VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) he enviado al Juzgado que investiga el caso Taula un informe que ratifica, negro sobre blanco, las sospechas que mantenían desde 2016 sobre la presunta financiación irregular del PPCV. Cuatro nombres son los que presuntamente controlaban la financiación del PP autonómico: el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps y el exconseller de Eduación Alejandro Font de Mora.
La UCO basa su informe en diversas escuchas telefónicas del exgerente de Ciegsa, la empresa pública encargada de construir colegios, Máximo Caturla, con el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; varias declaraciones de testigos de los dos últimos años, así como en la sentencia de la Audiencia Nacional que acreditó el dopaje de los populares valencianos.
De todos los nombres propios que menta la UCO, el que peor parado sale es Víctor Campos. Según la UCO "esta habría sido la persona que habría manejado importantes cantidades de dinero en efectivo, las cuales habrían sido entregadas por empresarios adjudicatarios de contratos públicos y cuya finalidad era financiar al Partido Popular".
Explican los agentes que, lo evidenciado tanto en los audios como en las declaraciones, así como en informes anteriores, "guarda aparente coherencia con el contenido de la Sentencia" de la Audiencia Nacional en cuanto al papel desempeñado por los políticos mencionados. Y añaden que "de lo expuesto anteriormente se desprende el importante papel que habría desempeñado Víctor Campos en relación con la financiación del Partido Popular".
Añaden los investigadores que, además de la importancia en la caja B de Campos, hay que destacar "el papel desempeñado por Gerardo Camps, Alejandro Font de Mora o el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al que se le atribuye en los diferentes audios, así como parece desprenderse de la propia sentencia, determinada ascendencia sobre las formas de financiación utilizadas y la manera en las que estas debían llevarse a cabo".
Tal como se desprende del propio informe, la UCO se entera del presunto uso de Ciegsa para financiar irregularmente al PPCV de forma transversal, es decir, dinero para la organización provincial y para la autonómica, a través de varias grabaciones hechas por Benavent. Dichas grabaciones evidencian el enfado del entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, porque no le "llega el dinero".
La grabación que sería más incriminatoria es una realizada entre Benavent y Caturla en la que Benavent, hablando sobre la petición de dinero de Rus, afirma: "Él lo ha hablado con el presidente y además él ha hablado con Víctor (Campos) de pasta, le ha pedido Víctor, no le hace mucho caso, y el día de, martes, después del comité se encontró al presidente (Camps), se fue caminando con él y le comentó el tema, que está hasta los huevos de Víctor, que tal y que cual y le dijo que lo que él quiera, que lo que Alfonso quiera".
Sobre ella, la UCO explica que Benavent se refiere a que Alfonso Rus "le pedía en ocasiones pasta a Víctor y que, como en ocasiones no llegaba dinero, que Alfonso se enfadaba. Que ese dinero se destinaba a todo… a lo que les diese la gana".
El informe también hace referencia al que se ha erigido como torpedo en la línea de flotación del que fuera su propio partido, el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa. No solo se hace referencia a lo declarado por éste en el juicio de la Audiencia Nacional, declaración que tiene total credibilidad para los jueces, sino a lo expuesto por un amigo de Costa en el juzgado. Este amigo, que declaró como testigo, explicó que había recibido dinero de varias empresas adjudicatarias. Dinero que luego entregó en un despacho al que previamente había llamado en nombre de "Vicente Rambla". El dinero lo entregó "en una bolsa del Corte Inglés dentro de una caja de zapatos".
Ahora, según las fuentes cercanas a la investigación consultadas por Valencia Plaza, habrá que analizar en profundidad el informe de la UCO para determinar a qué personas se cita en calidad de imputados o como testigos. Lo bien cierto es que este informe ha levantado ampollas entre los aludidos. Pero además, hay que añadir que para la UCO queda más que acreditado el uso fraudulento de Ciegsa por parte de los populares, y que, la sentencia de la Audiencia Nacional, no solo hizo daño por su contenido, sino que sigue haciendo estragos entre una generación del PPCV y podría servir para imputar a personas que hasta ahora no habían pisado un juzgado.