Procesa al expresidente, los exconsellers Rambla y Flores y varios empresarios
VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps se enfrenta, de nuevo, a otra piedra en su camino. En esta ocasión se trata del auto de procesamiento, hecho público este viernes y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, por su presunta implicación en la investigación alrededor de la construcción del circuito de la Fórmula 1 en València.
La juez procesa a 14 personas entre las que destacan Camps, el exvicepresidente Vicente Rambla, el exconseller Mario Flores, el dos de Flores Victoriano Sánchez-Barcaiztegui o el hermano de Jaime Mayor Oreja, exministro de Aznar, José Mayor Oreja. Además de estos, destaca los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna -ex presidente de la patronal Coepa-, de Hormigones Martínez, ya condenados por conformidad por la Audiencia Nacional por facturas falsas por reflejar servicios inexistentes prestados por Orange Market para pagar actos del PP (hasta 172.000 euros) y al presidente de Construcciones y Estudios (Cyes), Felipe Almenar, sobre el que consta en otras causas la entrega de 200.000 euros a la Caja B de Orange Market bajo el concepto de 'El Príncipe', en septiembre de 2007. En ambos casos se infiere correlación temporal entre esas actuaciones y las adjudicaciones de que fueron objeto para el circuito.
Sin embargo, sobresee respecto de 17 personas entre las que se encuentran la mano derecha de Camps en la F1, Belén Reyero, y el número tres del PPCV de Camps, David Serra.
En un auto durísimo, la magistrada Carmen García Mingo, titular del Juzgado de Instrucción Número 17, acusa, sin pelos en la lengua a Camps de que "con la única intención de proyectar su imagen como máximo representante de la Comunidad Valenciana, arrogándose facultades no propias de su cargo, ideó, planificó, impulsó y dirigió la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en Valèncua con fondos públicos".
Y apostilla que para ello "urdió un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades, a personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento de València y en la Conselleria de Infraestructuras y a empresas". Y todo este 'plan' con la única finalidad de obtener "rédito personal a través de su proyección pública y política, dada la proximidad de las elecciones autonómicas (2007) y generales (2008)".
Ese plan tenía, según la juez, un secuaz principal, Vicotriano Sánchez-Barcaiztegui. Victoriano era íntimo amigo de Camps. Su amistad, tal y como reconoció el propio implicado, se fraguó durante la época del expresidente como concejal del Ayuntamiento de València. Así, Sánchez-Barcaiztegui, "con el afán de cumplir el encargo de su presidente" recopiló varias alternativas de trazados.
Es en ese momento en el que entraron en juego dos de las empresas imputadas, Typsa y Ayesa. Empresas que llegaron a presentar un diseño de un puente "con forma de gaviota" (símbolo del PP), que finalmente fue descartado "para evitar críticas". Victoriano, "con el conocimiento, beneplácito y anuencia de Camps" involucró en el proyecto primero a Typsa y, después, a Ayesa "utilizando indebidamente la contratación". La contratación de estas empresas dejaron fuera otras consultoras de ingeniería "por su clara desventaja debido al claro privilegio de las otras dos".
Todo ello se pudo hacer con la firma del entonces conseller de Infraestructuras Mario Flores que, además de firmar pagos a favor de las dos empresas anteriormente mencionadas, también aprobó resoluciones de licitación, adjudicación y modificación para las empresas también procesadas Hormigones Martínez y CYES.
Es llamativo que la magistrada recuerda como el expresidente Camps "publicitó el coste cero" de este gran evento y proyecto emblemático, cuando lo cierto es que "no hubo tal coste cero, sino una merma para las arcas públicas con la utilización indebida de fondos públicos", a lo que añade que dicha merma se produjo "favoreciendo a empresas a las que se eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público".
Con respecto a la segunda vía de investigación, el cobro de presuntas mordidas a las empresas adjudicatarias, dice el auto que el hermano de Jaime Mayor Oreja, exministro de Aznar, José Mayor Oreja pagó según la declaración del que fuera mano derecha de Camps Ricardo Costa, 150.000 euros en dinero negro. Sustenta esta afirmación no solo en la declaración de Costa, sino en el hecho de que este empresario de FCC también aparece como donante del partido en ‘los papeles de Bárcenas’.
La magistrada también involucra en estos pagos en B a las empresas CYES y Hormigones Martínez. De la primera habla de una entrega en efectivo de 200.000 que habría realizado su presidente Felipe Almenar a la caja B de Orange Market (Gürtel), mientras que de la segunda explica que las 'donaciones' se hicieron a través de facturación falsa.
Esta parte del auto es la que mejor pueden luchar las defensas. La juez habla de una serie de donaciones que ya fueron juzgadas en la Audiencia Nacional en el caso de las de Orange Market, y otras que están en instrucción en ‘los papeles de Bárcenas’. Sin embargo, hay un elemento nuevo con respecto a lo instruido y juzgado hasta ahora que sería el pago a cambio de adjudicaciones.
Dentro de esta parte, además de Camps, la otra persona del PPCV que tiene especial relevancia para la juez es Rambla, ya que él "realiza un papel de director como vicepresidente en los grandes eventos, todo lo dirigía él", según Costa, quien además añadió que "fue un continuador del mecanismo para financiar los actos realizados en la campaña de las autonómicas de 2007 con facturación falsa y entregas en efectivo".
Sin embargo, la magistrada no ha tenido en cuenta que esa afirmación fue desmentida por el magistrado José María Vázquez Honrubia de la Audiencia Nacional. Vázquez Honrubia absolvió a Rambla de esa misma acusación en el juicio celebrado el 2018 por la financiación irregular del PPCV en la que sí que fue condenado Costa.
