La implicada de Compromís en Divalterra se aparta del cargo y la coalición decide no destituirla hasta que declare ante el juez

VALÈNCIA. La cogerente de Divalterra -antigua Imelsa- por la cuota de Compromís, Agustina Brines, decidió este viernes apartarse de sus responsabilidades al frente de la empresa pública vinculada a la corporación provincial. Después de su detención este miércoles por su implicación en la operación Alquería en la que también se vio implicado el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, Brines anunció ayer su marcha. También abandona sus responsabilidades orgánicas en el Bloc Nacionalista Valencià -formación mayoritaria de Compromís-, partido en el que milita.

La decisión, según un comunicado remitido a última hora de la tarde por la coalición valencianista, se produce motu proprio de la exalcaldesa de Simat de la Valldigna. Ahora bien, su salida es temporal. Estará apartada del cargo que ostentaba hasta que declare ante el juez que investiga una presunta prevaricación y malversación en esa empresa, pues el pasado miércoles se acogió a su derecho a no declarar al igual que los otros cinco detenidos en el caso.

Una resolución que Compromís aceptó y comunicó este viernes después de una reunión mantenida entre los portavoces de la coalición -Mónica Oltra, Àgueda Micó, Joan Ribó y Giuseppe Grezzi- y los secretarios de organización -Amparo Piquer, Emili Mira y Natxo Serra-, con los representantes en la Diputación -Mª Josep Amigó, Xavi Rius, Emili Altur y Josep Bort-. Un encuentro que había anunciado previamente Oltra al ser preguntada sobre esta cuestión, si bien  fuentes próximas a la coalición aseguraron a este diario que existieron reticencias por parte del Bloc a que se celebrara. 

Pese a este movimiento, la celeridad  con la que Compromís ha abordado esta cuestión, no obstante, contrasta con la rapidez y contundencia con la que se ejecutó la salida de Rodríguez del PSPV. Después de la detención del portavoz de los socialistas valencianos, la asunción de responsabilidades políticas por parte de los del puño y la rosa conllevó el anuncio casi inmediato de sustitución en la presidencia de la corporación provincial. En apenas 10 horas, además, los socialistas le despojaron de sus cargos orgánicos, anunciaron su intención de suspenderle de militancia -que se formalizó este viernes- y el secretario general del PSPV, Ximo Puig, propuso a Toni Gaspar como candidato para el relevo al frente de la Diputación de Valencia.

La vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, no obstante, defendió este viernes tras el pleno del Consell la velocidad con la que ha actuado la coalición -o mejor dicho, ha dejado actuar a la investigada-: "Las decisiones serias las tomamos en el momento y los órganos oportunos. Esto no es una carrera de galgos. Cada uno tiene su manera de afrontar los casos y la nuestra es una decisión colectiva".

Por otra parte, fuentes de la formación nacionalista aseguraron que Brines mantendrá su militancia. De hecho, la dirección de la formación expresó su "plena confianza" en la tarea llevada a cabo por la hasta ahora cogerente de la entidad pública, aunque esperan "una aclaración rápida de la situación".

Oltra y Estañ condicionan el apoyo a Gaspar al futuro de Divalterra

Poco después de que Puig propusiera a Gaspar, la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano advirtió que la presidencia de la Diputación se debía "votar" al tratarse de una corporación "plural". Oltra no quiso que los socialistas dieran por hecho que Gaspar sería el futuro presidente, que deberá ser votado en un pleno y obtener los apoyos requeridos para ser investido. Y este viernes, volvió a deslizarlo tras la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

El problema, insistió, no es "el quién". Primero, cree que debe de hablarse del "qué". Si este miércoles la vicepresidenta creyó que era el momento para reflexionar sobre "estructuras podridas" –en referencia a Divalterra–, en esta ocasión, a preguntas de los periodistas sobre si apoyarán a Gaspar dijo que dependería "de las conversaciones que se produzcan respecto a las estructuras, porque es una oportunidad para cambiarlas".

Apenas una hora antes, el secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, se pronunció en el mismo sentido y fue más contundente. "Para nosotros es importante que sea un candidato comprometido con esta visión de las Diputaciones –la de disolverlas– y que nos diga algo sobre qué pretende hacer con Divalterra", subrayó el líder de la formación morada.

Como informó Valencia Plaza, el juez ya alertó el año pasado que no se había puesto fin a las malas prácticas en la contratación de servicios externos en la Diputación de Valencia a pesar del cambio político tras las elecciones de 2015. Si bien primero fue Imelsa –con el caso Taula– y después Divalterra, lo cierto es que la continuidad de la empresa pública de la institución provincial está en entredicho y ya nadie se atreve a defenderla.