Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El informe en el que la Conselleria de Economía Sostenible se apoyará para llevar a cabo el complejo proceso de reversión del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana tras 25 años en manos de empresas externas dibuja un escenario económico idílico para la Generalitat por los elevados beneficios que le reportará a la administración en comparación con la situación actual.
En concreto, por la gestión directa de las 25 estaciones fijas y seis móviles de ITV actualmente operativas y otras once que entrarán próximamente en servicio, la Generalitat obtendrá desde el primer año un resultado de explotación de nada menos que 40 millones de euros frente a los apenas 7 millones que ingresaría en concepto de cánones si se prorrogasen las concesiones actuales. Los beneficios equivalen al 30% de los ingresos totales, un nivel de rentabilidad impensable para la mayoría de empresas que harán de esta reversión un negocio redondo para la Generalitat.
Con esos números sobre la mesa, no es de extrañar que el informe elaborado por Nuve Consulting en el que se definen las fases y los trabajos para la reversión recomiende de forma contundente al departamento que dirige Rafael Climent que asuma directamente la gestión del servicio. Lo hace porque, en comparación con la situación actual, la prestación directa es la alternativa más ventajosa económicamente porque los ingresos están garantizados y la Generalitat tiene capacidad de sobra para asumir las inversiones que habría que realizar para ampliar la red y mejorar la cobertura de este servicio en la Comunitat.
Lo contrario, según los datos del trabajo, perpetuaría un modelo "muy lucrativo" para las empresas que lo prestan y perjudicial para la Generalitat en términos de coste-beneficio, incluso aunque se renovase la concesión para imponer nuevos cánones. La Agencia Antifraude concluyó en un informe pericial incluido dentro del sumario del caso Erial que la privatización del servicio de ITV que aprobó el Consell de Eduardo Zaplana en 1997 estuvo plagada de irregularidades que ponen en entredicho esas adjudicaciones.
En el primer año de gestión pública, si se mantienen las tarifas actualmente en vigor, la Generalitat ingresaría 76,9 millones por prestar el servicio frente a los 35,9 millones que asumiría por el mantenimiento de las estaciones y el personal, un superávit de 40,9 millones de euros. Al final de la primera década de gestión directa, la Generalitat habrá obtenido 255 millones de beneficio.
El informe encargado por el departamento de Rafael Climent para este complicado proceso de reversión, que ya genera roces en el seno del Consell del Botànic, recomienda la creación de una sociedad mercantil de titularidad pública para prestar el servicio a partir de 2023 porque esta fórmula es la que que más se ajusta a las necesidades de la Generalitat.
En concreto, esta solución permite a la administración acoger en una sociedad instrumental a todo el personal que ahora trabaja en las empresas concesionarias sin necesidad de asumirlos directamente en la administración sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad que se exigen en el acceso a un empleo público.
A ello se suma, además, la posibilidad de que la empresa tenga su propia contabilidad y aborde directamente las inversiones necesarias con sus propios recursos, porque la inversión prevista "no es excesiva" y la previsión de ingresos supera con creces a los gastos de explotación.
La administración, a través de esta empresa, tendrá que subrogarse la totalidad de los 1.200 empleados que trabajan actualmente en las siete empresas que prestan el servicio, con independencia de la modalidad contractual en la que hubiesen sido contratados dichos trabajadores –indefinido, temporal, jornada completa, jornada parcial–, así como también de la situación laboral en que se encuentren (baja, excedencia, etcétera.
CADA UNA DE LAS ACTUALES CONCESIONARIAS SUSCRIBEN 200 CONTRATOS LABORALES AL AÑO POR BAJAS O SUSTITUCIONES
Esa subrogación por parte de esa empresa será una de las partes más complejas del cambio en la gestión. De hecho, no hay que remontarse en exceso en el tiempo para encontrar un ejemplo similar en la frustrada creación de una Empresa Pública de Salud (EPS) para asumir al personal del Hospital de Torrevieja que finalmente no verá la luz por la oposición de los trabajadores afectados y de dos de las tres patas del Botànic: Compromís y Unides Podem.
"La creación de la sociedad interpuesta (ente público instrumental) es una de las formas de gestión directa, especialmente constituida para dar cobertura a los aspectos laborales, y evitar posibles reparos jurídicos de que se incorporan trabajadores a la Administración sin procesos selectivos que reúnen los requisitos de igualdad, mérito y capacidad", reza el estudio.
