MADRID. (EFE) El anuncio del Ministerio de Fomento de eliminar los peajes de las autopistas una vez que expire su concesión ha abierto un debate sobre el modelo de financiación de las vías de alta capacidad que, en la gran mayoría de los países europeos de nuestro entorno, incorporan también sistemas de pago.
Esta medida afectará en primer lugar a la autopista AP-1 que une Burgos y Armiñón y cuya concesión finaliza el próximo 30 de noviembre. Le seguirá la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 que conecta Sevilla y Cádiz, en diciembre de 2019.
Aunque el nuevo titular de Fomento, José Luis Ábalos, ha reconocido esta misma semana que "gratis, gratis no hay nada", ya ha avanzado la necesidad de reflexionar sobre la viabilidad y la sostenibilidad de la red pública de autopistas de peaje, que en los cinco primeros meses del año ha incrementado su tráfico un 2 % hasta contabilizar una intensidad media diaria de 17.402 vehículos.
UGT ya ha advertido sobre el futuro de los 1.300 trabajadores asociados a estas vías, mientras que el presidente de Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias, Julián Núñez, ha lamentado que el nuevo Gobierno vaya en una dirección contraria a la del resto de Europa.
En Francia, la red nacional de autopistas y carreteras de alta capacidad gratuitas asciende a 12.000 kilómetros, mientras que las autopistas de pago suman 9.000 kilómetros, según explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
Las autopistas de peaje son propiedad del Estado, aunque son las empresas privadas las que se encargan de su construcción, mantenimiento y explotación, como en España.
Autopistas como la A20 o la A75 se realizaron únicamente con recursos públicos al tratarse de infraestructuras clave para el territorio, pero las nuevas normalmente son objeto de una concesión que incluye la aplicación de peajes. Aunque van en relación con las prestaciones, es habitual en Francia escuchar quejas por el alto precio de los mismos.
En Italia la mayoría de las autopistas y autovías son de peaje y están gestionadas por empresas privadas que se ocuparan de su construcción y su mantenimiento.
Hay varios sistemas de pago, entre ellos, una tarifa fija independientemente del trayecto que se recorra y una vez que se termina la concesión, las empresas pueden pedir su renovación o participar de nuevo en el concurso que convocará el Ministerio de Transportes.
En Portugal hay 14.313 kilómetros de carreteras, de los que 3.065 corresponden a autovías con peaje, que están casi en su totalidad concesionadas a empresas privadas responsables de su mantenimiento.
Cuando termina el periodo concesional, regresan a manos del Estado, aunque es poco probable, puesto que es habitual que se renueven periódicamente los contratos de concesión y la fecha de finalización se vaya retrasando.
En la actualidad los pocos kilómetros nuevos que se realizan se hacen a través de concesiones.
Los precios suelen ser algo más caros que en España y también existe un debate por el elevado precio de los mismos, pero no por la fórmula de explotación de las autovías.
En Alemania se introdujo formalmente el peaje para las autopistas nacionales en 2016, aunque el cobro real sólo empezará a realizarse cuando esté a punto la infraestructura necesaria. El importe recaudado irá a las arcas públicas y deberá ser destinado a la construcción de nuevas vías y al mantenimiento de las existentes.
La introducción del sistema de peajes estuvo precedido de un debate de años e incluso llegó a ponerse en dudas que fuera compatible con el derecho europeo.
En el Reino Unido, por su parte, existe una red de carreteras de unos 422.100 kilómetros, de los cuales en torno a 24.570 kilómetros corresponden a vías de gran capacidad, como autopistas o autovías, que funcionan en general sin peaje.
Desde 1937, la construcción y mantenimiento de la red viaria se sufraga a través de impuestos y la única autopista con peaje es la M6, en el centro de Inglaterra.
La carga fiscal sobre los conductores es siempre un tema de debate cuando en noviembre se presentan los presupuestos generales del Estado.
