El Consell del Botànic II. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La llegada de PSPV y Compromís a la Generalitat en 2015 -apoyados desde el Parlamento por Podemos- trajo aparejada varias normativas para hacer "transparentes las instituciones". Aprobaron una Ley de Transparencia, otra de Cuentas Abiertas que el conseller de Hacienda Vicent Soler definió en su día como un "striptease contable para acabar con la corrupción" de la época del PP, e incluso se validó un Código de Buen Gobierno y una norma de Incompatibilidades para los altos cargos con el fin de evitar las puertas giratorias.
Un compendio de normas ideadas para marcar un antes y un después entre el Ejecutivo del PP y el del Botànic que evidenciara que las paredes de las instituciones, con su llegada, serían de cristal. No obstante y a pesar de la buena voluntad, la transparencia no va aparejada de la celeridad, tal y como se puede comprobar en los plazos marcados en las distintas normativas que se aprobaron en la legislatura pasada. A modo de ejemplo: hasta cinco meses pueden transcurrir desde que se nombra a un conseller y toma posesión hasta que cualquier ciudadano puede consultar su declaración de bienes y actividades.
Así, el decreto 56/2016 de Buen Gobierno del Consell aprobado en la legislatura pasada establecía en su artículo 45 que los consellers, así como los secretarios autonómicos -segundo escalón-, debían presentar su declaración de actividades, bienes e intereses y rentas percibidas en el plazo de un mes desde que fueron nombrados ante el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos de la Administración de la Generalitat.
Este periodo, no obstante, fue ampliado a dos meses en mayo del año pasado con el decreto 65/2018 que desarrollaba la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses de Personas con Cargos Públicos No Electos. Transcurrido esos dos meses, Transparencia debería dar publicidad a la información facilitada por los consellers en un plazo máximo de tres meses.
Con todo, aunque no suele ser habitual que se agoten los tempos, podrían transcurrir hasta 150 días para conocer las actividades y bienes que tiene cada conseller. Casi medio año.
Así, a día de hoy en la web de GVA Oberta se pueden consultar los datos facilitados por el jefe del Consell, Puig; el conseller de Hacienda, Vicent Soler; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; el conseller de Economía, Rafa Climent; el conseller de Educación, Vicent Marzà; y la consellera de Sanidad, Ana Barceló; el conseller de Política Territorial, Arcadi España; y la propia consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez.
Todavía no están disponibles los de la vicepresidenta del Consell y responsable del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de Agricultura y Desarrollo Rural, Mireia Mollà; y la consellera de Innovación, Carolina Pascual.
No obstante, conviene apuntar que Oltra y Dalmau sí han presentado la documentación en el registro, tal y como confirman fuentes oficiales. Sin embargo, los datos todavía no son accesibles a través del Portal de Transparencia de la Generalitat.
La situación es más llamativa todavía si se acude al Boletín Oficial de Les Corts Valencianes, donde se publicaron hace ya más de un mes la declaración de bienes de todos los consellers que son a su vez diputados.
Así, en la web del propio Parlamento se pueden consultar las declaraciones de bienes de Puig, Oltra, Dalmau -después dejó el acta-, Soler, Bravo, Climent, Marzà, Barceló, y Pérez. No así la de Mollà, España y Pascual, que no son parlamentarios porque no iban en las listas para las elecciones autonómicas.
