La Ley de Función Pública sigue su tramitación gracias a la mayoría del Botànic

VALÈNCIA. (EP) El proyecto de ley de la nueva Ley de Función Pública de la Generalitat continúa su tramitación parlamentaria al haber decaído las tres enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición (PP, Cs y Vox).

En el pleno de Les Corts, los grupos del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han rechazado este jueves con su mayoría que la norma vuelva a la Generalitat.

Durante el debate de las enmiendas, en la sesión de este miércoles, la oposición en bloque advirtió que la ley que "impone" el valenciano y excluye a los funcionarios que solo hablan castellano, "nace ya muerta" en plena pandemia y "crea más barreras entre españoles", respectivamente.

Por contra, PSPV, Compromís y UP defendieron que el requisito lingüístico es necesario y está avalado jurídicamente y que la ley es moderna y urgente. La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, presentó el proyecto ante el hemiciclo justo ocho meses después de su aprobación e insistió en que es una necesidad impuesta por las "debilidades y carencias" que ha revelado la pandemia, aunque estaba en marcha desde 2016.

Como principal novedad, la ley garantiza que los ciudadanos podrán relacionarse con la administración en el idioma que deseen, estableciendo que el valenciano sea una lengua de obligado conocimiento entre los funcionarios para "compensar el déficit de conocimiento que arrastran" y hacer efectivos los derechos del Estatut d'Autonomia. El grado de conocimiento se establecerá atendiendo a criterios de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones a desarrollar, mediante un reglamento.

5.000 funcionarios en dos años

 Entre los objetivos de la ley destaca la racionalización de las oposiciones, la reducción "drástica" de cuerpos y escalas de 201 a 91, la mejora de la movilidad interna, la bajada de la alta tasa de interinidad, contratar a 5.000 funcionarios para "evitar que la administración colapse", afrontar las 5.000 jubilaciones que se esperan en la próxima década y "cambios profundos en el reclutamiento para hacer más atractivo el empleo público".

El proyecto también contempla el teletrabajo, ayudas para personas sin recursos o con buenos expedientes y avances en igualdad real entre mujeres y hombres, contra el lenguaje sexista, la brecha salarial y la falta de conciliación, junto a la movilidad para víctimas de violencia machista.

Algunos de los requisitos son un un máximo de un año para desarrollar oposiciones, antigüedad mínima de tres años para puestos de libre designación o superar al menos un examen para acceder a bolsas de trabajo, además de una reserva del 50% de plazas para el turno libre. Se creará la escuela valenciana de administración en sustitución del IVAP y nuevos directores de función pública para corregir el desconocimiento de los funcionarios e "incorporar talento".

Otro de los ejes es mejorar la calidad democrática con un refuerzo de las medidas contra la corrupción, como régimen de protección para los funcionarios que denuncien cualquier mala praxis o irregularidad. "Tenemos una gran oportunidad para la transformación de la administración valenciana", ha augurado la titular de Interior, convirtiendo a la Generalitat en "motor para la reconstrucción".

Cambios en el reglamento

Por otro lado, el pleno de Les Corts ha rechazado dos propuestas de Cs y Vox sobre cambios del reglamento del parlamento. Los 'naranjas' querían que se publicaran mensualmente los gastos de todos los grupos como ellos hacen voluntariamente en su web todos los meses, algo que no ha salido adelante a pesar del apoyo del PP. Los de Vox pedían reformar dos artículos para cambiar la tramitación de los presupuestos de la Generalitat pero tampoco lo han conseguido.