Las leyes que están volviendo locos a los emprendedores

VALÈNCIA. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), supuso un cambio radical en la forma que, hasta ahora, tenían las empresas de captar, usar y almacenar los datos de sus clientes. Aunque la ley llevaba en vigor dos años, la mayor parte de las corporaciones aguardaron hasta el último momento para su adaptación. Temerosos de la amenaza de sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación por su incumplimiento, todos se precipitaron a lanzar emails para renovar permisos, incluso las que no contaban con la autorización previa. 

Además de tener que destinar recursos, la consecuencia para muchos fue ver cómo su base de datos y la lista de suscriptores se reducía al mínimo. “Para mi se ha montado un lío demasiado grande. Para muchas empresas que han hecho bien las cosas en el pasado es una faena tener que volver a confirmar algo que ya tenían y que les va a hacer perder un 95% de usuarios”, decía Juan Merodio, blogger, speaker e international advisor.

Por su parte Ricardo Tayar, cofundador y consejero delegado de Flat 101 hacía un llamamiento a la calma. “Todo el mundo está como loco con la ley. La realidad es que es un reglamento europeo, pero en España aún hay que legislar al respecto. Es verdad que hay que cumplir el reglamento, pero no existe todavía una legislación a la que nos podamos agarrar”.

La directiva del copyright

No se habían calmado aún los ánimos cuando poco después se anunciaba la votación en el Parlamento Europeo, a comienzos de julio, de una nueva Norma para regular los derechos de autor en Internet. Entonces fue la Asociación Española de Startups la que se echó las manos a la cabeza anunciando que los cambios legislativos podrían acarrear la desaparición de entre 720 y 960 startups nacionales que funcionan como plataformas de contenidos generados por usuarios, tipo Menéame o wikipedia. En señal de protesta, la enciclopedia digital en español decidió el pasado 4 de julio oscurecer todas las páginas por un día.

Desde la Asociación de Startups se lamenta especialmente la presencia de dos enunciados en el articulado, el correspondiente al artículo 11, para la “protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales”, y el artículo 13, que relacionan con una censura previa y automatizada. Este hace responsables a las plataformas de internet de los contenidos subidos por los usuarios. 

“Si la directiva termina aprobándose en dichos términos, tendría un indudable impacto económico y sobre el empleo, que afectaría especialmente al ecosistema de startups, a las pymes de base tecnológica, a los emprendedores en el ámbito digital, a las aplicaciones web y móviles que operan como plataformas, y, en general, al conjunto del modelo de innovación en nuestro país. Las más afectadas serían startups y plataformas de tamaño pequeño que tendrán que cerrar, modificar sus líneas de negocio o emigrar ante este cambio normativo”, afirman desde la asociación de startups. Advierten también de que “el aumento de la incertidumbre y la inseguridad jurídica puede hacer que la inversión acabe relocalizándose hacia terceros países no obligados por la norma. Se desaprovecharía así, el posible beneficio económico del país por el auge de plataformas en castellano en un mercado global de 470 millones de hispanohablantes, por la inexistencia de regulaciones de este tipo en aquellos países”.

Finalmente la directiva del Copyright ha sido rechazada por el Parlamento Europeo con una diferencia de 378 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones. “Un balón de oxigeno para muchos, aunque solo temporal,  porque en septiembre habrá nueva votación con el debate abierto artículo por artículo, que no estaba previsto realmente”, afirman desde la Asociación de Internautas.

El contrato de apoyo a los emprendedores

A toda esta incertidumbre procedente del Derecho comunitario se sumó la semana pasada el anuncio del nuevo ejecutivo español de la posible eliminación del contrato de apoyo a los emprendedores. Esta figura contractual, “tal y como está diseñada” no responde al objetivo que perseguía e “introduce precariedad”, eran las palabras con las que Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Empleo, anunciaba la posible derogación del contrato.

En vigor desde el año 2012, el contrato se aprobó para incentivar la contratación indefinida en las pymes de los colectivos más afectados por la crisis, es decir jóvenes de entre 16 y 30 años y mayores de 45. Según el Consejo Económico y Social (CES) el año pasado “se celebraron 246.827 contratos de apoyo a emprendedores, lo que supuso un 39 % más que el año anterior, siguiendo la tendencia de continuo aumento en el número de contratos de este tipo realizados desde su puesta en marcha”. Normal, entonces, que el aviso no haya tenido buena acogida entre los emprendedores. 

El contrato permite a los empleadores un periodo de prueba de un año y, en caso de descontento, autoriza el despido sin indemnización. En caso contrario, el compromiso de la empresa es hacerle indefinido por el mínimo de tres años teniendo así acceso a las bonificaciones. “Aunque esta fórmula contractual se elimine, ningún emprendedor va contratar a alguien que no encaje en un puesto de trabajo, por mucho incentivo que exista”, argumenta Miguel Ángel Romero, socio fundador de HRCS. 

También Luís Tramón, profesor en UDIMA y fundador de la empresa de base tecnológica Aratech Lifestyle technology, es defensor de cierta flexibilidad en las contrataciones. “Probar es la mejor manera que tenemos las empresas para captar talento, pero el contrato de apoyo a los emprendedores también es una buena fórmula para retenerlo”. Defiende también Tramón nuevos modelos híbridos en la contratación que concilien la realidad laboral como las necesidades de las empresas.

En lo que atañe a las startups, eso del contrato indefinido de 3 años es algo que ni se plantean teniendo en cuanta que pocas superan los 2 años de vida. También aquí abogan por una regulación realista a lo que es la dinámica de una startup “donde un perfil determinado puede ser útil hoy, pero no dentro de 6 meses” dice Alejandro González, CEO de Taalentfy.

Ya el último anuncio procedente del Ministerio de Hacienda corresponde a posibles modificaciones en el Impuesto de Sociedades. Cambios que se sumarían a los 200 cambios que ya ha sufrido este impuesto durante los últimos 10 años, según recordaban desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Según el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, “tanta modificación genera inseguridad jurídica y desincentiva a los inversores nacionales y foráneos”.