VALÈNCIA. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cerraron este martes un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición progresista. Un pacto "sin vetos" negociado en apenas 48 horas para "desbloquear la situación política" que fue celebrado por las fuerzas progresistas valencianas pocos minutos después de conocerse.
Un documento de diez puntos consensuado entre PSOE y Unidas Podemos que guiará la acción del ejecutivo y que, si bien es cierto que todavía deberá desarrollarse, también lo es que no incluye ningún guiño a la Comunidad Valenciana ni contempla como una "línea de acción prioritaria" la reforma del modelo de financiación caduco desde 2014 que perjudica especialmente a los valencianos. Un hecho reconocido por el propio Ministerio de Hacienda que actualmente ocupa María Jesús Montero.
Sí incorpora, no obstante, una mención a la "reversión de la despoblación" de la 'España vaciada' a través de medidas que permitan impulsar las infraestructuras, servicios y la actividad económica de las autonomías afectadas por este problema. Una cuestión que caracteriza especialmente la realidad de territorios como Aragón o Cantabria, afectados también por el envejecimiento, pero no a la Comunitat. No en vano, los partidos valencianos -especialmente Compromís-, siempre han defendido que se aborde la reforma del sistema atendiendo a criterios como el peso poblacional.
Un 'olvido' -quizá- de la agenda valenciana al que distintos representantes de Compromís, Unides Podem y PSPV quisieron restar importancia este martes. En este sentido, consideraron que el octavo punto del acuerdo -relativo a la "reversión de la despoblación"- hace referencia a inversiones y no a los criterios a tener en cuenta para reformar el modelo de financiación autonómica, mientras que ésta sí estaría contemplada, a su juicio, en el apartado reservado para Cataluña.
Un "eje prioritario del gobierno de coalición progresista" en el que PSOE y Unidas Podemos fijan que el Gobierno de España tratará de garantizar la convivencia en Cataluña y la "normalización de la vida política" y "fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia" para asegurar "la igualdad entre todos los españoles". Un párrafo en el que el Botànic II ve con claridad la referencia a la reforma de la financiación pero que no aparece negro sobre blanco como sí ocurre con la despoblación y la 'España vaciada', que disfruta de un punto específico en el que se habla de "apoyo decidido".
Con todo, y a pesar de la confianza que muestran socialistas, valencianistas y morados, conviene realizar una serie de apuntes. Más allá de los vaivenes de Sánchez a la hora de abordar la reforma del modelo de financiación -nunca ha ofrecido una fecha concreta a corto plazo para cumplir con este objetivo-, los resultados de las elecciones del pasado domingo dibujan un escenario con más fuerzas políticas nacionalistas y regionalistas de otros territorios en el Congreso de los Diputados que dificultan una negociación que cada vez cuenta con más actores.
Estas formaciones serían necesarias para investir a Sánchez y, en su mayoría, pertenecen a esa 'España vaciada' que cita el documento programático. Como ejemplo, huelga mencionar el caso de Teruel Existe, los gallegos BNG o el PRC cántabro que reivindican un mayor peso de elementos como la dispersión poblacional o el envejecimiento a la hora de realizar un reparto de fondos.
Así, estos partidos son por norma general más fáciles de contentar que la Comunitat Valenciana dado que su población es menor y las reivindicaciones resultan más baratas y, por tanto, más sencillas de satisfacer por el Gobierno central.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
