La auditoría al PSPV: ingresó 33.000 euros, pero no le avalan ni gastos jurídicos ni de formación

ALICANTE. Si el jueves se conoció el resultado de la auditoría de las cuentas de grupo popular en la Diputación de Alicante, este viernes ha trascendido la del grupo socialista. Si el PP tiene que devolver 46.000 euros, los socialistas deben reintegrar 14.400 euros. PP y PSPV coinciden en la devolución de 10.000 euros por un mismo motivo. Transfirieron dinero de un año anterior -2015- para sufragar gastos de 2016. En el caso de los socialistas, esta cantidad asciende a 10.013,02 euros -la del PP es muy similar-. El reglamento de organización de la institución provincial deja bien claro que el dinero sólo se puede usar dentro del mismo ejercicio, y si no se hace, debe ser reintegrado a 31 de diciembre

Las otros dos conceptos por los que el PSPV debe devolver dinero son el pago de unos honorarios, 2.000 euros, para sufragar el coste de un abogado y el 50 de los gastos de un curso de formación, que asciende a 2.476,72 euros. Los tres conceptos suman los 14.480 euros.

Ahora, además de las cantidades, existen evidentes diferencias entre la auditoría a las cuentas del PP y las del PSPV. También alguna similitudes a la hora de aportar facturas para justificar las cantidades recibidas.

Así, el PP recibió durante el periodo auditado -2015-2018- más de 460.000 euros y lo transfirió todo a su organización. En cambio, el PSPV sólo percibió 33.000 euros, hasta 2017. La auditoría no refleja los ingresos de 2018 porque el grupo socialista no hizo aportaciones al partido. 

El PP aportó facturas de alquileres, teléfonos, comidas de trabajo, mantenimiento de las sedes o material de oficinas, entre otros muchos.  En cuanto a la justificación, el PSPV sí que acota más el tipo de gastos -coste de abogados, conexión a internet, etc- y el porcentaje, es decir, hay gastos que los justifica al 100%, como el coste del alquiler de la sede, y otros, al 50%. Sobre los dos conceptos que la auditoría rechaza avalar están los 2.000 euros correspondientes a los honorarios de un abogado para un recurso contencioso-administrativo en el Ayuntamiento de Novelda. A este respecto, el fiscalizar explica que "los horarios por defensa jurídicas en litigios no se considera que estén dentro de las actividades  propias del funcionamiento de los grupos políticos", razón por los cuales no los avala.

La otra cuestión que el fiscalizador no avala es el pago del 50 de un curso de formación. Se trataba de dos eventos. Por un lado, en febrero de 2016 el PSOE se organiza un curso de formación para concejales y diputados sobre administración pública y, por otro lado, a mediados de 2016 se imparte un curso de  formación en gestión de la comunicación 2.0 y gestión social media a los representantes  institucionales del Partido Socialista". Por tanto,  de los 4.953,44 euros que costaron las dos jornadas, solo se consideran gastos elegibles el 50%, calificándose como fondos pendientes de justificar el 50% restante por importe de 2.476,72 euros, sostiene el representante de Faura-Casas.

Respecto a los gastos de telefonía, que el auditor sí que hizo advertencias al PP, en este caso,  se deja claro que “en la relación de facturas correspondientes a telefonía móvil se ha individualizado el  gasto por líneas, ya que las facturas así lo permiten. Reflejamos, por un lado, el importe  de la factura correspondiente a la totalidad de líneas contratadas con la operadora, y  por otro, de forma individualizada, los importes del consumo realizado por las líneas  36240 y 35511, asignadas a dos personas que son personal eventual de la Diputación,  adscritas al Grupo Socialista para llevar a cabo sus labores, y cuyo gasto consideramos  íntegramente imputable a los fondos percibidos del grupo político”, razón por la cual si que da su visto bueno. 

Al igual que el PP, el PSPV presentó alegaciones por los tres conceptos y cantidades que les obligan a reintegrar, pero el representante de Faura-Casas no estima los requerimientos que hacen los socialistas. Pese a ello, el PSPV ha anunciado que reintegrará los 14.400 euros, pero sigue discrepando de, al menos, dos conceptos, razón por la que presentará recurso.