VALÈNCIA (VP). La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha presentado la auditoria operativa sobre la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana entre los años 1997 a 2015.
El Informe se estructura alrededor de cuatro objetivos de análisis, relacionados con: el modelo de explotación escogido y el control ejercido, las pruebas realizadas en las estaciones de ITV, las tarifas aplicadas y los factores que podrían influir sobre los diferentes modelos de gestión.
En relación con el modelo de explotación y con el control ejercido por la Generalitat en la prestación del servicio hay que destacar que el modelo de explotación en régimen de concesión administrativa es el más utilizado en las comunidades autónomas.
La auditoría indica que no constan proyectos, estudios o informes que avalen la decisión tomada sobre la elección del modelo de gestión y que tampoco hay en el contrato de concesión unas cláusulas sobre los criterios e indicadores de resultados ni sobre su sistema de evaluación. Esto dificulta el análisis y seguimiento permanente de la ejecución del servicio que prestan.
El Informe de la Sindicatura recoge que el modelo de gestión de las ITV no incrementa la deuda pública, reduce el gasto de personal y obtiene ingresos tanto en el momento de la firma del contrato como de manera periódica por cánones y arrendamientos anuales.
El Informe señala que la Generalitat ha dejado de ingresar 1,7 millones de euros porque no previó la actualización del importe del arrendamiento por el uso de sus instalaciones.
Desde el año 1998 los concesionarios han invertido 18,8 millones de euros en las ITV(cifra muy superior a la que especifica el contrato) y se ha producido un 55% de incremento de las líneas de inspección, hasta llegar a las 104 actuales en la Comunitat, con un incremento del 75% en las inspecciones realizadas.
La Sindicatura ha observado que se produce un 8% de rechazo de vehículos en la primera inspección, una tasa por debajo de la media del Estado.
En otro punto del Informe se explica que las pruebas que realizan las estaciones se ajustan a lo establecido en la normativa y en los pliegos y cumplen con los estándares de calidad exigibles, teniendo en cuenta que desde 2004 la prueba de emisión sonora para todo tipo de vehículos solo es obligatoria en la Comunitat Valenciana.
Las tarifas que aplican las ITV son las fijadas y aprobadas por el Consell y el valor medio de la tarifa es superior en un 2% al del resto del Estado y de un 12% a un 13% superiores a las que se aplican a los turismos diésel y a vehículos de mercancías de hasta 3.500 kg.
El margen unitario medio por inspección es de 8,60 euros, lo que representa un beneficio significativo para los concesionarios. La Sindicatura recuerda que las tarifas se han de fijar de acuerdo con estudio económicos-financieros y han de mantener el equilibrio financiero de la concesión.
El documento explica que hay que analizar los diversos factores para tomar una decisión sobre el modelo o modelos de gestión de ITV que mejor se adaptan a la Comunitat Valenciana. Entre los factores que podrían influir sobre los diversos modelos de gestión de la ITV, la Sindicatura destaca que se ha producido un incremento del parque móvil en un 55% entre 1998 y 2015, que el 59% de los coches tenían más de 10 años de antigüedad en 2015 y que un 15% de los vehículos han sido matriculados a partir de 2011.
Otros motivos que han de ser analizados son que el 76% de los vehículo está sujetos a realizar una inspección anual, la existencia de un 25% de tasa de absentismo en la realización de la ITV y que un 7% de los vehículos la realizan en otra Comunidad.
