BRUSELAS. La seguridad alimentaria europea está en juego. Los escasos controles en aduanas y en origen de la Unión Europea (UE) sobre los productos agrícolas que se importan de terceros países han propiciado la entrada de plagas o alimentos con pesticidas que no siguen los estándares europeos de peligrosidad para el consumo y que aquí están prohibidos. La Unió de Llauradors i Ramaders (La Unió) ha denunciado las importaciones de Egipto y Turquía en un estudio sobre el sistema de alertas europeo, el RASFF, que es la autoridad para la seguridad alimentaria, dependiente de la Comisión Europea.
El caso de Egipto es excepcional, al ser el único país exportador de cítricos a Europa cuya carga no ha disminuido respecto de temporadas anteriores. Las exportaciones que preocupan especialmente al agricultor valenciano comprenden naranjas, limones, pomelos y pequeños cítricos.
La excepcionalidad no termina aquí ya que, según su acuerdo con la UE, Egipto no está sometido a un porcentaje de controles obligatorios de sus exportaciones a Europa, pese a que no dan ninguna garantía. Sólo existen controles aleatorios en frontera, que es donde se han interceptado los productos con plaguicidas. Para Carles Peris, secretario general de La Unió, “esta laxitud es vergonzosa. Si se detectan alertas sanitarias de forma aleatoria, ¿cuántos lotes pasarán por encima de lo legal? ¿Cuántos lotes entrarán con productos de uso prohibido en la UE?”.
El peligro de intoxicación es importante y ya ha habido casos de retirada de productos. En materia de notificaciones del RASFF, respecto a los restos de pesticidas detectados en frutas y hortalizas, de septiembre a septiembre de 2020, la Comisión recibió 14 notificaciones de controles aduaneros. Mientras que en lo que va de año, hasta agosto, ya se han comunicado 46 notificaciones de fitosanitarios en naranjas, uvas, hojas de parra, dátiles, alcachofas, cacahuetes, cebollas y alubias.
La Unió pide que “se refuercen los controles de los productos agrícolas que entran a Europa desde terceros países y los lotes de inspecciones, como algo vital para la seguridad alimentaria”. Esta solicitud la han dirigido al ministro español de agricultura, Luis Planas, para que la haga llegar hasta la Comisión Europea, al tiempo que inicie gestiones para modificar la normativa con el fin de que se intensifiquen los controles.
Esta petición es la misma que se hizo la semana pasada para Turquía, también basada en el estudio elaborado por La Unió. En este caso, el sistema de alertas europeo del RASFF ha notificado desde mayo del pasado año hasta el 9 de agosto del actual un total de 478 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado europeo, que tenían presencia de residuos de plaguicidas, entre ellos el Metil-clorpirifos y Clorpirifos prohibidos aquí o que superaban los “Límites Máximos de Residuos” permitidos en el mercado comunitario.
Por productos analizados, procedentes de Turquía, están los pimientos dulces con 199 notificaciones, seguidos de las mandarinas con 60, limones con 38, pomelos con 33, naranjas con 27 y granadas con 10 detecciones.
El Reglamento europeo relativo al aumento temporal de los controles oficiales de determinadas mercancías, procedentes de determinados terceros países, entró en vigor en mayo 2020. Por lo que se refiere a las producciones procedentes de Turquía que coinciden con producciones valencianas, se denunciaba en varios Considerandos que había que intensificar los controles oficiales de ese país para determinadas producciones como los cítricos -excepto limones- o las granadas, “ante nuevos riesgos para la salud humana debidos a una posible contaminación por residuos de plaguicidas”. Para ello se modificó la frecuencia de los controles físicos y de identidad de estas producciones introducidas en la Unión Europea procedentes de Turquía, quedando de la siguiente forma:
La Unió pide al ministro que inicie las gestiones y trámites pertinentes ante la Comisión Europea con objeto de que se modifique el Reglamento y se intensifiquen e incrementen los controles oficiales sobre estas producciones procedentes de Turquía.
“Debemos exigir la reciprocidad fitosanitaria, no puede ser que a los productores europeos se les desincentive en el uso de plaguicidas para evitar riesgos a la salud humana y, sin embargo, luego las producciones de terceros países lleguen repletas de esos mismos productos fitosanitarios que nos prohíben emplear a nosotros. El riesgo para la salud de los consumidores europeos es el mismo y hay que actuar de la misma manera”, insiste Carles Peris.
