VALÈNCIA. El PSPV-PSOE que lidera Ximo Puig sufrió este jueves el amargo trago de ver cómo un referente de su partido era detenido en el marco de la operación policial del caso Azud, abierto desde hace tres años y que apunta a una presunta trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público.
Aunque el principal investigado en la causa es José María Corbín, cuñado de la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá, este ayer se sumaron a esta lista el exvicealcalde también del PP Alfonso Grau pero también el subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, en este caso socialista, y el abogado y director jurídico de Divalterra, José Luis Vera, también vinculado a la formación del puño y la rosa.
Sin duda, el mayor impacto en las filas socialistas fue el arresto de Rubio, exconcejal del Ayuntamiento de València, exportavoz en la Diputación y exdiputado autonómico, y hasta este miércoles, subdelegado del Gobierno, cargo del que fue cesado tras conocerse su detención.
Sorpresa e incredulidad eran los sentimientos que se agolpaban en la mayoría de cargos socialistas consultados por este diario respecto a la presunta implicación de Rubio, quien ha ocupado cargos de primera línea política durante los últimos 25 años a excepción de la pasada legislatura, donde permaneció en un puesto más discreto como coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento de València, donde es funcionario.
Una etapa en segunda fila iniciada en 2015 que, un año después, se vio sacudida por su imputación en la pieza de los llamados 'zombis' de Imelsa. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, que acababa de llegar al cargo en sustitución de Joan Calabuig, puso sobre la mesa el cese como coordinador de Urbanismo de Rubio ante esta situación, pero finalmente fue el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien defendió su continuidad.
Y es que en el seno de la formación socialista, especialmente entre los históricos del partido, siempre se restó importancia a esta causa, referida a empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto, algo no demasiado inusual en anteriores épocas. Prueba de la poca consideración a este proceso, fue el nombramiento de Rubio como subdelegado del Gobierno en junio de 2020. Una designación teledirigida por el ministro José Luis Ábalos -viejo amigo de las batallas en el PSPV de València- que recientemente había propiciado el relevo de Juan Carlos Fulgencio en la Delegación del Gobierno por otra persona de su confianza, Gloria Calero.
Un puesto en el que Rubio permaneció hasta este miércoles pese a que, dos meses atrás, el juez del 'caso Taula' le procesó junto a otras 25 personas al considerar que podría haber incurrido en delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, por las citadas contrataciones irregulares.
Un paso hacia el banquillo que no supuso entonces ningún cambio. Sin embargo, con la detención del subdelegado y el registro en su domicilio por su presunta implicación en el 'caso Azud' y las posibles mordidas, los acontecimientos se precipitaron en apenas unas horas: Calero le cesaba de inmediato en su cargo público y el PSPV anunciaba la suspensión cautelar de militancia y la apertura de un expediente disciplinario.
Un 'shock', así lo calificaban varios dirigentes, para el PSPV-PSOE que ha tenido en Rafael Rubio a uno de sus más hábiles oradores de las últimas dos décadas aunque no lograra un triunfo destacado en las urnas. En 2003, en una lista en la que le acompañaba el propio Ábalos, fue cabeza de cartel a la Alcaldía de València y, aunque mejoró levemente los resultados de su predecesora, Ana Noguera, quedó muy lejos de vencer a la en aquellos tiempos intratable Rita Barberá.
En septiembre de 2005, poco antes de donde apuntan a iniciarse los presuntos hechos delictivos que la investigación señala, recibió uno de los varapalos probablemente más duros de su carrera política. En un acto del Foro Nueva Economía celebrado en València, el entonces ministro Jordi Sevilla puso en duda la candidatura de Rubio en la siguiente cita electoral: "Tenemos una sorpresa preparada para la alcaldesa", señaló al ser preguntado por la competencia frente a Rita Barberá.
Una afirmación, en un acto público ante los medios, el empresariado local y compañeros de partido, que evidenció que desde Madrid ya se estaba trabajando en la sustitución de Rubio y que fue abocada por el ministro sin contemplaciones, sembrando la perplejidad e incluso la indignación por la humillación pública que suponía. Un año después, se oficializaba la candidatura de Carmen Alborch a la Alcaldía de València, quien no pudo mejorar los resultados de Rubio pese a ser una figura política más conocida.
Tras esos comicios, en los que Rubio también formó parte de la lista municipal, compatibilizó su labor de concejal con la de portavoz de la Diputación de Valencia, donde recibió algunas críticas internas al considerar que aplicaba una oposición "poco combativa" hacia Alfonso Rus. En 2011, gracias a su sintonía con el entonces secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, figuró en la lista de Les Corts por la circunscripción de Valencia, siendo diputado autonómico los cuatro años siguientes para, posteriormente, regresar al Ayuntamiento en esta ocasión como coordinador de Urbanismo.