VALÈNCIA (EP). El proyecto de Ley del Juego de la Comunitat Valenciana prosigue su recorrido parlamentario tras rechazar el pleno de Les Corts la enmienda a la totalidad presentada por el PP, que pedía la devolución al Consell de un texto "con finalidad recaudatoria sin prever una regulación basada en principios de eficacia, eficiencia e interés general". Ningún grupo ha apoyado a los 'populares' en esta enmienda.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha justificado la necesidad de contar con una nueva ley porque la actual, de 1988, está "desfasada y obsoleta", y ha subrayado la alarma social que provoca el juego en la actualidad. Según ha dicho, espera que con las mejoras que se puedan introducir durante la tramitación parlamentaria el texto vea la luz con el máximo consenso posible.
El diputado del PP Rubén Ibáñez se ha referido precisamente a esos cambios que se introducirán vía enmiendas y ha asegurado que con las más de 200 presentadas el texto va a cambiar "de principio a fin", empezando por el propio nombre de la ley. Según ha destacado, esas aportaciones podrían haber sido introducidas en el proyecto que presenta el Consell, pero "tendrían que haber pasado por filtros jurídicos" que "no habrían pasado".
Por ello, ha lamentado que se introducen cambios "por la puerta de atrás", lo que supone "una trampa y no da seguridad jurídica". Ibáñez ha recalcado que si la ley, como está planteada, fuera aprobada, no regularía "nada, ni distancias, ni el plan contra la ludopatía", y "el único beneficio sería para las empresas de las tragaperras, que ahora pueden expandirse todo lo que quieran".
El socialista José Muñoz ha enmarcado las enmiendas parciales presentadas en el trabajo parlamentario y ha apuntado que el PP se centra en esa cuestión porque no tiene un posicionamiento político sobre el tema. Le ha tendido la mano y le ha advertido de que si quieren seguir "en la trinchera" se equivocan.
Ferran Martínez (Unides Podem) ha incidido en la necesidad de frenar la "epidemia" de la ludopatía con una ley "exigente", Graciela Ferrer (Compromís) ha recordado la "alarma social" que existe ante este problema que considera sanitario, Ruth Merino (Cs) ha admitido compartir con el PP que no proporciona seguridad jurídica pero ha mostrado su rechazo a devolver la ley al Consell, y Rebeca Serna (Vox) ha apuntado que hay aspectos correctos y otros que deben ser modificados en la tramitación.
En su enmienda, los 'populares' explicaban que aunque la ley vigente actualmente data de 1988 y debe actualizarse al entorno actual, no comparten los principios y el espíritu del nuevo texto, que "crea un marco legal que no garantiza el principio de seguridad jurídica".
"Pone de manifiesto que el Consell carece de un criterio transversal para el sector en su conjunto y contempla muchas medidas que suponen una profunda planificación del sector, cuya inclusión no ha sido precedida del diálogo y consenso con los actores implicados", agrega el PP, que cree que el Consell "impone una norma que no refleja ni las necesidades y demandas sociales, ni las sectoriales".
A su juicio, tampoco responde "a las propias expectativas generadas en su propia exposición de motivos en cuanto al juego responsable, supone un aumento desmesurado de la presión fiscal sobre el sector del juego y las apuestas" y contempla "una relajación del régimen sancionador sin argumentos ni análisis que la sustente".
En definitiva, la enmienda subraya que se trata de "un texto impuesto por el Consell que carece de una interlocución clara con los actores principales del sector afectado, elaborado de espaldas a las necesidades de la sociedad, que profundiza en la carga fiscal y no combate sus incumplimientos con un régimen sancionador coercitivo ni acorde a la tributación al alza prevista".
Tampoco se aborda, para el PP, "una de las verdaderas finalidades de la ley, un programa de prevención contra la ludopatía, la protección de la salud y el consumo que ayude y proteja a quienes se ven atrapados por las apuestas".
