VALÈNCIA. (EFE). Tras años de crisis económica y de contención del gasto, obligadas por los ajustes y la exigencia de estabilidad que impone Bruselas, las comunidades han podido por fin aflojarse un poco el cinturón y estrenan 2019 con cuentas expansivas y bajadas de impuestos. Coincidiendo, eso sí, con un año electoral.
Reformas en el IRPF, bonificaciones, eliminación de tasas como el copago farmacéutico, aumento del gasto social... nueve autonomías llegan a 2019 con más dinero que nunca y con muchos guiños a los ciudadanos, como suele ocurrir siempre que hay una cita electoral en el horizonte.
Además de hacer aflorar la mejor cara de cada gobierno, la inminencia de unos comicios suele tener otra derivada y es el distanciamiento de aquellos que durante toda la legislatura han sido socios, que ante una convocatoria a las urnas se alejan para marcar territorio propio. Quizás por eso han tenido que prorrogar los presupuestos los riojanos.
En La Rioja se han quedado a las puertas de tener nuevos números, algo que sí han conseguido la Comunitat Valenciana, Galicia, Navarra, Canarias, Cantabria, Asturias, Baleares, Madrid y Murcia. Extremadura prevé tenerlos este mismo mes y Andalucía, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco han tenido que prorrogar las cuentas anteriores.
Rivales electorales de nuevo en los comicios del 26 de mayo, el PP ha gobernado en solitario en La Rioja estos últimos cuatro años con el apoyo externo de Ciudadanos, y ahora se culpan mutuamente de no poder aprobar los presupuestos de 2019, que el Gobierno riojano retiró del Parlamento regional, casi por sorpresa, el pasado 19 de diciembre.
Un diagnóstico parecido podría aplicarse en el caso de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que, en el caso de Andalucía, la disolución del Parlamento en octubre pasado por la convocatoria de las elecciones del 2 de diciembre frustró todo intento presupuestario.
Bien distinto es el caso de Cataluña, donde el año pasado tuvo que prorrogar los presupuestos de 2017 y, debido a los tira y afloja entre PDeCAT y ERC con los comunes por una parte, y con la CUP, por otra, no ha podido pactar los del ejercicio actual.
Como tampoco lo han conseguido en Euskadi, donde, tras unas extensas negociaciones en las que el Gobierno vasco ha llegado a cruzarse hasta cinco ofertas con EH Bildu, finalmente se han visto abocados a la prórroga.
En Extremadura, la previsión es que los fondos de 2019 queden aprobados por el pleno de la Asamblea regional los días 14 o 15 de este mes, siempre y cuando cuajen las "negociaciones abiertas" que mantiene el Gobierno socialista.
Sí han podido contar con Ciudadanos los gobiernos de Madrid y Murcia, ambos del PP, para sacar sus últimas cuentas de la legislatura, unos cómputos que en los dos casos llevan aparejadas bajadas en el tramo autonómico del IRPF.
Otros socios que han aguantado hasta el final han sido PSPV, Compromís y Podem, que han sacado adelante los presupuestos de este año, con una partida para financiar el copago farmacéutico y 13.000 millones para financiar políticas sociales, como sanidad, educación, servicios sociales, casi un 20 por ciento más que al inicio de la legislatura.
También el Parlamento foral ha dado el visto bueno al nuevo marco parlamentario y lo ha hecho con el respaldo de los cuatro partidos que apoyan al Gobierno navarro (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E), para quienes el 70 % del gasto va a salud, educación y derechos sociales, gracias a la reforma fiscal de 2016 y a la renovación del Convenio Económico con el Estado.
La única comunidad gobernada por mayoría absoluta es Galicia, que además no tiene elecciones este año. La Xunta cumplió los plazos habituales y, en la última mitad del pasado mes de diciembre aprobó las cuentas de este año y rechazó las 1.427 enmiendas de la oposición.
Y aunque no ha sido una legislatura fácil para el asturiano Javier Fernández, en el último pleno del año 2018 logró que vieran la luz los segundos presupuestos de este mandato tras el del 2017, pactado en esta ocasión con Podemos e IU y no con PP y Cs.
Suprimir el copago farmacéutico para 190.000 pensionistas es una de las medidas que recoge el presupuesto del Govern balear para este año, que incluye asimismo 1.000 millones para educación y el doble de presupuesto para el Instituto de la Mujer contra la violencia machista.
Como cada año, Coalición Canaria ha podido aprobar también los presupuestos, en esta ocasión gracias al apoyo del PP, cuando a comienzos de legislatura lo hacía con el PSOE, con quien gobernaba en coalición, y que estipulan una rebaja de la presión fiscal.
Del mismo modo, también quieren "aliviar el bolsillo" de los ciudadanos con las cuentas que el Parlamento de Cantabria avaló para 2019, en las que el Gobierno de PRC-PSOE tuvo como aliado a Ciudadanos.
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