Foto: CARLOS CASTRO/EUROPA PRESSVALÈNCIA (EP). Las imágenes de ancianos desasistidos en la residencia DomusVI de Llíria (Valencia) grabadas por una exempleada han vuelto a poner en el punto de mira a los centros de mayores: especialistas piden más inspectores e inversión para proteger a los ancianos, un colectivo extremadamente vulnerable.
En la Comunitat Valenciana existe actualmente un protocolo sobre las plazas y el funcionamiento de los centros de mayores, pero casos como el de Llíria --residencia que ya fue sancionada en 2019 por distintas irregularidades-- han planteado dudas y propuestas por parte de algunos expertos consultados por Europa Press.
"Hay que poner más medios. Vigilar más de cerca los centros para que tengan más presión en hacer las cosas bien", opinan algunos representantes del ministerio público, que creen que el Servicio de Inspección debe ser reforzado con más funcionarios. Con más personal e inspecciones periódicas habría más capacidad de acción para prevenir el maltrato o cualquier otro incumplimiento por parte de la residencia, consideran.
"Hay que actuar antes de que pasen las cosas", han añadido. En este sentido, desde Aerte se han sumado a la reivindicación de más inspectores, cuyo número han reconocido que se ha ido aumentando en los últimos años, y en más inversión.
A juicio de Aerte, para tener más capacidad "hay comunidades autónomas que han dotado con más dinero al sector y pagan mejor las plazas para que en los centros haya refuerzo de personal". "Se podría trabajar mejor y más con más gente, pero para eso hace falta un esfuerzo inversor por parte de la Administración", aseveran.
También desde Aerte han querido aclarar que el asunto de Llíria, aunque "preocupante", no es representativo de cómo funciona el sector. "Puede ocurrir algo así en algún sitio de forma puntual pero en ningún caso es una cuestión que refleje al sector", han insistido. En general, han dicho al respecto, las inspecciones a residencias en la Comunitat no parece que hayan detectado incumplimientos graves ni reiterados, con lo que no existe la sensación de un mal trabajo en los centros.
Para ejercer un mayor control sobre estos centros, expertos consultados también abogan por la posibilidad de establecer algún tipo de servicio de videovigilancia o una policía especializada "para mirar con conocimiento de causa", subrayan.
Desde la Conselleria de Igualdad han apuntado a Europa Press, en relación con el Servicio de Inspección, que en la actualidad hay 21 funcionarios trabajando pero se ha aprobado aumentar la cifra hasta los 33, con lo que se cumple con la ley, han remarcado. De hecho, la cifra es superior a lo estipulado en la normativa.
Han subrayado que existen unas normas "claras" que, si se cumplen, las residencias deberían funcionar bien, pero "siempre" puede haber casos aislados de mal funcionamiento.
Al respecto, han recordado que llevan trabajando desde 2018 en un documento sobre el modelo residencial consensuado con sindicatos y el sector y han señalado que ya están empezando a transformar el modelo de residencias, "de manera que cuando antes era visto como un negocio, ahora se tiene que ver como un hogar".
Para llegar a este objetivo, cuando se licitan las plazas se dan puntos extra si las residencias cuentan con enfermería 24 horas, servicio de podología o de acompañamiento, por ejemplo. Con lo que se intenta ganar en calidad del servicio, han indicado desde la conselleria.
Y este aumento de servicios, han señalado, va acompañado de un incremento de precio-plaza. "La idea hacia la que se avanza es crear residencias que no sean grandes centros, si no que sean hogares, como la de San Mateu, ya adjudicada. En definitiva, pequeñas unidades de convivencia", han señalado. "Paso a paso pero se están haciendo grandes cambios", han apostillado.
