VALÈNCIA. El pasado 14 de marzo fue decretado por el Gobierno de España el estado de alarma para combatir la expansión del coronavirus, que ya ha dejado más de 46.000 muertes y 1,7 millones de contagiados en el territorio nacional.
En aquel momento, se inició una brutal carrera en todo el mundo por hacerse con el material sanitario indispensable para frenar la pandemia, lo que facilitó a los distintos gobiernos, incluido el valenciano, la activación de la contratación por la vía de emergencia para dar respuesta a las necesidades que se iban prestando en la lucha contra el coronavirus.
Una manera de actuar lógica e irreprochable que, no obstante, casi nueve meses después se mantiene prácticamente intacta en la Generalitat, que continúa adjudicando arbitrariamente contratos de suministros pero también de otro tipo sin pasar por el trámite de un concurso público que dé la oportunidad a todas las empresas y permita conseguir mejores precios.
Una excepción que, además, planea instalarse como norma según una enmienda del Botànic introducida en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos. "Las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de reconstrucción covid-19 se considerarán de emergencia a los efectos previstos en el artículo 120 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público", recoge el texto avalado por PSPV, Compromís y Unides Podem. Una media que incluso se plantea con un alcance general: o lo que es lo mismo, aplicable a cualquier actuación que precise la Generalitat y cuyo fin esté ligado a la crisis sanitaria provocada por la covid-19.
Pero, más allá de esto, atendiendo a las últimas contrataciones de emergencias impulsadas desde el Gobierno valenciano, llama la atención que sigan sucediéndose las adjudicaciones a dedo tanto tiempo después del inicio de la pandemia. Si el argumento de la necesidad inmediata y la sorpresa causada por la violenta irrupción del virus podía ser válido en su día, ahora queda notablemente debilitado ante lo que podría considerarse una falta de previsión o, simplemente, dejación ante la comodidad que supone la adjudicación más rápida aunque sin mecanismos de control.
En esta línea, entre octubre y noviembre pueden verse en el apartado de contratos de emergencia de la Generalitat, distintas contrataciones mediante la aplicación de esta vía que tal vez podrían haberse llevado a cabo de una manera no arbitraria con una mayor planificación. Así, las adjudicaciones más recientes son 48.091 euros del Instituto Valenciano de Cultura a Bechtle Direct para ordenadores portátiles destinados al trabajo no presencial; 540.000 euros de la Conselleria de Igualdad para Nirvel destinados a gel hidroalcohólico; 371.000 euros también de Igualdad para Funcotex en concepto de suministro de 35.000 unidades de guantes de nitrilo; 168.000 euros de la Conselleria de Justicia para El Corte Inglés para 1,2 millones de mascarillas quirúrgicas.
En septiembre se produjeron más contratos por la vía de emergencia y también de corte más variados. Sanidad adjudicó la gestión logística de la plataforma de Feria Valencia a Kanbanlog por 417.450 euros; Educación contrató la elaboración de los planes de contingencia de los centros docentes de Castellón, Alicante y Valencia a tres empresas diferentes por un total de 300.000 euros; Hacienda adjudicó a Telefónica el suministro de licencias de videoconferencia para la Generalitat por 894.000 euros y, de nuevo Sanidad, adjudicó guantes de nitrilo a varias empresas (Hong Kang, Jumapanilo, Althea Healthcare y Medlin International Iberia) por casi 3,4 millones de euros. Todo ello, sin concurso público y, en la mayoría de ocasiones, sin la oportunidad de participación de otras empresas.