El portavoz de Compromís, Fran Ferri, y su homólogo socialista, Manolo Mata. Foto: I. CABALLERVALÈNCIA. Mientras la Comunitat continúa a la espera de la ansiada reforma del sistema de financiación, prácticamente ningún partido escapa a sus propias contradicciones en la reivindicación del nuevo modelo. Tras la llegada del PSOE al Gobierno central, PSPV y Compromís se han visto forzados a adaptar su discurso. Mientras los socialistas valencianos se esfuerzan por transmitir una imagen de "lealtad reivindicativa" la coalición busca posicionarse como la formación más combativa en la reclamación de un mejor trato del sistema de financiación.
La última de estas incoherencias se ha puesto de manifiesto con las propuestas de resolución del Debate de Política General que se celebra esta semana en Les Corts. En una de ellas, PSPV y Compromís, que han planteado todas sus propuestas de forma conjunta, fijan las reivindicaciones que el Consell debería mantener frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al diseño del nuevo sistema.
En ella, reclaman el inicio urgente de la "negociación política" del nuevo modelo y exigen al Gobierno central que formalice su propuesta sobre el mismo. También piden que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 recojan medidas que garanticen la "suficiencia financiera" de la Comunitat Valenciana para compensar el perjuicio que sufre con el actual sistema o que las inversiones regionalizadas equivalgan como mínimo al peso que representa la población de la Comunitat en el conjunto del Estado.
Pero las contradicciones afloran cuando se desciende a los detalles, en concreto en los objetivos de déficit exigidos a las Comunidades Autónomas. En la propuesta, los dos socios del Botànic rechazan el tope del 0,1% del PIB fijado por el Gobierno de Mariano Rajoy para 2019 y piden que se eleve, como mínimo, hasta el 0,3% para "garantizar la cobertura de los servicios esenciales de los valencianos".
Este límite coincide con el propuesto por la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La Comunitat fue una de las regiones que apoyó la senda de déficit del Gobierno central, a pesar de que en la anterior reunión, cuando el Ejecutivo planteó idéntico límite, el conseller Vicent Soler se abstuvo y situó a la Comunitat como la única región gobernada por el PSOE que no apoyó el techo de déficit propuesto por el Gobierno de Sánchez.
Esa abstención estuvo motivada, entre otras cuestiones, por el posicionamiento de Compromís a favor de la abstención. La coalición consideraba insuficiente el límite del 0,3% del PIB que ahora apoya en Les Corts. De hecho, cuando esa senda de estabilidad llegó al Congreso, los cuatro diputados de Compromís se abstuvieron y ayudaron a que la propuesta no saliera adelante.
Cuando el Gobierno central volvió a proponer la misma cifra en la reunión del CPFF de agosto, con el límite del 0,3% del PIB para 2019, Compromís volvió a defender la abstención. Sin embargo, el conseller Soler acabó cambiando la abstención por el 'sí' después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, negociase directamente con el Ejecutivo central contrapartidas para la Comunitat cifradas en 850 millones de euros.
Ese cambio de criterio, que no fue comunicado ni negociado con su socio de Gobierno, provocó una reacción airada en Compromís que desembocó en una de las mayores crisis internas que ha sufrido el Consell del Botànic, con acusaciones cruzadas de deslealtad. Por ese motivo resulta especialmemte llamativo que la coalición defienda ahora en Les Corts el mismo límite de déficit que no quería apoyar en el CPFF ni en el Congreso de los Diputados.
Pero las contradicciones no terminan ahí. Al mismo tiempo que se desarrollaba en Les Corts la primera jornada del Debate de Política General, el PSOE y Compromís mantenían posiciones diametralmente opuestas en el Congreso de los Diputados sobre la reforma de la financiación.
La coalición apoyó una moción pactada por PP, Ciudadanos y Foro Asturias para instar al Gobierno de Sánchez a presentar una revisión del sistema de financiación de las Comunidades junto al Proyecto de Ley de los PGE de 2019. El PSOE, por su parte, rechazó el texto, que acabó saliendo adelante.
Otro de los puntos recogidos en la propuesta de resolución conjunta del PSPV y Compromís sobre la reforma de la financiación se refiere a la armonización fiscal. En concreto, se pide al Consell que reclame la negociación "urgente" de la armonización fiscal entre Comunidades Autónomas.
En este caso, no deja de ser llamativo que un partido de cariz nacionalista y que presume de su estricta obediencia valenciana como Compromís se posicione a favor de una medida que supondría de facto limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas al reducir su capacidad normativa.
En el caso de los socialistas, la defensa de esa armonización de tipos se justifica por su oposición a que determinadas comunidades como Madrid utilicen su capacidad normativa como ventaja competitiva frente a otras comunidades para atraer a grandes patrimonios.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
