Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La tasa turística fue, junto al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), una piedra en el zapato para el Ejecutivo de Ximo Puig para aprobar la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018. Ambas materias, propuestas de Podemos, generaban tensiones –especialmente en el PSPV– por el férreo rechazo que causaban entre los empresarios. Los socialistas temían, justificaron en su día, que implantar este tipo de impuesto les pasara factura en las urnas como años atrás le sucedió al primer gobierno de progreso balear presidido por el socialista Francesc Antich, que perdió las elecciones gracias a la campaña de oposición a la tasa que hizo el popular Jaume Matas.
Cómo consecuencia de este rechazo, los morados jugaron a un todo o nada el año pasado: se abstuvieron en la votación de la ley. De no haber sido por los cuatro diputados no adscritos, la normativa hubiera vuelto al Consell para ser reelaborada a causa de su socio parlamentario; en ese momento, convertido en una suerte de enemigo en casa. Un año después, y con las cuentas autonómicas salvadas gracias a los acuerdos alcanzados en otras materias, la tensión que embriagó a los socialistas parece ahora haberse instalado en el propio grupo promotor de que la tasa se implante en la Comunitat.
Aunque admiten que todavía deben definir la estrategia a emplear de cara a la negociación de las cuentas del próximo ejercicio -las últimas del Ejecutivo del Botànic-, fuentes del entorno de la dirección de Podemos muestran sus dudas sobre la oportunidad de volver a insistir en que se instaure una tasa turística en la Comunitat Valenciana. Creen que deben centrar sus esfuerzos en otras cuestiones en las que sea más sencillo alcanzar un acuerdo con el Consell.
Consensos que les permitirían tanto atribuirse logros y entendimientos, como no tensar la cuerda en exceso con PSPV y Compromís, con quienes los morados necesitarían mantener una buena sintonía si quieren entrar a formar parte del Gobierno valenciano en la próxima legislatura y debutar en áreas de gestión dentro del Ejecutivo. Eso sí, siempre y cuando los pronósticos que vaticinan las encuestas -que apuntan a una reedición de la mayoría de izquierdas en términos más o menos similares a los de 2015- se cumplieran.
En este sentido, consideran que si se muestran firmes con esta demanda la negociación puede desembocar en una falta de acuerdo que concluya en una prórroga de las cuentas que impidiría a grandes rasgos la ampliación de gasto más allá de las modificaciones puntuales. Una situación que abocaría al partido de Estañ -en caso de llegar al Ejecutivo en la siguiente legislatura- a trabajar en la gestión de las áreas que les correspondan en el reparto con la cortapisa de moverse con unos presupuestos arrastrados durante medio año.
Ahora bien, la postura de no centrar sus esfuerzos en "callejones sin salida" -según lo tildan fuentes del partido- no es compartida ni mucho menos unánime en todo el grupo parlamentario. De hecho, varios diputados preguntados por este diario consideran que sería un error no incluir la tasa turística entre las enmiendas que presenten a la próxima ley de Acompañamiento. No en vano, la lucha por implantar un impuesto que grave la actividad turística ha sido una de las principales reivindicaciones del grupo que ahora lidera Antonio Estañ a lo largo de esta legislatura.
En este sentido, las voces favorables a seguir planteando batalla a favor de la tasa turística, creen que, precisamente pensando en clave electoral, podrían hacer hincapié en las negociaciones en sus grandes reivindicaciones con la esperanza de que en el futuro reparto del nuevo Consell del Botànic pudieran liderar la gestión en algunas de ellas, como en este caso Turismo. Sin una decisión en firme todavía, el debate está servido en el seno del grupo parlamentario morado.
