VALÈNCIA. La patronal autonómica Cierval avanza hacia su extinción definitiva. La organización que preside José Vicente González formalizó este martes la salida de las trece personas que aún estaban empleadas en la confederación, que está en pleno proceso de liquidación de sus bienes para abonar las cantidades que han quedado pendientes de pagar a la plantilla.
El ERE de extinción forma parte del proceso de liquidación dictado por el juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia el pasado 11 de abril. Tras la solicitud de concurso planteada por la patronal, la jueza acordó directamente la extinción si ni siquiera nombrar a un administrador concursal por la insuficiencia de bienes para hacer frente a todas sus deudas.
Posteriormente se nombró una comisión liquidadora integrada por el propio José Vicente González, el empresario Vicente Lafuente y el tesorero de la patronal, Cristóbal Aguado.
Según explicaron fuentes de la organización, la relación laboral que aún existía con los trabajadores se extinguió este martes. Los liquidadores intentarán abonarles todos los días trabajados hasta ahora, pero de momento se han marchado con parte de la nómina de abril sin cobrar.
El lunes se les abonó una parte de las nóminas pendientes y el resto queda pendiente de la venta de los pocos bienes que posee la organización empresarial. Para ello, los liquidadores han realizado un inventario de los muebles que están en el edificio para elaborar un pliego y proceder a su venta. La recaudación irá destinada a pagar las cantidades que han quedado pendientes con la plantilla.
Los liquidadores confían en poder saldar próximamente toda o parte de esa deuda correspondiente a las nóminas porque se está negociando la venta del coche propiedad de la organización que el presidente utilizaba para sus desplazamientos.
En cuanto a las indemnizaciones, será el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que se haga cargo porque la organización no puede hacerles frente.
Cierval no tiene bienes más allá de los muebles y el vehículo. El palacete en el que tiene su sede forma parte del patrimonio sindical que en su momento le fue cedido por la valenciana CEV. La organización que preside Salvador Navarro ya ha anunciado que su intención es ponerlo a disposición de sus asociados para que puedan utilizarlo.
En el auto en el que dictó la extinción de la organización, la jueza destacó que no cabía esperar la obtención de nuevos ingresos con los que afrontar las deudas. "Resulta materialmente imposible la percepción de subvenciones al existir procedimientos de reintegro de subvenciones por la suma de 1.000.565,26 euros, que imposibilitan la percepción de nuevas subvenciones, principal fuente de sus ingresos", reflejó la magistrada en el auto.
Estos reintegros a la Generalitat Valenciana corresponden a convenios ejecutados por la castellonense CEC y la alicantina Coepa que la Generalitat Valenciana entiende que no se justificaron adecuadamente, de ahí que reclame su reintegro.
Hasta ahora era Cierval la que respondía por las reclamaciones que no podían afrontar sus entidades fundadoras, que ahora tendrán que hacerse cargo de sus respectivas deudas ante la Generalitat.