ALICANTE. Al caso Fitur de la Diputación de Alicante, que destapó el grupo Compromís al detectar múltiples adjudicaciones irregulares en el Patronato de Turismo durante la etapa de José Joaquín Ripoll como presidente, le queda sólo una pequeña rendija para seguir vivo: el recurso que presente el grupo valencianista ante la Audiencia Provincial. Todas las demás vías han quedado ya cerradas: tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio Compromís reclamaron que la causa fuera declarada compleja para poder alargar la investigación e, incluso, el fiscal presentó recurso para evitar el archivo provisional, pero ni lo uno ni lo otro. Todo ha quedado desestimado.
Así que ante esta situación, a Compromís sólo le queda la baza del Audiencia Provincial. De lo contrario, el caso entrará en vía muerta definitivamente, como ya lo anunciara el pasado septiembre. Así que de momento, se ha formalizado ese recurso, la última opción posible. Hay que recordar que el caso Fitur en la Diputación de Alicante saltó a la luz pública en febrero de 2017.
Compromís detectó, en la comisión de investigación sobre los Gobiernos de la etapa de Ripoll, contratos por valor de 3,2 millones de euros en el montaje de stands de Fitur que eran adjudicados masivamente a las empresas Exporiggins y Stands Molinos, empresas ya procesadas en el caso previo que también afecta al Partido Popular y su gestión en el Ayuntamiento de Orihuela. Las contrataciones se iniciaron en 2004, siendo las del año 2006 las de más relevancia al superar el millón de euros.
La coalición expuso que durante esa etapa "el modus operandi de la trama era "idéntico al empleado en el caso de Fitur de Valencia y que ha acabado con una condena ejemplar a la antigua consellera de Turismo, Milagrosa Martínez".
Así, se refiere a "adjudicaciones express aprovechando fechas de festividad para evitar que otras empresas concursaran, falseamiento de la oferta al adjudicarse pidiendo oferta a empresas pantalla que eran de los mismos propietarios o adjudicación de concursos a las ofertas más costosas mediante criterios subjetivos".
El caso fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, que llevó el caso ante el juzgado número 7, pero el juez sólo imputó a cuatro personas -los exdirectores económicos del Patronato de Turismo Costa Blanca Ana Kringe y Miguel Juan Baldó y dos empresarios- de las que sólo dos prestaron declaración. Hay que recordar que las investigaciones denunciadas se circunscribían a los años 2007 y 2008, pues los presuntos delitos cometidos en anteriores ejercicios habrían prescrito, de ahí que tanto Compromís como el fiscal solicitaran que la investigación se alargara en el tiempo.
