VALÈNCIA. La valenciana es la autonomía que más recursos del sistema de financiación tendría que destinar a la atención sanitaria, el 62,9%, para igualarse a la media de gasto que el conjunto de comunidades realizan en este ámbito. Según revela el tercer número de la serie de estudios Papers de Finançament, el porcentaje de esfuerzo financiero que tendría que realizar la Comunitat "es superior al de cualquier otra comunidad debido a que su financiación es la menor de todas”.
El informe subraya que las diferencias de esfuerzo entre regiones no se deben a diferentes niveles de gasto por unidad de necesidad –puesto que la simulación los iguala a la media– sino a los distintos niveles de ingresos. Las sustanciales diferencias de gasto entre las CC AA, sobre todo entre las de régimen común y las forales, "cuestionan la igualdad de oportunidades, mientras la falta de financiación agrava los problemas de sostenibilidad en la Comunitat", destaca la Conselleria de Hacienda en un comunicado.
Esta infrafinanciación obliga a la Comunitat a realizar un mayor esfuerzo en sanidad que va "en detrimento de otras políticas como la educación, la dependencia o la protección social, así como el apoyo a las actividades productivas y las inversiones".
La serie Papers de Finançament analiza la repercusión del actual modelo sobre el sistema sanitario y es fruto de la colaboración de la Conselleria de Hacienda y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Como indica el informe, "las comunidades de régimen común dedican un porcentaje muy importante de los recursos del sistema de financiación autonómico que disponen a la sanidad (57,6%). Puesto que los recursos del modelo de financiación constituyen la mayor fuente de ingresos de las comunidades, la mayor o menor disponibilidad de los mismos condiciona el nivel de gasto".
"Las comunidades -prosigue el documento- no gastan lo mismo pero, de hacerlo, las que disponen de menores recursos deberían dedicar un mayor porcentaje de sus ingresos a sanidad, mientras que las que disponen de más recursos podrían alcanzar el mismo objetivo con menor esfuerzo".
En este punto, el informe mide el esfuerzo financiero que deben realizar las diferentes autonomías para atender la sanidad. Para ello se considera el gasto promedio de las comunidades en el periodo 2009-2015 y se calcula el porcentaje de los ingresos del sistema de financiación que cada una tendría que dedicar para cubrir el mismo nivel de gasto sanitario por habitante. De este modo se evalúa el esfuerzo que cada una realiza, no en función de los diferentes niveles de gasto (ya que todas se han igualado a la media), sino a los distintos niveles de ingresos.
Así, queda en evidencia que si la Comunitat gastara en los servicios sanitarios igual que la media, tendría que dedicar el 62,9% de sus recursos del sistema de financiación a Sanidad, lo que representa 5,3 puntos por encima de la media (57,6%).
El porcentaje de esfuerzo financiero del 62,9% en el caso de la Comunitat "es superior al de cualquier otra comunidad debido a que su financiación es la menor de todas”. Por debajo de la valenciana se sitúan Asturias (59,8%), Cataluña (59,4%), Canarias (58,6%) y Galicia (58,1%). Las autonomías que deben hacer un menor esfuerzo financiero son La Rioja (48,8%), Cantabria (50,0%) y Extremadura (50,6%).
“Las implicaciones de la insuficiencia de recursos de la Comunitat son dos”, advierte el documento, que añade: “En primer lugar, agrava los problemas de sostenibilidad que padece el sistema público sanitario ante la presión al alza en los niveles de gasto ejercida por el crecimiento poblacional, el envejecimiento y el resto de factores mencionados. Por otro lado, debido a su mayor insuficiencia financiera, la prioridad otorgada por la sociedad y por los presupuestos públicos a los servicios sanitarios limita los recursos disponibles para otros servicios fundamentales (educación o protección social), así como para políticas de inversión y apoyo a las actividades productivas que otras comunidades realizan con mayor amplitud por disponer de mayores recursos”.
El texto resalta que para solucionar estos problemas el nuevo modelo de financiación "deberá reconocer la insuficiencia que padecen las comunidades de régimen común en su conjunto y corregir la inequidad en el reparto de los recursos", al tiempo que la valoración de las necesidades sanitarias de las comunidades “debe mejorar, incorporando los colectivos ahora excluidos de la población protegida que siguen siendo atendidos por el Sistema Nacional Sanitario y que, pese a no ser considerados, influyen en los niveles de gasto sanitario de las comunidades”. “Asimismo, los esfuerzos por mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios deberán redoblarse, pues el control del gasto de unos servicios que absorben tantos recursos resulta clave para su sostenibilidad”.
A la vista de las conclusiones del informe, la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha señalado que, si la valenciana es la peor financiada de todas las comunidades con el actual sistema de financiación y el gasto sanitario "es al que más recursos del sistema de financiación dedicamos, es de lógica pensar que nuestra sanidad es la principal afectada por un modelo de financiación injusto y discriminatorio".
“Un sistema de financiación autonómica, clara y objetivamente insuficiente, algo reconocido por todos los expertos que el señor Montoro ha puesto a trabajar, tiene dos agravantes. Por un lado, como la esperanza de vida es cada vez mayor, el gasto sanitario también lo es y, como esto no es un chicle que podamos seguir estirando, la sostenibilidad de nuestros servicios sanitarios corre peligro", destaca Mira.
El informe publicado explica que, dado que la estructura demográfica varía notablemente entre comunidades, el modelo de financiación utiliza como indicador de las necesidades sanitarias la denominada población protegida equivalente. “Para calcularla, la población protegida por el Sistema Nacional de Salud se divide en siete grupos de edad y cada uno se pondera por un coeficiente que es mayor para los tramos de edad más vulnerable a los problemas de salud y, por ello, con mayores necesidades sanitarias”.
Atendiendo a este indicador, en términos medios del periodo ya liquidado entre 2009 y 2015, las diferencias de gasto público por habitante protegido equivalente situaban a Murcia a la cabeza y a Andalucía a la cola de las comunidades autónomas. La Comunitat Valenciana, con un gasto de 1.293 euros per cápìta, se sitúa 1,8 puntos por debajo de la media del conjunto de las comunidades y a más de 13 puntos por debajo de las que más gastan (Navarra, Cantabria y Murcia). Según advierte el informe, “las sustanciales diferencias entre comunidades en gasto sanitario per cápita, especialmente entre las de régimen común y las forales, cuestionan la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios de los ciudadanos que viven en distintos territorios”.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
