VALÈNCIA. La Intervención General de la Generalitat Valenciana controlará si el pago de incentivos al personal del departamento de La Ribera cumple la legalidad. Así se anunció este viernes en el pleno del Consell, dentro de la Programación de los Controles Financieros Específicos que se realizarán durante el ejercicio 2019 desde el ente fiscalizador.
Más de 1.000 trabajadores fueron subrogados el 1 de abril de 2018 con el fin del contrato de concesión a la empresa Ribera Salud, quien tenía su propio convenio colectivo con los empleados del hospital. Con el paso a la administración pública, la Generalitat Valenciana tuvo que asumir los incentivos por los objetivos contemplados. Sin embargo, parece que el cálculo y el pago de éstos está provocando más de un dolor de cabeza.
El objeto de control de la Intervención General será tanto el régimen retributivo publicado en el Acuerdo del Consell de 23 de marzo de 2018 como la Resolución de 23 de mayo de 2018, donde se regulan los incentivos al personal. Con este mandato, la Intervención General verificará a través de la selección de una muestra de trabajadores que el proceso para confeccionar las propuestas de nóminas -incentivos incluidos- ha sido correcto, completo y acorde a la normativa vigente y realizará aportaciones para mejorar el sistema de control por parte del departamento.
La Conselleria de Sanidad ya estimó que el coste conjunto de las retribuciones aplicables por el abono de incentivos entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2018 era de unos 3,4 millones de euros, mientras que señalaron que los objetivos podrían variar en función de las directrices y prioridades del departamento de Ana Barceló. Estas mismas fuentes señalan que incluso se han producido reticencias para la firma de estos incentivos, que no son un proceso habitual en los departamentos gestionados por la administración pública.
En el mes de octubre hicieron públicas las primeras quejas por parte de médicos y enfermeros debido a retrasos en el cobro por autoconciertos e indicadores. Según señalan fuentes conocedoras del proceso, tras el descontento de los trabajadores la administración habría efectuado pagos hasta junio y agosto en función de los empleados mientras que Ribera Salud ya comunicó que había abonado los importes de enero a abril.
