Manuel Illueca, presidente del IVF y de la SGR. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. La principal razón de la caída de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), que ha necesitado ser rescatada con casi 400 millones de fondos públicos, fue el elevado riesgo contraído con el sector inmobiliario. Tal y como se han encargado de subrayar sus actuales gestores, la sociedad avalista comenzó a cavar su propia tumba cuando se apartó de su razón de ser, ayudar a pymes a obtener financiación, para sumarse a una alocada carrera en busca de elevadas rentabilidades al calor del boom inmobiliario.
Las secuelas de algunas de esas operaciones fallidas aún se perciben hoy, cuando sus actuales responsables intentan recuperar el máximo de los recursos destinados mientras tratan de poner de nuevo en funcionamiento la SGR como una de las patas fundamentales del futuro Banc de la Generalitat. Entre esas operaciones están las formalizadas con la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec) y también con las empresas de su presidente actual, Francisco Zamora, quien en el curso de las negociaciones con la sociedad avalista ha tenido que hacer entrega de su vivienda personal.
Según confirman a Valencia Plaza fuentes conocedoras de la negociación, la sociedad avalista reclama a la patronal de los constructores 140.000 euros por las garantías concedidas a la organización empresarial durante la etapa de su anterior presidente, Eloy Durá. La deuda surge de una línea de crédito que Fevec tenía abierta con Deutche Bank garantizada por la SGR por el cobro de las subvenciones de la que la patronal era beneficiaria.
Tras producirse el impago de la deuda en 2015, la entidad financiera ejecutó el aval formalizado por la SGR. El departamento de recuperaciones de la sociedad avalista ha tratado posteriormente de resarcirse de la deuda yendo contra Fevec, pero sin éxito. A pesar del tiempo transcurrido, la negociación se encuentra todavía en fase prejudicial, ya que ambas partes negocian la forma de saldar la deuda.
Preguntado al respecto, un portavoz de la SGR subrayó que la entidad "reclama la mora a todos sus socios sin hacer distinciones". Por su parte, Francisco Zamora explicó a Valencia Plaza que la patronal los constructores y la SGR mantienen conversaciones fruto de las cuales al problema está "en vías de solución". "Ya hablamos con ellos y no había problema en pasar a largo el vencimiento", sostiene el empresario.
El presidente de la patronal de los constructores subraya que el problema surgió por el retraso en el pago de las subvenciones que en su momento les debía abonar el Ivace. "La administración tardó en pagar", explica. A su juicio, judicializar el asunto en el estado actual "no soluciona el problema". "Nosotros queremos pagar. Lo que tenemos que hablar con ellos es renegociar la deuda", sostiene.
Aún así, de cómo concluya esa negociación dependerá que la SGR, participada mayoritariamente por la Generalitat tras su rescate y presidida por el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, inicie acciones legales contra la federación. Existe un precedente similar con la patronal de la provincia de Alicante (Coepa) que entró en concurso precisamente cuando el IVF presentó una solicitud de embargo por el impago de un crédito de 3 millones de euros para la construcción de un centro de formación.
Al margen de los saldos pendientes de Fevec con la SGR, el presidente de los constructores también arrastra deudas contraídas a través de sus empresas durante los años en los que fraguó la crisis que desembocó en el rescate de la sociedad avalista. En este caso, fuentes conocedoras de la negociación apuntan que la deuda es de varios millones de euros de los que sólo se habría recuperado alrededor de un 20%. La SGR, por su parte, elude detallar las cifras y sostiene que no se le ha condonado la deuda.
En este caso, los saldos pendientes con la SGR tienen su origen en las operaciones avaladas al grupo de empresas de Francisco Zamora. El constructor disfrutó de varios avales constituidos a favor de sus negocios, siempre con contragarantía, uno de ellos con su hipoteca personal.
La ejecución del aval por impago se produjo tras el traspaso de una de las sociedades del grupo en 2009. Aunque Zamora ya no figuraba formalmente como propietario de la sociedad, la garantía como avalista de las operaciones de sus exempresas seguía existiendo y la SGR fue contra él para reclamar la deuda. Preguntado al respecto por este periódico, el presidente de Fevec eludió realizar cualquier comentario.
En ese punto se inició una negociación que concluyó con un acuerdo mediante el cual Zamora entregó a la SGR el chalet que utilizaba como vivienda habitual para cancelar parte de la deuda. La dación en pago de este inmueble sirvió para cubrir el impago de una de las sociedades en las que el presidente de Fevec figuraba como socio único, incluidos los intereses de demora, y en la que algunos familiares aparecían como avalistas de las operaciones financieras.
Existe al menos otra operación derivada del impago de una sociedad en la que Zamora figuraba como socio sobre la que todavía existe un proceso de cobro abierto, explican fuentes de la negociación.
La SGR siempre ha estado estrechamente relacionada con el sector de la construcción, que excepto algún breve paréntesis siempre ha contado con representantes en su consejo de administración. Los vínculos comienzan por quien durante fue el presidente de la sociedad avalista durante más dos décadas, el constructor castellonense José Roca, quien también tendría avales fallidos con la SGR de sus empresas.
Mientras, el antecesor de Francisco Zamora en la presidencia de la patronal de los constructores, Eloy Durá, fue vocal de la SGR hasta 2013 y es uno de los 36 consejeros de la sociedad avalista que fueron expedientados y multados por el Banco de España por incumplir durante unos meses los requisitos mínimos de solvencia.
El sector de la construcción volvió a tener representación posteriormente en el consejo de la SGR a pesar de que este órgano se vio sustancialmente reducido en el número de vocalías tras su rescate por parte de la Generalitat. En esta ocasión a través de Juan Manuel Real, quien accedió al puesto en el consejo de la sociedad avalista en sustitución del presidente de la CEV.
La SGR ha sido un tema extremadamente delicado para el actual Consell. En palabras del presidente Ximo Puig, una de las "minas" heredadas del anterior Consell. De hecho, el diseño de la operación de rescate de la SGR, por el que la Generalitat acaba de hacerse cargo de una deuda de 200 millones que cubrirá a través del FLA, se sustanció durante la etapa de Máximo Buch como conseller de Economía.
Al margen de la deuda de la que se ha tenido que hacer cargo, la caída de la sociedad hubiera ocasionado pérdidas millonarias a sus más de 8.000 socios partícipes, empresarios que forman parte de su accionariado por haber sido avalados por la sociedad.
A su llegada, los nuevos gestores se encontraron con una cartera de activos ejecutados con un valor neto contable de 180 millones de euros y una operación puesta en marcha para tratar de colocarlos que acabó fracasando por los fuertes descuentos que exigieron los únicos fondos que se interesaron por la misma.
El presidente actual, Manuel Illueca, ha reconocido la existencia de operaciones "poco claras" realizadas en el pasado de las que podría derivarse petición de responsabilidades. "Nuestra entrada en el consejo no tiene por objeto ocultar las malas praxis anteriores o las actuaciones delictivas", manifestó el director del IVF cuando asumió la dirección de la sociedad.
