Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Primero fue el adelanto electoral. Ahora, la pandemia del coronavirus. La nueva Ley del Juego de la Comunitat Valenciana que tramitaban los partidos en Les Corts Valencianes tendrá que esperar para poder ver la luz. La emergencia sanitaria que atraviesa el país obligó este jueves a que el Parlamento valenciano cerrara sus puertas y cancelara el calendario parlamentario aprobado en diciembre de 2019, al inicio del periodo de sesiones.
No es la primera vez que esta norma tropieza y su validación se ve obligada a posponerse. El adelanto electoral en marzo de 2019 decretado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, para hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales de abril dejó en el cajón una quincena de leyes valencianas. Entre ellas, la Ley del Juego.
El proyecto legislativo cuya principal pretensión era poner freno al auge de la ludopatía en la Comunitat Valenciana fue aprobado por el primer Gobierno de PSPV y Compromís en 2018 y remitido al Parlamento valenciano, donde los partidos realizaron sus enmiendas pero finalmente quedaron pendientes de votarse porque se disolvió la Cámara.
En los meses posteriores se sucedieron las campañas electorales y se constituyó el gobierno autonómico hasta que el Consell del Botànic II, esta vez integrado también por Unides Podem, decidió retomar la tramitación de esta normativa. Cuatro meses después de haber constituido el Ejecutivo y haber repartido las competencias entre PSPV, Compromís y los morados, la Conselleria de Hacienda volvió a presentar el mismo proyecto de Ley del Juego que ya presentó en 2018.
El motivo por el que no cambiaba nada de su contenido respecto al registrado exactamente un año antes se debía sencillamente a que de esta manera el texto legal no debía enfrentarse de nuevo al informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) o del Consejo Económico y Social (CES), entre otros. En definitiva, para agilizar su tramitación. Ahora bien, el retraso de cuatro meses para presentar el idéntico proyecto de ley seguía siendo inexcusable, dado que el texto era el mismo de 2018 y podría haberse presentado al inicio de la legislatura.
Desde entonces, los partidos en Les Corts Valencianes estuvieron trabajando en él para presentar sus enmiendas. Incluso, en esta ocasión se produjo un hecho insólito: los partidos del Botànic II presentaron enmiendas por separado. Un hecho que hasta el momento no se había producido con ningún proyecto de ley presentado por el propio Gobierno. La maniobra molestó especialmente al departamento que dirige Vicent Soler, ya que esta reacción de los partidos derivó también en que el número de modificaciones legales que se presentaron a la Ley del Juego se triplicaran, pues muchas enmiendas presentadas por PSPV, Compromís y Unides Podem guardaban la misma esencia y en total superaron el centenar.
Con todo y tras una reunión de los grupos parlamentarios socialistas, valencianistas y morados en la Conselleria de Hacienda, el tripartito retiró las enmiendas que había presentado cada formación de manera individual y acordaron registrar el día en que se celebrara la comisión modificaciones legales conjuntas. Enmiendas que giraban en torno a la distancia mínima a los colegios que debían respetar los salones de juego, repercusiones en la publicidad institucional que recibieran los medios que anunciaran apuestas o cuestiones que afectaban a la renovación de las licencias.
Así, el pasado 10 de marzo, los partidos votaron en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes las enmiendas conjuntas que habían registrado; incluidas las que apenas unas horas antes el Botànic II había presentado. Con ello, tan solo quedaba fijar la tramitación del dictamen y votación de la nueva ley del Juego en un pleno del Parlamento valenciano. Un paso que, por el momento, deberá esperar.
-Distancia a los colegios. Uno de los principales acuerdos alcanzados por el tripartito es el que se refiere a la distancia mínima que deben respetar los nuevos salones de juego respecto a los centros escolares o centros de salud. Socialistas, valencianistas y morados aprobaron en la comisión que el espacio que deberán respetar los operadores es de 850 metros, tal y como anunciaron hace unas semanas. Ahora bien, con un matiz significativo: el método para medir esta distancia no será radial, sino de dominio público -es decir, por trayecto peatonal-, con lo que se reduce considerablemente el espacio afectado por esta nueva cláusula.
-Licencias. Una vez se apruebe la ley, esta parte del articulado no solo afectará a locales de nueva apertura, también a los salones ya operativos una vez caduquen sus licencias. Es decir, aquellas casas de apuestas que ya se encuentren en funcionamiento porque obtuvieron la licencia de apertura y actividad con la ley actualmente en vigor de 1988, podrán seguir operando hasta que finalice su permiso. Pero una vez venza, si desean renovar la licencia, deberán cumplir lo que dice la nueva normativa. O lo que es lo mismo, si se encuentran a una distancia inferior a la que marque la nueva legislación, tendrán que traspasar el local.
-Excepciones. El tripartito eximirá de cumplir este trecho de 850 metros a los colegios a los casinos y bingos. En el primer caso, explicaron en su día que tenían una serie de controles muy estrictos de acceso y no era un tipo de negocio al que solieran tratar de entrar menores. Respecto al segundo, consideraban que ya contaban per se con una baja afluencia de público. Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta esta distancia en el caso de las tragaperras de los locales de hostelería.
-Publicidad. En un principio, Compromís había propuesto prohibir la publicidad institucional de la Generalitat en los medios que incluyeran anuncios de apuestas entre sus páginas. El PSPV, por su parte, puso encima de la mesa la posibilidad de que la Generalitat otorgara "ayudas, subvenciones y/o incentivos fiscales para clubes deportivos y medios de comunicación (especialmente online) que rechacen financiarse a través de publicidad vinculada con el juego con los operadores de juego". Ninguna de estas finalmente se llevó a la comisión. Las pretensiones fueron rebajadas sustancialmente: el tripartito aprobó una enmienda que establecía simplemente que la Generalitat concedería subvenciones a aquellos medios de comunicación y clubes deportivos que hicieran campañas contra la ludopatía.
