VALÈNCIA. (EFE). Policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han confirmado este martes en el juicio que el PP valenciano financió en parte las campañas electorales de 2007 y 2008 con pagos de empresarios que gozaban de adjudicaciones públicas en la Comunitat, muchos de ellos en B.
La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de esta causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PPCV para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
Entre ellos se encuentran el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, que era el responsable de Orange Market.
Según la Fiscalía, con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV contrataron a Orange Market servicios que abonaron de modo irregular en parte en efectivo y en parte a través de empresarios, que no quedaron reflejados ni en la facturación ni en la contabilidad. Añade que los servicios prestados por Orange Market incluían mítines e intermediación en la contratación de publicidad.
La Fiscalía mantiene que esos servicios fueron realmente abonados por empresarios que no podían por ley hacer donaciones al PP por tener contratos con Administraciones Públicas valencianas y por ello, para satisfacer la deuda del partido, se materializaron pagos por supuestos servicios prestados por Orange Market a sus empresas pero que en realidad no se habían producido.
Los policías de la UDEF han destacado este martes que detectaron pagos de empresarios a beneficio del PP para gastos electorales y que vieron tráfico de correos del acusado Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, con miembros del PP valenciano.
Han explicado que la trama estaba basada en una estructura societaria que estaba controlada por una empresa radicada en el Reino Unido y esta, a su vez, por otra domiciliada a un paraíso fiscal en las Antillas.
Los agentes de la UDEF comprobaron que los responsables del entramado de Correa anotaban los cobros en un listado denominado "Barcelona" (los correspondientes a pagos en B, es decir fuera del circuito legal) y otros en el llamado "Alicante" (es decir, en A, lo que iban con facturas con IVA).
Algunas facturas de estos últimos eran también pagadas por empresarios a Orange Market y no por el PP. Han mencionado que solo para la campaña de 2007 los cobros de Orange Market anotados en B ascendieron a casi tres millones de euros (2.970.000) y en A a 1.108.520.
La Fiscalía mantiene que la facturación elaborada por Orange Market para el PPCV correspondiente a 2007 y 2008, por decisión conjunta de ambas partes, fue deliberadamente genérica de modo que en muchos casos no permite identificar el servicio, la fecha de prestación y el medio de pago de cada factura.
Añade que de este modo la cuantía global facturada fue notoriamente inferior a la realmente contratada y abonada, solo 623.208 euros en 2007 y 514.530 en 2008.
