VALÈNCIA. (EP). La Generalitat Valenciana actuará "en consecuencia" en los casos de altos cargos de la administración y el sector público que cobren pluses que no les correspondan, aunque esperará a tener una resolución definitiva sobre esta cuestión de la Intervención General. Este órgano ya ha detectado varios casos de trabajadores que percibirían complementos salariales de forma inadecuada.
Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, tras ser preguntada por la información que publica el diario 'Las Provincias' sobre que la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Júlia Company, que habría cobrado más de 11.000 euros que no le corresponderían en concepto de indemnización por cambio de residencia habitual reservada a altos cargos.
Se trata de una circunstancia que "no solo afecta a la directora del Ivace". "Se ha focalizado en ella pero no es el único caso", ha precisado Oltra, para subrayar que, desde la creación de este instituto, "todos los directores generales han cobrado este plus al tener la residencia a más de 35.000 kilómetros de distancia".
La portavoz del Consell ha explicado además que, desde que la Intervención "puso en duda" esta situación, Company "dejó de cobrarlo", a la espera de una auditoría completa del órgano.
"Cuando haya una resolución definitiva sobre esta cuestión, no solo la directora del Ivace, sino todas las personas en la misma circunstancia, a la cual Intervención General les ha hecho la misma advertencia, actuaremos en consecuencia", ha insistido Oltra, que de momento no ha podido cifrar cuántos trabajadores entrarían en esta situación.
Además del suplemento por lugar de presidencia, la vicepresidenta ha explicado que se dan otras cuestiones como la consideración de servicios especiales al acceder un cargo, algo que "sería un hándicap muy grande", la petición de comisiones de servicio o excedencias.
Por tanto, "como las implicaciones son mayores que un determinado suplemento", el Consell estudia ahora si estos cargos tienen exigencias en transparencia o publicación de derechos. "La clave es saber si son o no altos cargos", ha precisado, y ha insistido en que, hasta que no se determine esto, "no se tomará ninguna medida".
"El derecho a veces tiene espacios confusos de interpretación", ha aseverado Oltra en este punto, por lo que se ha mostrado a la espera de conocer los argumentos de la Intervención para determinar si deberían devolver los pluses o no. Preguntada al respecto por ello, ha remarcado que se podrían dar situaciones de trabajadores que lo hubieran cobrado "siempre de buena fe".
Por otro lado, a Mónica Oltra también le han cuestionado por otra información sobre que el Tribunal de Cuentas ha aceptado la comparecencia de todo el Consell del 'expresident' Alberto Fabra en el proceso sobre la compra de Valmor, la empresa que organizó la Fórmula 1 en València, y acerca de la petición de la Generalitat de que solo comparezca el exvicepresidente José Císcar.
Cuando se le ha planteado si la postura del Consell es porque Oltra "ha abierto los cajones de la mesa de Vicepresidencia", esta ha afirmado que en este caso no, aunque "de los cajones han salido muchas cosas". "Saltan sapos todos los días, afortunadamente ya cada vez menos", ha ironizado.
Ahora bien, ha enmarcado la petición de la Generalitat en una "estrategia procesal" de la Abogacía, que ha dicho desconocer aunque ha añadido que la supiera tampoco la desvelaría, pues "no sería inteligente" mostrarla a las otras partes.
La vicepresidenta sí ha reiterado que el objetivo final del proceso y el "mandato" del Consell es recuperar "el dinero que desviaron de manera presuntamente ilegal, los millones que costó esa operación de asumir un aval que era ilegal y nulo de pleno derecho" y "costó una millonada a los valencianos". "Asumir la deuda de Valmor de la F1, F1 que nos iba a costar un euro", ha recalcado.
