esta línea, en la cuarta alegación "denunciamos que puede considerarse un fraude de ley el fraccionamiento del proyecto en dos fases al impedirse la evaluación del proyecto global; en la quinta que podría incumplirse la normativa sobre contratación pública y libre competencia si no se licita de nuevo la concesión otorgada en su momento a TMS al variarse sustancialmente las condiciones que en su día se tuvieron en cuenta para licitar la concesión, y en último lugar expresamos nuestras dudas sobre la solvencia económica de la empresa que pretende instalar la macroplanta en el Puerto, tanto por el insuficiente importe del aval depositado (unos 100.000 euros, un 2% del presupuesto de ejecución material, PEM, de la primera fase, y un irrisorio 0,32% del PEM del proyecto global), como por tratarse de una empresa que tiene un administrador único con cuya capacidad económica dudamos que pueda ser capaz de sacar adelante en solitario un macroproyecto de este tipo que, insistimos, es un despropósito y una barbaridad que esperamos que no prospere en ningún ámbito de la Administración", ha continuado.

Ciudadanos (Cs) también ha registrado su propio escrito de objeciones con argumentos similares, según ha precisado su portavoz, Yaneth Giraldo. Los fundamentales son: el incumplimiento del acuerdo de 1995; la ausencia de un estudio de impacto ambiental, de un informe de seguridad y otro paisajístico o la emisión de otro dictamen jurídico sobre la división del proyecto en dos fases. Además, se remite a la declaración institucional de rechazo a la instalación aprobada por unanimidad del pleno del Ayuntamiento. Giraldo ha insistido en que "las alegaciones que hemos presentado refuerzan nuestra postura en el pleno, en apoyo a la declaración institucional que aprobamos todos los grupos. Los vecinos de Benalúa Sur y de San Gabriel no se merecen un proyecto que de ejecutarse devaluaría los parámetros de calidad de vida de la ciudad".

Y, por último, el grupo municipal de Compromís también presentó el viernes su propio escrito, en el que se considera que "la causa aportada en el expediente para una modificación sustancial de la concesión no se adecúa a las causas recogidas por la ley para este tipo de modificaciones y esto nos puede llevar a la perdida de fondos europeos y a recursos de otros operadores de hidrocarburos interesados que podrían impugnar el procedimiento y solicitar que se haga un concurso para optar a la concesión", según ha explicado su portavoz, Natxo Bellido. 

En esas alegaciones se remarca la preocupación "por la inclusión en el proyecto de operaciones de Bunkering (traspaso de combustible de un barco a otro), una práctica ampliamente discutida por su peligrosidad y frecuentes vertidos, y que en este caso esto davía más preocupante por la cercanía de la instalación a la reserva marina de la Isla de Tabarca". Además, entre las alegaciones presentadas por la coalición se encuentran las dudas suscitadas por un proyecto que únicamente habla de instalación de la primera fase de 112.000 m³ de sin cerrar la parcela para la segunda fase que supondría la instalación de depósitos con capacidad para 600.000 m³.

En esta línea, según Compromís, "el proyecto no cuenta con la declaración de Impacto Ambiental necesaria y que debería evaluar ambas fases de la instalación, algo imposible", según la coalición, ya que la segunda fase todavía no está redactada. Compromís, también ha reclamado en sus alegaciones diversas faltas respecto a seguridad en el proyecto como es "la inexistencia de un plan de emergencias y evacuación o la falta de medidas detalladas de contención de fugas en el caso de anormal funcionamientoo accidentes graves. El proyecto tampoco se plantea la aspiración de vapores en las zonas de interconexión en las operaciones de carga y descarga ni medidas específicas correctoras de impacto en las operaciones de carga y descarga de combustibles. Además, según la coalición, no se ha justificado en el proyecto la compatibilidad del tráfico marítimo implícito en esta actividad con el tráfico global del Puerto.