El síndic de Compromís, Fran Ferri. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Proposición No de Ley de Compromís para imponer una tasa a las bebidas azucaradas puede no ver la luz en esta legislatura. La sucesión de varios plenos en los que íntegramente se abordan leyes, pero no propuestas no legislativas, ha hecho que en los últimos días la coalición valencianista pensara en eliminar el carácter "urgente" con el que registró la PNL.
Un cambio nada baladí, ya que con esta supresión, la cuestión ya no debe introducirse en un pleno para ser debatida, sino que pasa a tratarse en una comisión como si de una iniciativa ordinaria se tratase y que se celebran con mayor periodicidad. Con esta maniobra, el grupo parlamentario se aseguraría al menos debatir la propuesta que desde el principio ha sido vista con recelo por su socio de Gobierno, el PSPV, debido a las reticencias de los empresarios a que se creara un impuesto en este sentido.
En la Comisión de Sanidad en la que debería abordarse, las posturas de los partidos al respecto son diversas. El PP, que tiene cinco diputados, se opone a crear la tasa, mientras que Compromís y Podemos, con tres y dos parlamentarios respectivamente, sí son favorables. Empate técnico. Así, los votos de los socialistas –con tres diputados– y de Ciudadanos –dos–, serían decisivos para que la PNL se aprobase o no. Y, en caso de salir favorable, ya sería la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler la que debería encargarse de regular los tramos del impuesto.
Ahora bien, los del puño y la rosa nunca se han mostrado favorables a su implantación. Al menos no abiertamente. Siempre se mostraron partidarios de estudiarlo, pero con la boca pequeña. Y es que el profundo rechazo que generó la posibilidad de gravar los productos azucarados en el sector empresarial, hicieron que la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV) mantuviera sendas reuniones con dirigentes de los partidos del Botànic –PSPV y Compromís– para frenar esta iniciativa. No en vano, tras numerosos encuentros, el grupo de Fran Ferri en Les Corts modificó el objeto de la PNL para acotar más el sujeto a gravar: de los alimentos azucarados, pasó a ceñirse sólo a las bebidas. Un modelo similar al implantado en Cataluña.
Con las reticencias de los socialistas, a la coalición valencianista solo le quedaba ahora la esperanza de seducir a Ciudadanos para que en comisión -en caso de llevar a cabo la maniobra de insertarla en esta herramienta parlamentaria y no en un pleno- votara a favor de gravar las bebidas azucaradas que "no aportan alimento". En este punto, conviene señalar que la intención era una mayor tasa a aquellos líquidos que no contuvieran alimento como sí tienen los zumos de frutas, la miel o el yogur. Con estos dos votos a favor, ya sumarían siete apoyos frente a los cinco de los populares. Y, como ha sucedido a lo largo de la legislatura, esperaban que por "lealtad institucional" el PSPV, llegado el momento, se abstuviera en la votación. Con ello, la PNL saldría adelante aunque su regulación ya quedara en manos de los socialistas en el Ejecutivo valenciano.
Sin embargo, todos estos planes se desmoronan. "Ciudadanos no es partidario de crear ningún impuesto", zanjan fuentes de este partido a Valencia Plaza. Aunque aseguran que el resto del texto de la PNL les agrada -contiene también propuestas como que el Consell elabore una Estrategia Autonómica de Alimentación Saludable- y votarían a favor a esos puntos cuya finalidad principal es reducir el índice de la obesidad infantil que tiene España –segundo país del mundo en el ranking que sufre este problema de salud–, no simpatizan con la idea de crear nuevos tipos impositivos.
Eso sí, no han decidido todavía si, llegado el caso, votarían en contra o abstención de la propuesta. Pero en cualquiera de los dos casos, las probabilidades de que saliera adelante serían casi nulas, ya que si Cs y PSPV se abstienen, se mantiene el empate. Y si los naranjas votan en contra, Compromís estaría obligado a convencer a los socialistas de votar a favor si quisieran verla aprobada. La aritmética complica las intenciones de la coalición valencianista.
La iniciativa original de la coalición valencianista que presentaron en mayo del año pasado -cuatro días después de entrar en vigor la tasa a las bebidas azucaradas en Cataluña- instaba al Consell a establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, era más ambicioso porque no lo limitaba tan solo a los líquidos porque la pretensión era desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa como los productos de bollería.
La propuesta hizo sonar las alarmas en la CEV, organización que preside Salvador Navarro, que constituyó un grupo de trabajo interno para sustentar su posicionamiento ante el Consell y elaboró un borrador en el que detalló los motivos de su radical oposición a la tasa. Esto, sumado a varias reuniones con dirigentes de los partidos del Botànic del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios, derivó en que Compromís reformulara su PNL y restringiera el ámbito de aplicación de este impuesto solo a las bebidas.
Pero no solo eso. La nueva redacción, que no detallaba ningún tipo impositivo a aplicar -ya que es competencia de la Consellería de Hacienda definir los porcentajes-, incluía también que lo recaudado con esta tasa fuese destinado a dotar de más recursos al sistema de salud o a campañas de concienciación -tanto en centros educativos como en centros de salud- para reducir la obesidad infantil y mejorar los hábitos alimentarios de manera que se redujera el consumo de este tipo de productos. A pesar de tender la mano en este sentido para favorecer la negociación, tampoco el nuevo ofrecimiento convencía a las empresas y federaciones integradas en la patronal contrarias a la iniciativa.
