LA NUCÍA. El Ayuntamiento de La Nucía celebró esta semana un pleno extraordinario a petición de los grupos de la oposición. El objetivo era que se les explicara la gestión que está haciendo el gobierno del PP en el municipio en materia urbanística. La sesión duró alrededor de 18 minutos, de los cuales, los últimos siete fue el turno de palabra de los portavoces de la oposición. Así, el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, se limitó a leer un informe que habían entregado previamente a la oposición. Ésta salió insatisfecha del pleno después de comprobar que no había más que un informe y se remontaba sólo a junio de 2015.
El documento, elaborado por J&A Garrigues -los asesores jurídicos externos recién contratados-, consta de cuatro páginas que resumen escuetamente diferente aspectos de la materia, todos referidos a la presente legislatura.
En primer lugar, enumera los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de La Nucía con propietarios y empresas a cambio de Unidades de Aprovechamiento Urbanístico (UDE) de los Planes Parciales de La Nucía, así como reclamaciones existentes en relación a estos convenios. Así, desde junio de 2015 y según los datos facilitados a los asesores por parte del ayuntamiento, ha formalizado cuatro.
Según consta en el informe al que ha tenido acceso Alicante Plaza, todos ellos están situados en La Serreta y se han aprobado en 2017, tres de ellos en el pleno y uno por la junta de gobierno local, justo la que está aún pendiente de firmar en el momento en el que se elaboró el escrito.
"En estos momentos se encuentran en fase de negociación otros Convenios, todos ellos con idéntica finalidad de anticipar la cesión de terrenos dotacionales a favor del Ayuntamiento con el fin de posibilitar la ejecución de dotaciones e infraestructuras que son necesarias para el Municipio", finalizan los asesores en este apartado.
Hay que tener en cuenta que todo ello está cuestionándose mientras está pendiente de aprobar el nuevo Plan General. En este sentido, la oposición quiso que se aclarara si con estos convenios se está cumpliendo con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Para los asesores jurídicos, se presupone que está en concordancia puesto que la Revisión del PGOU ha "sido consensuada con los órganos competentes de la Generalitat para la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica".
Asimismo, asegura que los convenios formalizados no alteran esta estrategia comunitaria "en la medida que su finalidad no es otra que favorecer, anticipadamente la ejecución de dicho Modelo Territorial consensuado entre el Ayuntamiento y la Conselleria".
En cuanto a la pregunta efectuada sobre dónde se materializará el aprovechamiento urbanístico que le corresponde a cada propietario, responden que "será reconocido en los mismos Sectores donde se ubican los terrenos como regla general".
Por último, aclaran que en caso de que no se puedan llevar adelante estos convenios, explican que hay cuatro años para hacerla efectiva, y en caso contrario, el propietario podrá instar la expropiación forzosa de su reserva de aprovechamiento. Así, el convenio acabaría en el justiprecio para valorar los terrenos, y en caso de que no se actúe de oficio por parte del Ayuntamiento, elevar lacuestión al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante si el consistorio no acepta la hoja de aprecio del propietario.
Después de que el edil leyera literalmente este documento, el alcalde dio la palabra a los portavoces de la oposición, advirtiendo que no se crearía debate puesto que se trataba de dar cuenta del informe. Así, la primera en tomar la palabra fue la líder de los socialistas, Pepa Ivorra, que criticó que el informe solo hiciera referencia a esta legislatura. "De momento es muy corta y son pocas cosas las que se han hecho a nivel urbanístico", comentó durante su intervención. Además, preguntó por qué no se informaba de los expedientes abiertos otros años.
Asimismo, dijo echar en falta que no hubiera ningún informe de intervención, de secretaria, y el arquitecto municipal, algo que objetó también Cs y Compromís. "Es un informe muy sesgado y que no cumple con la pretensión del pleno", concluyó.
Por su parte, el edil de Compromís, Pep Pastor, se refirió también al periodo informado, por lo que consideró que no se había dado traslado de la "realidad del municipio ya que oculta información". El concejal pidió que se elaboraran informes por parte de los tres departamentos mencionados anteriormente. Pastor aseguró que todo lo que está proyectado construir no se podrá efectuar. Por último, propuso que recabaran toda la información urbanística y concretar una reunión con conselleria para buscar una acuerdo sobre la gestión urbanística municipal.
A continuación, tomó la palabra Rafael Congost, portavoz de Ciudadanos. El regidor recordó que la "reforma de la SEU o la construcción de las rotondas que se tendrían que haber pagado en UDES, que al final no pudo ser por la paralización de los PAIS, se han acabado pagando, tras sentencias, en metálico con intereses y a base de créditos". Seguidamente, añadió "el litigio que se mantiene, por el incumplimiento del convenio, con los propietarios de los terrenos que ocupan los accesos y parte del pabellón de la Ciudad deportiva".