El informe subraya que la subrogación de esos 1.200 trabajadores de las ITV no implica en ningún caso que los trabajadores de dichas concesionarias pasen a formar parte del personal propio de la Generalitat. Según la consultora que firma el trabajo, deberían hacerlo como trabajadores indefinidos no fijos, aunque la fórmula que ha aplicado la Generalitat reversiones previas mediante sucesión de empresa es la de "personal a extinguir" porque la anterior solo puede declararse por sentencia judicial.
Como idea de la complejidad que implica el encaje laboral del personal, Nuve Consulting recuerda que cada una de las siete empresas concesionarias que actualmente se reparten las estaciones celebran cada año 200 contratos de trabajo para cubrir bajas, permisos y vacaciones e insiste en la idoneidad de crear para ello una sociedad mercantil de capital exclusivamente público
Para redactar el convenio colectivo, la consultora recomienda tomar como referencia el de Cataluña porque es el único existente referido al sector de las inspecciones técnicas de vehículos.
La negociación del mismo implicará un incremento de los costes laborales agregados en comparación con los actuales. De hecho, en su proyección de beneficios, el informe descuenta que la Generalitat va a tener que asumir un sobrecoste de personal de como mínimo el 25%, pero advierte de que factores como la propia negociación del nuevo convenio colectivo, ineficiencias en el trabajo, etcétera pueden elevar ese sobrecoste laboral hasta el 45%.
Con todo, partiendo de esa base de un incremento del 25% en los costes laborales, el beneficio de explotación en el primer año de gestión pública directa del servicio sería de 40,9 millones de euros, mientras que si ese sobrecoste se elevase hasta el 45%, la Generalitat aún obtendría 29,9 millones de euros una vez descontados los costes de explotación.
Aunque la oscilación en el coste de personal es la que más impactará en la rentabilidad del servicio, el estudio también estima qué impacto tendría una posible desviación en las inversiones que la Generalitat llevará a cabo en la implementación de once nuevas estaciones y el mantenimiento del resto. Con todo, el impacto previsto es poco relevante, ya que la diferencia es de apenas 700.000 euros entre el mejor y el peor de los escenarios.
Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con un parque de 25 estaciones fijas de ITV, seis estaciones móviles y siete unidades móviles, distribuidas en las tres provincias. Las estaciones se agrupan en siete lotes distribuidos por zonas geográficas, un régimen de exclusividad territorial para cada uno de los siete empresas concesionarias que hoy en día prestan el servicio de ITV.
El informe propone una fase de expansión escalonada con la implementación de once estaciones en cuatro etapas. La primera estará en Torrent y entrará en servicio antes de 2023 como estación piloto para formar equipos de trabajo. En la primera fase de expansión se implantarían las estaciones de Novelda y Vall d'Uixó. En la segunda fase de expansión se implantarían las estaciones Alcalà de Xivert, Sant Joan d'Alacant, L'Alcudia y Chiva. En la última fase de expansión se implantarían las estaciones Benlloc, l'Alcora, Calp y Guardamar.
La consultora propone a Economía licitar la construcción y equipamiento de estas estaciones en dos únicas fases: una para Torrent y otra para las diez estaciones restantes. El coste estimado por estación es de 745.440 euros, por lo que la inversión anualizada que la Generalitat tendría que realizar en el despliegue de estas estaciones sería de 723.570 euros este mismo año para la construcción de la ITV de Torrent; 1,49 millones en 2023 para la construcción de Novelda, Vall d'Uxo, y Alcalà de Xivert; 3 millones para Sant Joan d'Alacant, L'Alcudia y Chiva en el 2024; y otros 3 millones en 2025 para Benlloc, l'Alcora, Calp y Guardamar.
La inversión total se eleva a 8,31 millones de euros y no requerirían de financiación externa puesto que serían cubiertos con los beneficios obtenidos por la Generalitat, incluso en el año de la construcción de la planta piloto de Torrent, previa a la reversión.
En el momento en el que conoció el contenido de este informe, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA) denunció que la previsión de ingresos de 39,3 millones anuales tras la reversión no es real puesto que tanto los cálculos de plantilla como las cuentas que presenta están "sesgados".
Según las ITV, este estudio no tiene en cuenta el coste de la subrogación de empleados, un 33% más de los que contempla el informe, ni contempla sus costes reales. Además, las empresas defienden que actualmente las ITV que operan en la Comunitat generan más de 20 millones a las arcas públicas, muy por encima de los 7,6 millones de euros de ingresos por cánones en los que se basa el informe para concluir que la reversión del servicio es la opción más beneficiosa para la administración.
