La juez de los ERE imputa a la exdirectora del IVEX y exalto cargo de Aznar, Carmen de Miguel

SEVILLA (EP). La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y ha incluido como investigados en la misma a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

Entre los investigados está la que fuera ex directora general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), Carmen de Miguel, exempleada de Cámara España y actualmente en la Cámara de Comercio de Valencia.

En un auto fechado el día 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta nueva pieza separada de los ERE a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Asimismo, y por las ayudas concedidas en 2003 a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.

La instructora investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el caso de Carmen de Miguel y Soledad Córdova pone de manifiesto que ambas habrían cometido dichos delitos "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

La juez, que centra la investigación en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis --Bolsa de Tharsis e Insersa-- y Minas de Río Tinto, asevera que la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los extrabajadores de la Faja Pirítica "ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado" de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.

Intrusos

De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que "nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica" y a la asignación de coeficientes reductores "falseados" para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que "como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'".

Asimismo, la instructora señala "el papel jugado" en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados a través de sus representantes sindicales "y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter".

A su juicio, "las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos".

La juez relata que fue el 11 de septiembre de 2002 cuando se firmó el acuerdo marco para la aplicación de las medidas sociolaborales para la crisis de la Faja Pirítica por parte del subdelegado del Gobierno en Huelva, el delegado provincial de Empleo y los representantes sindicales de Huelva.

En este acuerdo, según la instructora, se expone que "ante la difícil situación por la que pasan las explotaciones mineras ubicadas en la Faja Pirítica de Huelva, teniendo en cuenta la cuantía de las deudas que contraen los firmantes del mismo, consideran necesaria la aplicación de medidas sociolaborales, las cuales se dividen entre las administraciones".

El 29 de abril de 2003, la Consejería de Empleo y los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía firmaron en Huelva un protocolo de colaboración donde acordaron desarrollar el acuerdo marco referido ampliándolo a los denominados 'colectivos históricos' en el apartado de 'otros compromisos', y que son Bolsa de Tharsis, Insersa e Históricos MRT del año 1997.

Ese mismo día, y según expone la magistrada, los mismos participantes firmaron el protocolo de actuaciones para las prejubilaciones, por el cual la Junta "provisiona seis millones de euros como parte del pago de la cuota por las prejubilaciones", adquiriéndose el compromiso por el colectivo de extrabajadores de que "aportará al plan las cantidades que les correspondan por indemnización", protocolo que "no incluye a los colectivos históricos".

Con fecha 31 de julio de 2003, se firmó el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, encontrándose presentes las federaciones estatales de FM-CCOO y FIA-UGT y firmando Guerrero en nombre de la Dirección de Trabajo, de forma que se le asignaron a la compañía Vitalicio las pólizas de Río Tinto (300 prejubilados) y a La Estrella las Minas de Almagrera (256), Filón Sur (19), Nueva Tharsis (55), Navan (6), así como el colectivo de históricos, Insersa (6) y Bolsa de Tharsis (40).

Fogasa

La juez asevera que "la persona que se encarga de la operación, coordinación y el seguimiento" de las pólizas "por acuerdo de todas las partes" fue el dueño de Uniter José González Mata.

En este punto, la instructora considera que la asociación "se crea como instrumento de gestión y canalización de las ayudas que la administración tiene la intención de dar a los afectados por la crisis de la minería", mientras que los trabajadores "contribuirán a la financiación de las pólizas aportando las indemnizaciones que puedan recibir de las empresas o del Fogasa".

Por ello, la asociación "comienza a solicitar a aquellos extrabajadores que ya habían cobrado su indemnización, bien sea del Fogasa o bien sea directamente por la empresa, que lo ingresaran en las cuentas de la asociación, lo cual realizan mediante un ingreso por un importe único o bien en diversos pagos", a lo que se suma que, "utilizando los poderes notariales que poseen, la asociación se persona en representación de los extrabajadores para que los mismos reciban la indemnización del Fogasa, pero dichos fondos serán ingresados directamente en las cuentas de la asociación".

Según la juez, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría General de Empleo, libró 15 resoluciones para la concesión de ayudas extraordinarias, siendo los solicitantes Rafael Varea (CCOO) y Víctor Fernández (UGT) en todas ellas "en calidad de representantes de los trabajadores solicitantes de ayudas extraordinarias", sumando un importe total de 34.594.664,01 euros.

Así, se realizaron tres resoluciones por cada mina, como son Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis, Navan Resource y Minas de Río Tinto, con fechas 1 de diciembre de 2003, 1 de septiembre de 2004 y 29 de septiembre de 2005.

Entre los imputados, también se encuentran dirigentes sindicales de UGT como el propio Manuel Pastrana, Salvador Mera, Víctor Fernández, Manuel Chaves Castilla, Luciano Gómez o Begoña Abdelkader, y responsables de CCOO como Francisco Carbonero, Rafael Varea, Manuel Roberto Carmona Soto o Juan Manuel Moreno Valero.