Hacienda presenta el proyecto de rehabilitación del Palau de Tremolar (Fotos: Eduardo Manzana)
Hacienda presenta el proyecto de rehabilitación del Palau de Tremolar (Fotos: Eduardo Manzana)
Hacienda presenta el proyecto de rehabilitación del Palau de Tremolar (Fotos: Eduardo Manzana)
VALÈNCIA. En muy pocas semanas, la Conselleria de Hacienda se sumergirá de lleno en la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat de 2022. Al pulso habitual entre los partidos que integran el Govern del Botànic para cuadrar las cuentas con unos recursos que siguen limitados por la reforma pendiente de la financiación autonómica se añaden este año nuevos obstáculos que complicarán un poco más ese proceso.
Se trata, por un lado, de la desaparición de los fondos extraordinarios del Estado para combatir la crisis de la covid-19, unos recursos que ya no estarán disponibles el próximo año y que impedirán que las cuentas crezcan al mismo ritmo que en los dos últimos ejercicios, cuando la prioridad era inyectar recursos para propiciar la recuperación económica.
A ello se suma, además, la reducción al 0,6% del déficit de referencia que el Ministerio de Hacienda ha marcado para las CCAA frente al 1,1% de este año, una circunstancia que reduce sustancialmente la capacidad de aumentar el gasto para no apartarse en exceso de ese tope a costa de engordar más la deuda.
Así las cosas, las circunstancias imponen que el crecimiento del presupuesto de la Generalitat para el próximo año sea "muy reducido". Así lo explicó este martes el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en una visita para presentar el proyecto de rehabilitación del Palau de Tremolar, recientemente adquirido por su departamento.
A pesar de que las diferentes conselleries aún están grabando en los sistemas de la Conselleria de Hacienda sus necesidades de gasto para 2022, la previsión del titular de Hacienda sobre el ajustado margen para crecer al mismo ritmo que en los años precedentes tiene sentido a la vista de la previsión de ingresos ordinarios para el próximo año y la desaparición de los extraordinarios, al margen de los fondos europeos de recuperación.
Según detalló, la Generalitat debe "distinguir muy bien" entre sus recursos ordinarios, los que obtiene del sistema de financiación y que supondrán la "estructura básica" de los presupuestos, y los fondos extraordinarios, que son temporales y para una finalidad concreta.
Esos fondos extraordinarios, de los que la Comunitat Valenciana ha recibido 1.400 millones este año y casi 1.500 en 2020, desaparecerán en 2022, por lo que Vicent Soler adelantó que esos ingresos con los que se ha contado en los últimos años "no pueden ser consolidables en el presupuesto de la Generalitat porque el presupuesto mira al medio y largo plazo".
En ese contexto, con la reforma del modelo de financiación aún pendiente y sin medidas transitorias para compensar a las CCAA peor financiadas, Soler justificó que el incremento del presupuesto será contenido porque los "esfuerzos inversores" se atenderán con recursos propios de la Generalitat vinculados al sistema de financiación.
De forma complementaria, la Comunitat Valenciana contará "afortunadamente" con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que llegan en un momento en el que la Comunitat necesita "revitalizar la economía y, por tanto, cumplen con el carácter finalista y temporal".
Por ello, insistió en que la Comunitat Valenciana mantiene su "reivindicación permanente" para que el sistema de financiación acabe consolidando unos "recursos adecuados" para la Comunitat Valenciana, cuya financiación efectiva por habitante equivale actualmente al 92% de la media del sistema. De esa manera la Generalitat podrá "no tener que vivir de la deuda como nos ha pasado cuando hemos querido acercarnos a la media de gasto per capita".
Sobre esa reforma pendiente, el titular de Hacienda valoró que las conversaciones con el Gobierno "van por buen camino" y destacó como muy positivo para los intereses de la Comunitat el hecho de que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, coincida con el criterio de la Comunitat Valenciana de que el nuevo modelo tiene que fundamentarse en una distribución territorial en base a la "población ajustada".
La Comunitat Valenciana contará ya en 2021 con 272 millones menos de financiación ordinaria (entregas a cuenta más liquidación de 2019), pero esa reducción se ha compensado en parte con los 1.400 que le han sido asignados del Fondo Covid, unos recursos no reembolsables que el Gobierno ha repartido entre las CCAA en 2020 y 2021 para contrarrestar la crisis de la covid, pero que no desaparecerán de 2022 en adelante.
Por ello, la ministra de Hacienda anunció a las CCAA en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) varias decisiones encaminadas a atenuar el impacto negativo de quedarse sin esos fondos extraordinarios de un año para otro. Por un lado, les garantizó 112.000 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación, el mayor nivel de la historia y 6.611 más que este año.
A ellos se suman los 3.900 millones de euros que el Estado perdonará a las CCAA para que no tengan que reembolsar las liquidaciones negativas de 2020 derivadas de la financiación extraordinaria recibida ese año, basadas en unas previsiones económicas que no se cumplieron por el estallido de la pandemia.
La Comunitat Valenciana, no obstante, será una de las pocas que no se beneficiará de esa medida porque en su caso la liquidación es positiva; no solo no tiene que devolver nada al Estado, sino que recibirá alrededor de 600 millones de euros que el Ministerio de Hacienda no le transfirió cuando calculó las entregas a cuenta de 2020.
En el caso de la Comunitat Valenciana, las entregas a cuenta comunicadas por el Ministerio de Hacienda ascienden a 10.270 millones de euros, un 5,5% más que en 2021. A ello habrá sumar los mencionados 600 de la liquidación positiva del ejercicio 2020, por lo que la financiación efectiva de la Comunitat Valenciana el próximo año rondaría los 10.900 millones de euros frente a los 11.341 millones de 2021.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral