Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El servicio de gestión de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos continúa generando beneficios a la UTE Erescanner Salud casi dos años y medio después de su vencimiento, aunque en 2019 las ganancias quedaron muy lejos de las de años anteriores.
La UTE controlada por Eresa (grupo Ascires), ganó 4,63 millones de euros, un 72% menos que el año anterior, debido sobre todo a la reclamación que la Conselleria de Sanidad le presentó por un importe de 6,5 millones. La reclamación se presentó en enero de 2020 y la firma, por el principio de prudencia y aunque estima que la Conselleria no tiene razón, tuvo que provisionarla en sus resultados de 2019, que sin ese condicionante habrían superado los 11 millones de euros.
Como publicó en exclusiva este periódico, el departamento que dirige Ana Barceló trata de recuperar 6,5 millones de euros que ha pagado a la UTE por las resonancias magnéticas realizadas en una veintena de hospitales públicos. La reclamación se produjo después de que la Conselleria decidiera interpretar una cláusula del contrato de 2008 de acuerdo con la recomendación que hizo la Sindicatura de Comptes en sus informes sobre este servicio emitidos en 2013 y 2016.
La cláusula en cuestión es la de reducción de precios en caso de alcanzar unas tasas de frecuentación determinadas, es decir, un número de pruebas que dispare el coste del servicio, como de hecho ocurrió. El problema es que la tasa de frecuentación se calcula por número de pacientes pero la facturación se realiza por prueba realizada, de manera que si se realizan muchas pruebas a un mismo paciente no aumenta esta tasa. Así lo destacaba la Sindicatura en su informe de 2013: "La definición de la tasa de frecuentación debería realizarse en función del número de exploraciones y no del número de pacientes, dado que el criterio de facturación es por exploración realizada y no por paciente".
La reclamación mermó los resultados de la UTE pero sin esta provisión tampoco se habrían alcanzado los de años anteriores, que rondaban los 17 millones de euros con una envidiable rentabilidad de en torno al 40%. El motivo es que, a mediados de 2019, ambas partes acordaron una rebaja en las tarifas del 17% -Sanidad pedía un 50%-, dado que el contrato había finalizado en octubre de 2018 y la contratista, con la inversión amortizada, seguía prestando el servicio al no haber sido capaz la Conselleria de culminar la reversión a tiempo.
Con todo, la facturación en 2019 se redujo solo un 5,18%, hasta 42,26 millones de euros lo que indica que hubo un aumento del número de pruebas aunque la rentabilidad para la UTE ha bajado a un todavía envidiable 26%.
La UTE Erescanner Salud está controlada por la familia Saus, con el 57% a través de Eresa e Iberdiagnosis. El resto de socios son la familia Paz —propietaria de Clínica Benidorm—, con el 28,5% a través de Inscanner y Benaca, y Ribera Salud con el 14,5%.
La reversión del servicio, que debería haberse culminado el 1 de noviembre de 2018, continúa retrasándose a pesar del coste que supone para la Sanidad pública valenciana tener privatizado el servicio.
El departamento que dirige Ana Barceló tiene ahora como prioridad la reversión de la concesión del hospital de Torrevieja a finales de este año, mientras no parece tener prisa en culminar la del servicio de resonancias magnéticas en una veintena de hospitales públicos. Una reversión con la que, según la memoria económica presentada por la Dirección General de Régimen Económico, ahorraría 17,8 millones de euros anuales a las arcas de la Generalitat, además de que, según los radiólogos, supondría una mejora del servicio por su mayor integración.
