VALÈNCIA (EFE). El "coste cero" que el expresident de la Generalitat Francisco Camps anunció que tendría para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana la construcción de un circuito urbano de Fórmula Uno se tradujo finalmente en un coste total de 88,8 millones de euros públicos con cargo al erario público.
Así consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 17 de València por el que se procesa a Camps, a su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller de Infraestructuras Mario Flores, junto a otras trece personas, en la pieza del caso Valmor referida a las adjudicaciones para el diseño y construcción del circuito urbano que acogió los grandes premios de F-1 entre 2008 y 2012.
La instructora, que acusa a Camps de idear, planificar, impulsar y dirigir la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en València con fondos públicos, recuerda que el expresident anunció en 2007 este proyecto, publicitando el "coste cero" de este "gran evento y proyecto emblemático" para la Comunitat Valenciana.
"Lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a las empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras" (GTP), afirma la jueza.
El auto expone que, según el informe emitido por la Intervención de la Generalitat y según un escrito del Tribunal de Cuentas, fue el GTP -sin competencias de construcción de infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos o instalaciones deportivas para acoger la F1- el que licitó, adjudicó y ejecutó todas las obras del circuito en 2007 y 2008.
La jueza indica que eso fue posible gracias al decreto 3/2007 del president de la Generalitat, por el que Camps asignó a la Conselleria de Infraestructuras, a través del GTP, la realización de los equipamientos complementarios para un circuito urbano en la conexión de la avenida de Francia, prolongación del paseo de la Alameda y el puerto.
El auto señala que, según la contabilidad financiera del ente gestor, el coste total de los distintos contratos imputados a la ejecución del circuito urbano ha ascendido a 88.829.624,91 euros entre los ejercicios 2007 y 2017, a cargo de los presupuestos de la Generalitat.
Según la instructora, el anuncio de Camps de que la celebración del evento deportivo tendría "coste cero" en afección de la trama urbana y "coste neutro", que además supondría mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, "finalmente ha resultado incierto".
La "única intención" de Camps era, para la jueza, proyectar su imagen como máximo representante de la Comunitat y obtener un "rédito personal a través de su proyección pública y política", dada la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2007.
