VALÈNCIA. El debate sobre el referéndum catalán que, previsiblemente, se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, ha traspasado las fronteras de dicha comunidad autónoma. El enfrentamiento entre administración central y Generalitat de Catalunya no solo ha ocupado planas de periódicos. También se ha colado en las conversaciones e iniciativas del resto de parlamentos y gobiernos autonómicos. Y siendo la Comunitat una autonómica vecina, era inevitable que las réplicas de dicho terremoto político no llegaran a tierras valencianas.
Preocupados por la deriva que está adquiriendo esta situación e intentando jugar el papel de mediador entre los distintos partidos políticos, Podemos organizó el pasado fin de semana en Zaragoza un reunión de altos cargos de la formación y de otros partidos para debatir sobre la cuestión catalana. Con ese espíritu de dialogar, los morados plantearon este miércoles en Les Corts Valencianes un texto al respecto con la intención de registrarlo como declaración institucional.
Sin embargo, la negativa de PP, Ciudadanos y PSPV a respaldarlo, cambiaron el sentido del escrito, que finalmente fue registrado como Proposición No de Ley de tramitación inmediata. El objetivo era que, debido a esta consideración especial, la propuesta fuera debatida en la Cámara valenciana de manera urgente por las estrecheces del calendario: quedan cuatro días para la hipotética celebración del referéndum catalán y ya no hay más sesiones plenarias antes de esta fecha.
La PNL presentada por Podemos pretendía que el Consell instara al Gobierno central a iniciar "un proceso de diálogo con la Generalitat de Cataluña y el conjunto de actores políticos para buscar soluciones políticas sin condiciones ni restricciones" de manera que se permitiese a los ciudadanos catalanes decidir su futuro "en un referéndum pactado con el Estado". Es decir, para que éste pueda realizarse con garantías democráticas y legales.
La petición de los morados, no obstante, iba más allá: pedían al Ejecutivo valenciano que instase al Estado a que permitiese que el 1 de octubre "la ciudadanía catalana exprese su voluntad en los términos que consideren". A su vez, también solicitaban que ambos agentes diesen un paso atrás en todas las medidas adoptadas que no siguen "los procedimientos que la propia Constitución Española recoge"; a "cesar la política de represión", ya que de esta manera se amenazan las "libertades fundamentales constitutivas de la democracia", así como parar cualquier "acción de fuerza" prevista en Cataluña; y a "permitir el ejercicio de las libertades de expresión e ideológica en todo el territorio del Estado", para garantizar "la integridad física de los ponentes y personas que asistan".
La propuesta de Podemos, sin embargo, chocó con la negativa de los socialistas. En opinión del síndic del PSPV, Manolo Mata, el Parlamento valenciano no tendría "que recriminar, cuestionar o insinuar decisiones de otra comunidad autónoma ni el Congreso de los Diputados". Con esas razones, confirmó que no "iban a respaldar la tramitación de una PNL inmediata", ya que su grupo parlamentario tampoco ha firmado ninguna de este tipo durante esta legislatura.
Al margen de las diferencias sobre la conveniencia de tramitar o no la PNL, los socialistas también recordaron que su posicionamiento estaba alejado de los defendido en ese texto por Podemos. Mata resaltó que la postura de los del puño y la rosa es "defender la legalidad vigente, criticar algún exceso que se pueda hacer desde algunas instituciones del Gobierno del Estado y, a partir de ahí, buscar una solución el día después para una integración y habitabilidad de todas las nacionalidades del Estado español en armonía".
"Quien quiera sacar una miserable rentabilidad política en el corto plazo se está equivocando. España se juega demasiado, Cataluña se juega demasiado y los valencianos nos jugamos demasiado porque es nuestro primer comprador, vendedor y nos unen muchos lazos históricos y culturales", agregó el portavoz, que también advirtió que ninguna formación política iba a contar con el PSPV para "hacer oportunismo".
Una posición que no coincidía con sus socios en el Ejecutivo valenciano, Compromís. Pese a la tensión que se ha producido en el seno de la coalición a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de pedir al presidente catalán, Carles Puigdemont, que no celebrase el referéndum el próximo domingo, el síndic de Compromís, Fran Ferri, manifestó que compartía el contenido de la PNL.
Con ello, la coalición -que aglutina al Bloc, Iniciativa y Verds-Equo- y Podemos hacían piña tanto para debatir la iniciativa como para defenderla y se distanciaban de la otra fuerza integrada en el acuerdo del Botánic. "Es normal que el PSPV no apoye la tramitación de esta PNL. Son coherentes con la posición expresada por su síndic en su día de no firmar PNL con esta consideración", trató de quitar hierro Ferri.
Si el curso político acabó con roces entre los dos socios del Consell -PSPV y Compromís-, el nuevo ha empezado con posturas divididas entre las tres fuerzas del Botànic. La votación de la propuesta de resolución sobre la tasa turística en el pasado Debate de Política General o la implantación del sistema de reciclaje SDDR ya mostraron diferencias entre la formación del puño y la rosa con la coalición nacionalista y Podemos. Unas distancias que se han comprobado de nuevo este miércoles con los posicionamientos respecto al referéndum catalán.