Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Intervención de la Generalitat ha detectado varias incidencias relevantes en la selección de trabajadores temporales en el Instituto Valenciano de Acción Social (IVASS) que, en última instancia, pueden desembocar en a conversión de esos contratos en indefinidos por sentencia judicial, ya que muchos de esos empleados son contratados de forma recurrente.
Así consta en la auditoría de cumplimiento de la legalidad del ejercicio 2017 de esta entidad adscrita a la Conselleria de Igualdad, en la que el ente fiscalizador también detecta incidencias en contratación, ya que la firma utiliza de forma recurrente contratos menores para conceptos similares que, de formar parte de un único contrato, superarían el límite de 18.000 euros que obligaría a realizar una licitación del servicio.
La Intervención alerta de que un elevado número de las personas contratadas en 2017 ya habían sido contratadas previamente por el IVASS, bien en la bolsa anterior o en la bolsa complementaria, con el consiguiente "riesgo de conversión de los citados contratos en indefinidos".
Esta es una de las deficiencias en la gestión de personal detectadas en ejercicios anteriores y que se reiteran en 2017. De hecho, el IVASS es una de las muchas entidades del sector público que aún no ha cumplido el compromiso del Consell con los sindicatos de convocar una oferta de empleo público para reducir la temporalidad en la administración, tal y como vienen denunciando los sindicatos.
En este punto, cabe recordar la elevada tasa de temporalidad de la entidad. Según sus últimas cuentas, de sus 1.321 empleados, 361 son indefinidos y 998 son personal laboral temporal. Por ese motivo, el auditor insta a la dirección de la entidad a implementar procesos de selección que garanticen el cumplimiento de los principios básicos de acceso al empleo público.
La bolsa de empleados temporales constituida en 2017 "ha sido configurada de forma que no garantiza el principio de capacidad e igualdad", destaca el informe. En concreto, el hecho de que no se requiera y no se establezca prueba alguna de aptitud vulneraría el principio de capacidad.
Mientras, el hecho de atribuir una elevada puntuación a la experiencia previa en el IVASS puede dar lugar a un incumplimiento del principio de igualdad así como a la conversión de los citados contratos en indefinidos por el riesgo de contratación temporal recurrente a un mismo empleado, que podría derivar en procedimientos judiciales contra la entidad por parte de trabajadores que soliciten la declaración de indefinidos o la reclamación por indemnización en caso de cese.
Este hecho abre la puerta, según la Intervención, a la correspondiente "exigencia de responsabilidad" a la dirección de la empresa, tal y como establecen los Presupuestos de la Generalitat de 2017 cuando existan irregularidades en la contratación laboral temporal, "en especial la que pueda dar lugar a la conversión de los citados contratos en indefinidos".
A las posibles reclamaciones judiciales de estos empleados para la conversión de sus contratos en indefinidos por sentencia judicial se suma la entrada de personal que ya se están produciendo en la entidad con la condición de a extinguir.
Como viene publicando este periódico, se trata de los empleados de las residencias públicas concertadas que el IVASS se subroga cuando asume el servicio que hasta ahora prestaban las empresas privadas. La Abogacía de la Generalitat ha alertado de que las plazas de este personal a extinguir no pueden salir a concurso, lo que implica que estos trabajadores puedan agotar su vida laboral como trabajadores de una firma pública a pesar de no haber superado ningún proceso de selección.
Por el momento se ha formalizado la recuperación de las residencias de Albocàsser y Bétera, aunque la Conselleria de Igualdad ha incluido un punto en la Ley de Medidas de 2019 que establece respecto a las residencias que, una vez finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, "el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados".
Esta circunstancia abre la puerta a la integración en el IVASS de hasta 3.000 empleados de las residencias concertadas durante los próximos años que no tendría que superar ninguna prueba para asegurarse el mantenimiento de su plaza.
Por otro lado, tras analizar una serie de contratos menores formalizados por la entidad en 2017, la Intervención concluye en la auditoría de cumplimiento del IVASS que varios de los formalizados durante ese ejercicio tienen un objeto similar que, sumados, superarían el límite legal que obligaría a convocar un concurso.
Algunos corresponden a servicios recurrentes, lo que lleva al ente fiscalizador a concluir que el IVASS utiliza "indebidamente" el contrato menor para satisfacer sus necesidades, "de tal manera que formaliza sucesivos contratos menores de servicios y/o suministros que se requieren de manera repetitiva para responder a este tipo de necesidades, eludiendo los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y procedimiento de adjudicación".
Además, la auditoría subraya la cantidad de servicios contratados por importe muy cercano al límite de 50.000 euros para los contratos de obra que fija la Ley de Contratos del Sector Público y que, agregados, superarían el techo que conllevaría una licitación sujeta a los principios de publicidad y concurrencia.
