VALÈNCIA. La nueva propuesta que Compromís preparar para sustituir la Proposición No de Ley con la que pretendía imponer una tasa a determinados productos con un elevado porcentaje de azúcar o grasas se limitará exclusivamente a las bebidas azucaradas y excluirá a la bollería industrial. Según explicaron fuentes de la formación conocedoras del contenido de la iniciativa, esta nueva versión más laxa de la iniciativa pretende ser un gesto ante un sector con una implantación importante en la Comunitat frente a otro, el de las bebidas, cuya presencia es mucho menor.
Tal y como avanzó Valencia Plaza, Compromís ha retirado la Proposición No de Ley presentada en Les Corts para imponer una tasa a determinados productos inspirada en el gravamen que ya se encuentra en vigor en Cataluña. El objetivo sería desincentivar el consumo de aquellos productos cuyo consumo, por su composición nutricional, resultan menos apropiado, especialmente entre niños y jóvenes.
Sin embargo, la medida suscitó un fuerte rechazo empresarial tal y como estaba planteadas inicialmente, por lo que desde la patronal autonómica CEV se constituyó antes del verano un grupo de trabajo que inició una ronda de negociación con los grupos de Les Corts para modular la propuesta. Al frente de la misma se han situado empresarios con intereses en el sector afectado como el del presidente de la Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunitat (Fedacova), Federico Félix, quien también es dueño de Helados Estiu, o el consejero delegado de Dulcesol, Rafael Juan.
Como resultado de esas conversaciones, los empresarios obtuvieron la promesa de que la PNL no saldría adelante en su versión más dura contra los productos azucarados o con elevado porcentaje de grasa. Este era un planteamiento esencial en la postura empresarial al entender que la propuesta demonizaba determinados productos.
No obstante, la CEV no contaba con que la coalición plantease un nuevo texto con condiciones revisadas respecto al primero, por lo que está a la espera de que se les traslade el borrador de esta última versión.
La intención de Compromís era que todo lo recaudado con el nuevo gravamen fuera destinado a desarrollar programas de mejora de los hábitos alimenticios de las personas o a incrementar la concienciación social ante los problemas de salud derivados de una mala alimentación. Con ello, querían combatir el aumento de los índices de obesidad que reflejaba el último informe la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De manera paralela a la regulación que pretende implantar en la Comunitat, los diputados de esta coalición en el Congreso han conseguido que la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales aprobase una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que en el etiquetado de los productos se especifique la cantidad de azúcar añadido. La propuesta contó con los votos favorables de Unidos Podemos, ERC y del PSOE. PP y Ciudadanos se abstuvieron.