Ximo Puig.VALÈNCIA. El Gobierno valenciano ha conseguido reunirse este jueves con DKV tras dos plantones de la aseguradora para tratar el posible acuerdo de compra de la empresa concesionaria del Hospital de Dénia y su área de salud. Y es que la Conselleria de Sanidad está en plena ofensiva para convencer a la firma dirigida por Josep Santacreu de que venda el 65% de Marina Salud, participada en otro 35% por Ribera Salud. A la reunión no fue invitada Ribera Salud, compañía dirigida por Alberto de Rosa.
Esta ha sido la primera reunión tras las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en las que manifestaba su disposición a revertir unilateralmente a la gestión pública el departamento si no se llega un acuerdo. Antes de elecciones no queda tiempo para firmar ventas ni reversiones, entre otras cosas por los informes que debería pedir Sanidad a la Abogacía de la Generalitat. De hecho, es probable que ni siquiera empresas y administración vuelvan a reunirse antes de elecciones, según fuentes de la Conselleria.
Lo que sí es evidente es que Puig busca hacer un anuncio previo al 28A en el que quede patente el cumplimiento de la promesa que el presidente hizo ya hace más de tres años de recuperar en esta legislatura el departamento. Con todo, DKV se acercaba a esta reunión con el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, con una misión: renegociar el importe a recibir por la compra de las acciones, que según la oferta de la Generalitat serían cerca de 16 millones de euros más la deuda que Marina Salud tiene con sus socios, que asciende a unos 35 millones.
Para el cálculo del pago la Generalitat debe ceñirse al valor neto de la acción. Esto es, los fondos propios de la sociedad, que a finales de 2017 ascendían a 13,93 millones de euros. A ellos hay que añadir los beneficios de la compañía en 2018, que ascienden a unos 2 millones, lo que sumaría un total, en números redondos, de 16 millones de euros de fondos propios. A ello hay que sumar la deuda que Marina Salud mantiene con sus socios, que a finales de 2017 ascendía a casi 35 millones de euros, que deberán ser asumidos por la Generalitat, bien de forma directa o bien como avalista.
Según ha podido saber Alicante Plaza, DKV defiende que la finalización del cálculo definitivo de las liquidaciones podría cambiar la valoración de la empresa. Esto sería posible si Marina Salud elaborara unas cuentas anuales, por ejemplo con fecha 30 de junio de 2019, una vez cerradas las liquidaciones de los años 2014, 2015 y 2016.
Y es que Sanidad aún está a vueltas con los cálculos de ess liquidaciones. Además, todavía faltarían las de los años 2017 y 2018, que podrían calcularse a través de estimaciones aceptadas tanto por la empresa como por la administración.
Marina Salud contaba con una previsión de 77 millones de euros en favor de la Generalitat por las liquidaciones entre 2012 y 2015, una deuda que ya aparecía en el balance de 2017 y contaba con tesorería suficiente para afrontarla. La Conselleria de Sanidad ya reconoció en una reunión con el comité de empresa de Marina Salud que las mayores dificultades para ejecutar la compra de las acciones no habían sido provocadas por Ribera Salud, quien habría aceptado la propuesta inicial de Sanidad.
