VALÈNCIA. El portavoz de la PAH Valencia, José Luis González, ha reclamado que no haya "ni un desahucio hasta el 32 de diciembre de 2021", que se amplíe el parque de vivienda pública y se fomente el alquiler social.
Estas son algunas de las propuestas que ha planteado en su comparecencia en la comisión para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat Valenciana que se celebra en Les Corts.
González ha comenzado apuntando que el derecho a la vivienda es un asunto de estado, no de partido, por lo que hay que abordarlo entre todos los grupos. "Queremos políticas sociales, no de partido", ha dicho, para advertir de que "mientras haya un desahucio y no haya viviendas para todo el mundo la PAH no aplaude a nadie".
Entre las propuestas que ha lanzado a los diputados de cara a la reconstrucción post-Covid en materia de vivienda están la de que no haya desahucios hasta finales de 2021, dotando presupuestariamente la Ley por la Función Social de la Vivienda y estimulando los alquileres sociales con el aval del Estado.
Además, ha apuntado el representante de la PAH, habría que obligar a los grandes tenedores de vivienda a alargar los contratos de alquiler a punto de acabar. Según ha señalado, el decreto de tanteo y retracto recientemente aprobado por el Consell puede permitir que "no se pierda vivienda" y se incorporen inmuebles al parque público.
"La PAH no va contra la propiedad", ha advertido, pero ha criticado que haya viviendas vacías y "gente en la calle": "No sé quién puede ser partidario de que alguien pueda especular con viviendas durante años y defender ese derecho de propiedad mientras hay gente en la calle".
Así, González ha abogado por "ponerse firmes" y exigir a fondos "que no pagan un duro en España" y bancos "que no han devuelto el dinero" que se les inyectó en la crisis financiera la cesión de viviendas vacías.
"¿Cómo puede haber viviendas sin usar? No se trata de confiscar, pero estamos en una sociedad donde cada uno no puede ir a su bola. Fondos buitre se quedan nuestras viviendas a precios que no han permitido pagar a las familias", ha apuntado.
Por su parte, la presidenta de EAPN CV-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández Rodríguez, ha pedido incrementar la cobertura de la Renta Valenciana de Inclusión y su armonización efectiva con el Ingreso Mínimo Vital, más agilidad en los trámites para acceder a las ayudas y también una estrategia de erradicación del "sinhogarismo" orientada a ponerle fin y no solo a gestionarlo.
En su comparecencia, ha reclamado también un mayor apoyo tecnológico y alfabetización digital para que las familias con menos recursos no se descuelguen. También ha pedido mayor flexibilidad y facilidades en el empadronamiento, especialmente en el caso de familias donde haya menores, para poder acceder a las ayudas.
Ha solicitado, asimismo, una mayor implementación y desarrollo de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que se usen los fondos FEDER para el acompañamiento socio-comunitario en el acceso a la vivienda para personas en situación de mayor vulnerabilidad, y luchar contra la segregación urbanística, asentamientos y barrios degradados.
Otras de las reivindicaciones han sido que se desarrolle y dote económicamente la estrategia para la inclusión del pueblo gitano y se mejore la coordinación del espacio público de Servicios Sociales con las entidades del Tercer Sector de acción social.
Para el medio plazo, Fernández ha aludido a la necesidad de transformar el ámbito laboral y de establecer medidas para la recuperación, consolidación y creación de empleo digno; a implementar programas específicos de acceso al empleo y mejora de la formación dirigidos a mujeres; garantizar la continuidad y refuerzo de los programas de empleo dirigidos a la población vulnerable; invertir en economía social e impulsar la economía verde, limpia y circular.
Asimismo, la red reclama avanzar hacia una regulación de los precios del alquiler y una "fiscalidad justa" para la inversión social: "No se trata únicamente de un sistema fiscal más progresivo, sino de luchar contra la evasión y el fraude fiscal".
En relación al Tercer Sector de acción social, las propuestas planteadas son la institucionalización de la interlocución, la consulta y la negociación activa para fortalecer la gobernanza y la participación de la iniciativa social en los asuntos públicos y la redacción de una Ley del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana.
