Los inversores en puertos piden amparo por el "nuevo chantaje" de los estibadores

VALÈNCIA. PIPE (Plataforma de Inversores en Puertos Españoles), asociación que aglutina a los grupos empresariales más relevantes del sector portuario, pide amparo de las autoridades nacionales y europeas ante el chantaje al que la Coordinadora está sometiendo a las empresas en los últimos días, según a expresado en un comunicado.
 
Según PIPE, "tras las huelgas ilegales, en contra del Real Decreto ya aprobado, de las pasadas semanas, Coordinadora ha emprendido una campaña de acoso a las empresas, que están sufriendo desde el lunes paros en horas alternas, con el objetivo de que estas firmen un documento de adhesión contrario a lo legislado por el Gobierno". Los inversores aseguran que a aquellas empresas que firman dicho acuerdo se les permite el normal desarrollo de la actividad, incrementando los paros y ritmos lentos en aquellas que se niegan a firmar.
 
El acuerdo, "ilegal por no respetar lo establecido en la sentencia del TSJUE y el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo español", según PIPE, fija unas bases que mantienen el status quo anterior a la nueva ley, "eliminando, una vez más, el poder de decisión y dirección de las empresas para poder controlar desde las SAGEP las condiciones laborales mediante la coacción".
 
La asociación cree que la acción emprendida por Coordinadora coloca en situación de desventaja al conjunto empresarial, "que se ve debilitado debido a las fuertes pérdidas ocasionadas por los paros ilegales, y dinamita las opciones de diálogo entre las partes".
 
Esta situación no es nueva, ya en 2009 tanto Coordinadora como Anesco fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la firma de otro acuerdo que no respetaba los principios de libre competencia y al que, según PIPE, las empresas se adhirieron bajo coacción.

PIPE reclama por ello la actuación inmediata de las autoridades europeas y nacionales, "que deben velar por el cumplimiento de la legislación presente", y pide una mayor presencia de las mismas ante lo que califica de "clara violación de la ley vigente y los derechos de las compañías del sector".