La presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. Misma estrategia, con un año de diferencia. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha centrado su labor de oposición esta semana en varios temas relacionados con la lengua. Una táctica que ya empleó en agosto del año pasado con la intención de erosionar el Botànic y ahondar en las grietas que entre PSPV y Compromís habían surgido antes de las vacaciones estivales.
El año pasado, la líder de los populares aprovechó la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo -primer varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà-, para tratar de desgastar la relación entre socialistas y valencianistas. Entonces, le propuso al president de la Geleralitat, Ximo Puig, como alternativas a todas las llevadas a cabo por el conseller Marzà, un Plan de Movilidad del Alumnado y un Plan de Refuerzo del Valenciano.
Ahora, la excusa de Bonig para volver a la carga con la lengua vuelve a ser la misma: una decisión judicial. En esta ocasión, la sentencia del TSJCV en la que declaró nulos varios artículos del Decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración. Ahora bien, la presidenta del PPCV no ha gastado esta vez la bala en una única jornada, sino que ha ido dosificando sus ofensivas a lo largo de toda una semana.
En relación a la última sentencia del TSJ sobre el decreto del Consell del uso del valenciano en la Administración ante la que el Consell dijo que interpondría un recurso de casación, la presidenta del PPCV se apresuró a anunciar que su partido pediría la ejecución provisional de la sentencia. Lo hizo tras reunirse con la plataforma que recurrió el articulado de la norma y sindicatos que se habían mostrado disconformes con esta normativa de la Conselleria de Educación.
"Ya advertimos de las posibles inconstitucionalidades, ya formulamos alegaciones, no se nos hizo caso, ni hicieron caso al informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) hasta que ha llegado la sentencia del TSJCV", subrayó Bonig tras recordar que el PP ya propuso un Plan de Fomento del Valenciano en la Comunitat y la Administración.
Este anuncio fue solo el primero. A este le siguió el ofrecimiento que hizo a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo para aprobar un "requisito lingüístico de mínimos" y así desatascar el proyecto de ley de Función Pública. Una maniobra nada baladí, ya que el motivo por el que este proyecto de ley se encuentra paralizado se debe principalmente a las diferencias que mantienen los socios del Botànic.
En este sentido, Bonig aseguró que su grupo había presentado una iniciativa para que el requisito lingüístico no llegue a ser indispensable para acceder a un puesto de la administración pública valenciana, sino un mérito. "Queremos tener a los mejores profesionales y por ello queremos una administración donde el requisito sea un mérito y no algo genérico para todos", explicó.
Aunque esta vez en el ámbito municipal, a principios de esta semana, Ciudadanos tomó la delantera y pidió que el reglamento municipal sobre el uso y normalización del valenciano se adaptara a las dos sentencias emitidas por el TSJ respecto a la lengua - la primera, anuló el decreto de educación plurilingüe en los colegios al entender que se discriminaba a los estudiantes que eligieran aprender en castellano, y la segunda, es la que fue emitida hace apenas dos semanas, declaró ilegal 13 artículos de 27 del citado Decreto del Consell-. En el auto de la última sentencia, el tribunal hacía especial hincapié para justificar la nulidad de ciertos artículos en la ilegalidad que supone dar preferencia a una de las dos lenguas oficiales en la Comunitat.
Con este argumento sobre la mesa, el partido de Fernando Giner consideraba que el reglamento municipal del uso del valenciano podía infringir también la ley. Una normativa aprobada en 2005, mientras los populares gobernaban, pero que no entró en vigor hasta que en 2015 el Ayuntamiento de València cambió de gestores. La rigurosidad en su aplicación, derivó, de hecho, en una fuerte polémica hace apenas dos años porque los rótulos en la ciudad únicamente en valenciano.
Si bien en un principio, ante este movimiento de Ciudadanos, el PP consideró que no tenía sentido modificar una normativa redactada hace tantos años –y así también evitar que el bumerán se les pudiera tornar en contra por haber sido ellos quienes la redactaron–, sí se posicionó a favor de adaptarla siguiendo la senda dibujada por el TSJ. En este sentido, el portavoz en del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó, anunció que su formación presentaría iniciativas en los órganos colegiados del Cap i Casal para que el valenciano no se llegara a convertir en un idioma "excluyente".
Con esta estrategia de centrar sus dardos desde la oposición a la cuestión linguística, Bonig busca rescatar un tema polémico cogiendo la bandera de la moderación. No en vano, sus propuestas de un "requisito lingüístico mínimo" y de promoción del valenciano en la administración buscan contraponerse a las acciones más contundentes del Botànic, que a ojos del elector más moderado pueden traducirse en demasiado 'radicales', debido a las sentencias del TSJ que las ha declarado ilegales. Pero también están destinadas a reavivar los roces entre los sectores más recelosos sobre el valenciano en el PSPV y aquellos dirigentes de Compromís que lo consideran una cuestión innegociable. Es la táctica con la que Bonig busca ganar los votantes de centro que hayan podido fugarse con algunos de sus discursos más ideológicos. Los ataques de la oposición al Gobierno del Botànic -y por extensión, al de la Nau- se centran en la lengua.
