VALÈNCIA. La crisis que vive Divalterra las últimas semanas se ha cobrado este viernes una nueva dimisión. Se trata, según confirman fuentes de la Diputación de Valencia, de Beatriz Moreno, tesorera de la empresa pública. El motivo no ha sido concretado, aunque las mismas fuentes señalan que llevaba tiempo estudiando esta decisión y que los acontecimientos recientes la habrían podido acelerar.
Se trata de la segunda renuncia en menos de 24 horas, puesto que este jueves también comunicó su marcha el consejero de Ciudadanos, Jorge Ochando, también denunciante del caso Alquería por el que el juez acaba de abrir juicio oral al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos de PSPV y Compromís por supuestas contrataciones ilegales en Divalterra. Desde el grupo señalaron que su salida se debe exclusivamente a motivos personales y que nada tiene que ver ni con Alquería ni con las polémicas recientes. Aun así, el momento escogido no deja de resultar llamativo.
A ambas dimisiones se une la del representante de Compromís, Emili Altur, que ya la verbalizó varios días atrás y que también llevaba tiempo queriendo marcharse. Todos estos nombres tendrán que ser ahora sustituidos, al igual que el hasta hace poco consejero del PP Carlos Gil (diputado que ha pasado al grupo de no adscritos tras ser procesado por posible violencia machista) y Javier Cuenca (exjefe de la unidad de preselección de la Diputación que desde diciembre ocupa la jefatura de la Inspección General de Servicios de la Generalitat).
La situación resulta complicada puesto que supone la marcha de un total de cinco de los nueve consejeros de Divalterra.
Como ha publicado Valencia Plaza, la Diputación de Valencia busca ahora tomar el control de la empresa pública en mitad de una nueva polémica. Fuentes de la corporación provincial señalan que el responsable de la firma, el diputado socialista Ramiro Rivera, instará de manera urgente a convocar la Junta General (el pleno de la Diputación que preside Toni Gaspar) para que "adopte las medidas necesarias" dirigidas a "permitir la adecuada operatividad de la empresa y sus trabajadores". ¿El motivo? La "imposibilidad por parte del Consejo de Administración", señalan las mismas fuentes, de "resolver aspectos importantes". Una "inoperatividad", añaden, que se ha "agravado" tras las mencionadas dimisiones.
Este planteamiento supone, en definitiva, que el pleno de la corporación provincial –donde cuentan con mayoría PSPV y Compromís– pueda pasar a asumir el mando de la empresa, dado que tiene potestad para, por ejemplo, cesar a todo el Consejo o nombrar a nuevos representantes. A la espera queda ver en qué se concretará.
La reacción resulta de importancia por el momento en el que se produce y dados los acontecimientos recientes –incluyendo los de este jueves–. La nueva polémica se desató cuando el presidente de Divalterra ordenó suspender a mediados de enero el nombramiento de la vencedora del proceso –elegida por el tribunal– después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. El gerente, sin embargo, no obedeció la orden y procedió a la contratación al entender que todo se había realizado correctamente.
A partir de ese momento, el jefe jurídico, José Luis Vera, inició una investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso, que muchas voces de la empresa pública consideraban injustificados. A raíz de ello, elaboró dos informes, en uno de los cuales concluía que procede anularlo todo: las bases, el mismo procedimiento y el contrato al haberse realizado, asegura, en fraude de ley.
Con el tribunal reafirmado en su decisión y los informes del director jurídico emitidos, el siguiente paso era que éstos pasaran por el Consejo de Administración, lo que tuvo lugar este jueves en una reunión que contó con ciertos momentos de tensión, según fuentes de la Diputación de Valencia, ante la diferencia de opiniones sobre la manera en la que se está desarrollando el asunto y cómo ha trascendido a los medios de comunicación.
El presidente de la empresa comunicó que se dejaba en el aire tanto las conclusiones sobre la anulación de todo el proceso de selección de la nueva jefa de RRHH como la votación –algo que generó reticencias entre algunos miembros–, cuyo resultado es incierto puesto que no quedó claro si los equilibrios se podían decantar hacia la revocación de la contratación de la ganadora. Entre otros motivos, por diversas ausencias en la reunión y nombramientos de representantes todavía pendientes.
Si lo que ocurra en la Junta del martes supone un vuelco en la gestión de la empresa pública en mitad del escándalo de RRHH y las dimisiones habrá que esperar para comprobarlo.
