Isabel Bonig, presidenta del PPCV. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La querella interpuesta por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) a raíz de la cual se investiga el presunto fraude de subvenciones cometido por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, empieza a dibujar escenarios judiciales tristemente conocidos. De hecho, algunas de los mecanismos de actuación denunciados se parecen, y mucho, a los utilizados en el caso Nóos.
Junto a Puig también está acusado, por prevaricación y malversación, el director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, responsable de la fiscalización de las ayudas al fomento del valenciano en los medios de comunicación. Ambos deberán dar explicaciones el próximo día 10 de diciembre como imputados.
Para que sus empresas de comunicación Mas Mut y Comunicacions els Ports recibieran subvenciones de tres comunidades diferentes por un valor de 600.000 euros en cuatro años, Francis Puig habría realizado movimientos con las facturas de justificación de gastos muy parecidos al visto en otras causas de este tipo, como el caso Nóos, pues habría duplicado las mismas facturas para justificar gastos en varias subvenciones en diferentes comunidades, según la querella del PPCV.
Valencia Plaza ha contrastado el escrito acusatorio con expertos en la materia que aseguran que "no se puede utilizar la misma factura para justificar los gastos en varios sitios a la vez", algo que, según los querellantes, el hermano del presidente hizo año tras año entre el 2015 y el 2018. Como ejemplo de ello, los populares han aportado las facturas de la luz, de teléfono e incluso del gestor que se presentaban como justificantes. Una táctica que utilizó no solo en la Comunitat, sino en Aragón y Cataluña.
El modus operandi era simple: la misma factura se utilizaba, presuntamente, para justificar varias subvenciones de ambas empresas cuando se presentaban en diferentes comunidades e incluso dentro de una sola. Esto sería ilegal porque, obviamente, la factura eléctrica ya estaría subvencionada con la primera de las ayudas recibidas. Pero es que, además, ambas empresas tienen la misma dirección, por lo que no se puede utilizar la misma factura como si la hubieran pagado dos veces o incluso tres veces.
La querella añade que Francis Puig metió en concepto de gastos de Comunicacions els Ports facturas de Mas Mut, su otra empresa, que "también se encuentran duplicadas o triplicadas", lo que a su juicio es "todavía más grave". En el caso Nóos se acusó a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres de utilizar esta treta, además de facturas falsas, para conseguir dinero público de la Generalitat valenciana y de Baleares, aunque en algunos casos la Abogacía de la Generalitat se negó a abonarlas.
El otro punto caliente de la querella es lo que el PPCV tacha de "faltar a la verdad". Las empresas bajo sospecha se presentaron para recibir ayudas de tres gobiernos autonómicos diferentes, en este caso, Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón. En las tres se presentaron para el mismo tipo de subvención: fomento del valenciano/catalán para medios de comunicación social.
Pues bien, en el apartado E de dichas solicitudes, el hermano del presidente "declaró no haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad, lo que a juicio de los populares haría que estuviera "incumpliendo así sus obligaciones exigidas para la concesión de tales subvenciones". Por tanto, Francis Puig habría mentido para poder acceder a todas las ayudas en las tres comunidades autónomas, según los populares.
En cuanto al director de Política Lingüística Rubén Trenzano deberá aclarar, entre otros muchos extremos, como se aceptó la existencia de cláusulas sociales en los años 2015 y 2016, cuando la certificación del plan de igualdad se otorgó a partir del 2017 y hasta el 2020, lo que haría inválidas las subvenciones del 2015 y 2016.
En la querella también aparecen datos aportados por Francis Puig cuanto menos extraños. Ello, a juicio del PPPCV demostraría que las empresas del hermano de Puig no cumplían los requisitos exigidos para la concesión de las subvenciones anteriormente acreditadas y, por consiguiente, las ayudas no deberían haberse dado.
Entre la información que se puede leer en la denuncia se encuentra que la subvención no cumple con el requisito de audiencia porque, según la empresa, la audiencia estimada de la televisión es de 35.000 espectadores en una población de 5.266 habitantes (INE). Este volumen de audiencia le sirvió para obtener una subvención de 17.361 euros. Es decir, si son ciertos los datos que aporta la empresa, "todos los habitantes de la comarca ven simultáneamente el mismo canal en siete televisores distintas a la vez".
El director general de Política Lingüística tiene otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de València por un tema vinculado a ayudas para el fomento del valenciano, también relacionadas con los hermanos del presidente.
El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente y que no había evidencias de irregularidades en las ayudas dadas a Mas Mut Producciones y Comunicacions dels Ports, vinculadas ambas los dos hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
